Conmemoran 20 años de la APPO
*Con Jornadas por la Memoria y la Resistencia
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 15 de Junio, 2026, (Fuente: Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja, Agencias Fotoes, La Jornada y Agencias).- A 20 años del fallido desalojo que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz perpetró en contra del plantón de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en la ciudad de Oaxaca se desarrollan las Jornadas por la Memoria y la Resistencia de los Pueblos de Oaxaca.
El programa cultural es organizado por estudiantes, artistas, colectivos, sobrevivientes del 2006, entre otras personas. Desde el 5 de junio y hasta el 28 de mes, las jornadas abarcan talleres, exposiciones, proyecciones y barricadas culturales (música, performances y más), en la Real Alhóndiga, inmueble sede del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, ciudad de Oaxaca.
Para este sábado 13 de junio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, se tuvo programado un taller sobre qué hacer en caso de ser detenido. Ese mismo día, de 1:30 a las 3 de la tarde se impartió el taller de introducción al stencil. Las actividades se pueden consultar en el sitio: https://dignidad2006.wordpress.com.
“En estas jornadas buscamos reconstruir colectivamente la memoria y mirar con respeto y amor las cicatrices que cargamos desde entonces, tomando de estos pedacitos de historia, las lecciones que nos sirvan para transitar el presente. Porque no olvidamos las 26 vidas que nos faltan, compañer@s que fueron asesinados por participar en las movilizaciones populares en demanda de justicia”, explicaron las y los organizadores del programa.
Con las jornadas, también buscan que las nuevas generaciones conozcan sobre ese momento de lucha y que ésta sigue vigente por la defensa de los territorios, la justicia y la vida.
“Si algo nos enseñó el movimiento social, es que las luchas locales no son aisladas ni ocurren en el vacío; la humanidad atraviesa por un momento complejo de guerras, genocidios y extractivismo deshumanizado arrasando con la vida, la tierra y el agua. Seguimos estando en contra de la represión, el despojo, la injusticia, el racismo, la violencia patriarcal, los partidos políticos, y en suma, el sistema capitalista”, apuntaron.
La impunidad ha sido la constante
Antes de perder el conocimiento, Emeterio Merino Cruz Vásquez pensó que iba a morir, recordó a sus hijas, a su esposa y se despidió de esta vida. Estuvo en coma durante días. Despertó en una cama de hospital, sin poder moverse ni hablar.
Aquel 16 de julio de 2007 acompañaba a los integrantes de la sección 22 y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en una manifestación que fue dispersada a golpes.
Emeterio fue plomero y albañil, y daba el servicio a varias escuelas. Su esposa es maestra y sus hijos, junto a toda su familia, han apoyado siempre la causa magisterial.
En medio de la refriega, los policías lo detuvieron y él no opuso resistencia. Se lo llevaron detenido. Pero luego, sin mediar palabra, lo fueron torturando en las calles, frente a todos, como si fuera un castigo ejemplar para amedrentar a los manifestantes. Hay una secuencia fotográfica que exhibe esos momentos de tormento.
Recibió golpes en todo el cuerpo y toques eléctricos; fue víctima de ahogamientos y decenas de cachazos con rifles de asalto. Precisamente uno de esos golpes le produjo un grave traumatismo craneoencefálico que lo dejó tendido en el suelo. Después de meses, salió del hospital prácticamente en estado vegetativo.
Ha sobrellevado una larga y dolorosa rehabilitación. Han pasado ocho años y está sentado en el patio de la escuela Benito Juárez disfrutando de una convivencia magisterial, gremio al que sigue unido en una lucha por los derechos de los trabajadores de la educación que, hoy más que nunca, permanece.
Camina con bastón y habla con mucha dificultad. La huella de la tortura marcó su cabeza, cuya región frontal izquierda quedo hundida por el cachazo del rifle de un policía que le cambió la vida:
“Es el cachazo de un arma larga que quedó en mi cráneo. El que me pegó fue Daniel Camarena Flores, director de la Policía Ministerial del gobierno de Ulises Ruiz y actual regidor. Pero en mi detención participaron agentes municipales, estatales y federales.
“Me detuvieron en la curva del hotel Fortín Plaza y luego me llevaron al cerro, en la zona de Los Pinos, donde la policía tiene ‘casas de seguridad’ y centros de tortura. Me tuvieron ahí desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
“Me daban toques eléctricos en las partes bajas, me ponían chile en la nariz y me metían la cabeza en un baño con excremento. Yo les decía: mátenme, ya no aguanto”.
Los policías le exigían nombre y paradero de los líderes de la APPO, y al no responder, la tortura fue brutal.
Emeterio identifica plenamente a sus torturadores: cinco policías. que nunca fueron procesados; incluso dos de ellos fueron asesinados por la “mafia del gobierno” para que no hablaran, dice y afirma que el Estado nunca cumplió con su obligación de hacer justicia, pero tampoco de reparar el daño.
Su expediente es analizado por la recién nombrada Comisión de la Verdad, encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde, cuyo objetivo es indagar a fondo los hechos ordenados por el ex gobernador Ulises Ruiz, acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos, que van desde decenas de casos de tortura y un número indeterminado de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, hasta decenas de encarcelamientos injustos durante 2006 y 2007.
A varios años de la brutal represión del movimiento sociopolítico de 2006 surgido en torno a la APPO, el gobernador Gabino Cué dio entrada a una iniciativa del ex diputado y luchador social Flavio Sosa, para la creación de la Comisón de la Verdad, un organismo autónomo.
“Es un reclamo de la sociedad oaxaqueña por la represión brutal, a sangre y fuego, que hubo aquí por parte del Ejército y las distintas policías, con una perfecta sincronía y coordinación. Fue una decisión militar estratégica de Felipe Calderón, quien usó a Oaxaca como su primer experimento de violencia del Estado, y nos encarcelaron presentándonos como grandes criminales. Ahora queremos que se haga justicia y se conozca la verdad histórica”, dice Flavio Sosa, sentado al lado de Emeterio Merino Cruz.
Nunca es tarde
La identidad de 105 personas que brindan sus testimonios será clasificada y reservada estrictamente por la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo principal es ofrecer acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
Sosa, que estuvo preso injustamente durante un año y medio, dice confiar plenamente en el trabajo de este órgano autónomo: “Somos muchos los afectados. Hay más de 200 presos políticos, decenas de torturados, dos casos documentados de desaparición forzada -los de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez-, más de 26 muertos, entre ellos el periodista estadunidense Brad Will, y hay una serie de acciones de terror, como la criminalización del movimiento”.
“Nos construyeron una imagen prácticamente de terroristas, lo que provocó la división de la sociedad oaxaqueña”, añade.
“Lo que esperamos -dice- es la verdad histórica, un principio para la reparación del daño. Queremos que se investigue y recaben documentos, información que permita a la sociedad oaxaqueña conocer lo que realmente pasó y saber quiénes participaron de estos crímenes, así como la responsabilidad del Estado mexicano y de los gobernantes”.
Dentro del periodo a investigar se encuentran los operativos de la policía realizados durante la fiesta de la Guelaguetza, utilizada por el gobierno de Ulises Ruiz para lucirse y que tanto en 2006 como 2007 fue boicoteada por la APPO.
El objetivo de las distintas policías era evitar que los inconformes llegaran al auditorio donde se desarrollaba la fiesta popular, y es aquí donde Emeterio Merino Cruz fue detenido y torturado, junto a decenas de manifestantes.
“Emeterio es el símbolo de la represión del Estado mexicano; su caso es emblemático para demostrar la impunidad con la que se tortura en Oaxaca. Fue torturado con toda la saña, hasta dejarlo prácticamente muerto. Es un hombre que no ha recibido la reparación del daño, primero porque los gobiernos federal y estatal no asumen su responsabilidad, y luego porque es parte de la criminalización de la protesta social”.
La impunidad ha sido la constante. Los dos autores intelectuales de esta tortura siguen libres: la procuradora de Justicia Lizbeth Caña Cadeza fue ascendida de puesto y nombrada contralora del estado, para darle fuero, y ahora vive en absoluta impunidad, controlando el Partido Verde y con el negocio de una notaría; de los jefes policiacos, también alguno está en el ayuntamiento de Oaxaca.
El máximo responsable, según Sosa, es Ulises Ruiz, quien también goza de impunidad.
“Ulises Ruiz es uno de los peores jefes criminales del país, actúa como asesino serial, no como gobernante o funcionario. La sangre lo excita; dejó una estela de dolor durante su gobierno, no sólo durante 2006 y 2007, sino también hubo asesinatos de otros líderes sociales. Él es delegado del PRI en Quintana Roo y sigue haciendo política en Oaxaca con sus precandidatos, preparando el escenario para seguir gobernando y continuar en la impunidad”.
El caso Oaxaca es sólo un ejemplo del delito generalizado de la tortura que existe en México, según el último informe presentado por el relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre este tipo de delito, Juan Méndez.
El Colectivo contra la Tortura, que sitúa el incremento de este delito en un mil por ciento, destacó el caso de Emeterio Merino Cruz Vásquez en su informe, luego de visitarlo a dos meses de lo sucedido: “Lo visitamos en su casa, encontrándolo en estado semicomatoso, con traqueotomía y gastrostomía, y con manifestaciones de daño cerebral severo. La impunidad continúa siendo una constante”.
El Centro Miguel Agustín pro Juárez coincide y lamenta que el gobierno mexicano no acepte esta realidad: “Más allá de descalificar el informe del relator de la ONU, el gobierno mexicano debería hacer cambios concretos. Llevar a un torturador del Estado ante la justicia es definitivamente difícil. Entre 2005 y 2013 sólo hubo cinco sentencias por ese delito, cuando en ese lapso, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo más de 11 mil quejas, que seguramente no son todas. “Es terrible y es un indicador de que sancionar la tortura en México es ilusorio; no existe posibilidad alguna”, afirma.
Emeterio Merino Cruz Vásquez, mientras tanto, tiene esperanza en la Comisión de la Verdad, y sonríe cuando piensa en la posibilidad de encontrar lo que tanto ha buscado: “Justicia, quiero justicia y una indemnización. Ya he esperado demasiado”.
La lucha contra un gobierno represor
A 20 años del estallido social, la Biblioteca Andrés Henestrosa presentó la reedición en español de Oaxaca 2006: La lucha contra un gobierno represor, de la periodista e historiadora Nancy Davies.
El libro se publicó originalmente en inglés en 2007. Hoy vuelve al público oaxaqueño con la edición de Almácigo Ediciones y traducción de Eduardo Evans. En la mesa, la propia autora participó en el diálogo, leyó fragmentos de su trabajo y respondió en vivo a las preguntas del público.
El evento, en la Biblioteca Andrés Henestrosa, funcionó como la apertura de una cápsula del tiempo escrita en caliente. Davies reconstruyó cuatro momentos clave del conflicto:
La autora documenta el estallido de violencia en el centro histórico tras el llamado de la APPO. Describe cómo el centro de Oaxaca “estalló en guerra” entre manifestantes y fuerzas policiales federales, estatales y municipales, además de grupos leales al PRI en ropa de civil. Cita reportes de Noticias de Oaxaca y La Jornada que registraban más de 2 mil policías ministeriales desplegados ese día.
El libro señala que las detenciones relámpago contra miembros de la APPO y organizaciones civiles fueron comandadas por el gobierno oaxaqueño. Davies recupera que el gobierno reportó 149 arrestos, cerca de 38 heridos y posiblemente 3 muertos. Según la Red de Derechos Humanos, los detenidos fueron sujetos a tortura de forma consistente. El saldo material incluyó más de una docena de vehículos quemados, las oficinas de Relaciones Exteriores y el Tribunal Superior de Justicia.
Se leyó el pasaje de la marcha pacífica desde Santa María Coyotepec hacia el centro histórico. La APPO anunció que más de doscientos consejeros estatales servirían como escudos humanos para proteger la trayectoria y exigir la salida de Ulises Ruiz y la retirada de las fuerzas federales que ocupaban el zócalo.
Davies describe el desalojo de la explanada de Santo Domingo y la quema de las tiendas de campaña de la APPO cerca de las 10 PM. El fragmento se complementó con el testimonio de una asistente que estuvo presente ese día. La persona contrastó su experiencia directa con la reconstrucción documental del libro y mencionó el trabajo de Jorge Salzman, quien también documentó lo ocurrido.
En la mesa, Davies sostuvo el ejemplar con la fotografía de Max Núñez en portada, imagen de un manifestante frente a policías antimotines que se volvió símbolo de 2006. Para los panelistas, busca reactivar el debate sobre memoria, impunidad y responsabilidad política en Oaxaca.
A 20 años de la APPO: protesta magisterial se mantiene en Oaxaca
En tanto, este 14 de junio se cumplen dos décadas de la insurgencia magisterial y popular de Oaxaca, que se vivió bajo el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, del PRI.
Son 20 años en los que la protesta de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se ha mantenido a través de la exigencia de justicia.
Mientras que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se ha diluido y los personajes o figuras del momento han tomado varios caminos. Algunos para salir de la escena política y pública o seguir en ella, pero otros han transitado de la revuelta a las filas del poder.
Ulises Ruiz Ortiz, bautizado por la Sección 22 como el “Carnicero de Antequera” o el “Carnicero de Chalcatongo”, por la represión hacia el magisterio y el movimiento popular, dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en los últimos años ha tratado de fundar un nuevo partido bajo las siglas de México Nuevo.
En ese intento, la Sección 22 boicoteó, en octubre pasado, la asamblea convocada por el ex gobernador —originario de Chalcatongo de Hidalgo— en el municipio de Santa Cruz Amilpas. Al grito de “¡Ulises, asesino, la cuenta está pendiente!”, la gremial le recordó esa deuda con la justicia.
Comisión de la verdad
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, durante la insurgencia del 2006, el gobierno estatal violó los derechos humanos, “hizo uso indebido de la fuerza pública”, hubo tortura sistemática y generalizada, violación a la libertad de expresión en agravio de al menos 33 periodistas.
La instancia civil también logró registrar a por lo menos 373 víctimas de las diversas violaciones a los derechos humanos en este periodo, incluidas las víctimas de homicidios (varias como ejecuciones extra judiciales) y desapariciones.
A dos décadas del fallido desalojo del plantón magisterial del zócalo capitalino de Oaxaca, tras el cual tomó fuerza la protesta social, también resuenan los nombres de Flavio Sosa Villavicencio, de José Manuel Vera Salinas, Jorge Franco Vargas y Enrique Rueda Pacheco.
¿Dónde están?
El primero, como líder de la APPO, que siguió su camino en la política hasta llegar a ser diputado y llegar a la función pública con el gobierno de su amigo Salomón Jara Cruz. Sosa Villavicencio es, desde el 2025, secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca.
Vera Salinas, señalado como el ejecutor de la represión durante el 2006 y responsable de las “caravanas de la muerte”, por haber sido director de Seguridad Pública, dejó el estado tras su salida del cargo en 2007.
Poco después fue director de tránsito con el presidente municipal de Cancún, Francisco Alor Quezada, en 2007. Actualmente es cercano colaborador de Omar García Harfuch en Protección Ciudadana federal.
Antes de trabajar con Ulises Ruiz Ortiz, el teniente de navío José Manuel Vera colaboró con el ex gobernador José Murat.
Aunque tras el movimiento magisterial y social se fue de Oaxaca, años después regresó de la mano de la familia Murat, con el ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa, donde fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Jorge Franco Vargas, conocido como “El Chucky” y quien fuera secretario de Gobierno con Ulises Ruiz Ortiz, falleció en mayo del 2024 en Texas, Estados Unidos.
Por su parte, Enrique Rueda Pacheco, quien fue secretario general de la Sección 22 en 2006 y dimitió en febrero 2007, fue exhibido en un video en el año 2024 recibiendo presuntamente el dinero de parte del gobierno estatal para traicionar al movimiento.
En el video, que corresponde al año 2006, se le ve con el ex secretario de Gobierno de Ulises Ruiz. Lo último que se supo es que Rueda dejó el país y presuntamente solicitó asilo en Canadá.
CNTE en Oaxaca marcha a 20 años del violento desalojo de maestros ordenado por el ex gobernador Ulises Ruiz
A 20 años del fallido desalojo realizado por el gobierno del ex priísta, Ulises Ruiz Ortiz (2004 – 2010) en contra de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), miles de profesores marcharon este domingo en la ciudad de Oaxaca para conmemorar este hecho y demandar castigo a los responsables de la represión vivida y que desató un conflicto político – social que duró más de 5 meses en el que hubo más de 20 homicidios y decenas de desaparecidos.
Los mentores partieron en marcha desde el crucero donde se localizan las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Oaxaca y que anteriormente fueron las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hacia el zócalo de la capital del estado.
Encabezados por el secretario de Organización, César Zurita, los mentores aseguraron que aun cuando han pasado 20 años, los agravios cometidos por Ruiz Ortiz quien ordenó el desalojo del plantón que los profesores tenían en el centro de la ciudad de Oaxaca, fue la madrugada del 14 de junio cuando elementos de diversas corporaciones ingresaron al zócalo haciendo uso de la fuerza, para que horas después los mentores apoyados por organizaciones sociales y ciudadanos retomaran dicha plaza al superar en número a los uniformados.
Esto dio pie al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y a 5 meses de enfrentamientos entre la APPO en contra del gobierno de Ulises Ruiz quien ordenó la creación de las denominadas “caravanas de la muerte”, que eran grupos de personas portando armas de grueso calibre que atacaban barricadas.
A 20 años de estos hechos, “ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos” demandaron los profesores; en tanto, el secretario de Organización, César Zurita señaló que la sección 22 se encuentra fortalecida y que hay embates que vienen desde el gobierno para demostrarlos y tratar de dividirlos, pero que, al día de hoy, la lucha magisterial se mantiene ante la cerrazón del gobierno federal.
Acusó que, al día de hoy, no se tiene programada ninguna mesa de trabajo con las autoridades federales o estatales lo que prueba la falta de apertura de las autoridades, ante esto añadió, la Asamblea Nacional Representativa (ANR) determinó mantenerse en plantón y reforzar las acciones de protesta.
Añadió que, de acuerdo al plan de acción, las protestas van de “menos a más”, para este lunes se tiene programada la toma de casetas de cuota, mientras que en el caso estado de Oaxaca, se mantendrán las acciones de protesta tal y como se han realizado en días anteriores.
