Mujer pide auxilio por amenazas de muerte y acoso inmobiliario

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 04 de Julio, 2026, (Fuente: Facebook: Omar Gasga).- ​Cecilia Audiffred, víctima de una presunta red de despojo inmobiliario en Santa Cruz Huatulco (del distrito de Pochutla, región Costa de Oaxaca), emitió un nuevo y urgente llamado de auxilio a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para denunciar que sujetos desconocidos intentan ingresar nuevamente a su propiedad y que su vida corre peligro tras recibir amenazas de muerte.

​A través de un video grabado desde el perímetro de su vivienda, colindante con una cerca de seguridad, Audiffred detalló que el hostigamiento en su contra se ha reactivado mediante el mismo modus operandi denunciado anteriormente, señalando explícitamente la presencia de las mismas camionetas blancas y rojas que merodean el sector, presuntamente vinculadas a células del “Cártel del Despojo”.

“Hago de nuevo una súplica a la Fiscalía General del Estado, que por favor me auxilien, porque nuevamente han tratado de intentar unos tipos por esta parte de atrás de mi barda… estoy muy asustada… me han amenazado de muerte”, manifestó visiblemente afectada.

El conflicto inició tras el deterioro de salud del investigador del arte zapoteco, Miguel Ángel Audiffred Bustamante —propietario de dos inmuebles en el conjunto residencial Conejos desde 2004—, momento en que comenzaron las presiones vecinales para forzar la cesión de los predios.

​La escalada de violencia en contra de Cecilia Hernández Audiffred incluye los siguientes hechos ya integrados en carpetas de investigación: el ​29 de mayo de 2025 un sujeto irrumpió en la vivienda para amenazarla de muerte exigiendo el desalojo bajo el argumento de que el inmueble “ya había sido vendido”, hecho registrado por cámaras de seguridad.

Posteriormente, el ​5 de julio de 2025, cuatro hombres armados ingresaron violentamente al domicilio, la privaron ilegalmente de su libertad, la maniataron y posteriormente la abandonaron en las inmediaciones del río Copalita.

Durante el secuestro, la propiedad fue vandalizada y desvalijada.

​A pesar de que la FGEO realizó en su momento inspecciones ministeriales —detectando incluso a trabajadores modificando ilegalmente la estructura del inmueble bajo las órdenes de un contratista vecinal—, la víctima denunció que las medidas de protección y las investigaciones previas no han sido suficientes para frenar el acoso.

​De acuerdo con las denuncias públicas de la familia, este caso expone un patrón sistemático operado en Santa Cruz Huatulco, donde grupos delictivos, en presunta colusión con particulares, seleccionan propiedades de adultos mayores o personas vulnerables para apoderarse de ellas mediante la fuerza y comercializarlas en el mercado informal.