Presunta red de “moches” en el Registro Civil
*Desde Oaxaca señalan cobros por más de 775 mil pesos mensuales
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 19 de Junio, 2026, (Fuente: Ioaxaca.com.mx).- Una nueva denuncia por presuntos actos de corrupción sacude al Registro Civil de Oaxaca.
Trabajadores de la dependencia acusaron la existencia de una supuesta red de cobro de “moches” que, aseguran, operaría desde los niveles directivos y que obligaría a las oficialías de la entidad a entregar cuotas mensuales bajo amenazas de despido.
De acuerdo con los señalamientos realizados por personal de la institución, Luis Alberto Sosa Castillo, titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca, y sobrino de Flavio Sosa, habría instruido el cobro de una cuota de 5 mil pesos mensuales a cada una de las 155 oficialías distribuidas en el territorio estatal. Según la denuncia, la recaudación sería coordinada a través de Mario López Méndez, responsable de la Unidad de Oficialías.
Los denunciantes afirman que la instrucción fue comunicada durante una reunión realizada en las oficinas centrales del Registro Civil, ubicadas en la calle Leandro Valle, en el Centro de Oaxaca de Juárez. En ese encuentro, aseguran, se informó a los oficiales que la entrega del dinero era una orden directa de la dirección y que quienes se negaran a participar podrían enfrentar sanciones o incluso ser separados de sus cargos.
De confirmarse estas acusaciones, el presunto esquema representaría una captación de aproximadamente 775 mil pesos al mes, una cantidad que genera preocupación debido a que provendría de una institución encargada de garantizar servicios esenciales para la población, como registros de nacimiento, matrimonio y defunción.
La denuncia también pone sobre la mesa una contradicción que no pasa desapercibida para trabajadores y ciudadanos: mientras el gobierno estatal mantiene un discurso de combate a la corrupción y promueve principios como “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, surgen acusaciones que apuntan a prácticas presuntamente irregulares dentro de una dependencia pública.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a denuncias realizadas por trabajadores y no se ha informado sobre la apertura de una investigación oficial ni sobre una postura pública de los funcionarios señalados. Sin embargo, el caso ha generado indignación entre el personal de la institución, que exige una revisión exhaustiva, transparente e imparcial para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Más allá de los nombres involucrados, el fondo del asunto revela una problemática recurrente en la administración pública: la persistencia de denuncias por presuntas cuotas, favores políticos y prácticas de presión laboral que, de comprobarse, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
La pregunta que hoy se hacen trabajadores y ciudadanos es inevitable: ¿habrá una investigación seria que permita deslindar responsabilidades o estas acusaciones terminarán engrosando la larga lista de señalamientos que nunca llegan a ser esclarecidos?
