Por fallo de SCJN persiste conflicto entre Oaxaca y Chiapas
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 29 de Abril, 2026, (Fuente: La Jornada).- Las comunidades que se ubican en el área de los Chimalapas y que integran el Consejo Regional de la Zona Noroeste del municipio de Cintalapa afirmaron que se encuentran “en una batalla desesperada por los derechos al territorio y agrarios, a la vivienda, la salud y la educación”, entre otros.
A propósito de la celebración de 62 años de existencia legal de la comunidad General Rafael Calymayor, recordaron que “todo comenzó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que las tierras que ocupamos por más de 60 años se encuentran en el territorio oaxaqueño y no de Chiapas como hemos creído y vivido por todo este tiempo, aun cuando contamos con documentos legales como resoluciones presidenciales y carpetas básicas”.
Afirmaron que “todo ello sumergió (a las comunidades) en un abismo de incertidumbre por la acusación de los comuneros chimalapas diciendo que nos encontramos en sus tierras y desde entonces ha significado amenazas, desalojos y quema de clínicas edificios públicos y hasta muertos”.
Aseguraron que esos comuneros “han carecido de pruebas sólidas y basándose en testimonios cuestionables, como que, si no somos indígenas, que, si somos narcoganaderos, depredadores de la selva generando dudas sobre su legitimidad desde el principio”.
Ante tal situación, reiteraron, “las comunidades de la zona buscaron refugio en los tribunales federales y el gobierno de Chiapas donde encontraron un rayo de esperanza a través de quejas y denuncias del abandono por parte de los gobiernos federal y estatales, a pesar de diversas audiencias en Secretaría de Gobernación, la SCJN y diversas autoridades estatales durante varios gobiernos, pero este camino hacia la seguridad en la tenencia de la tierra y lograr algunos apoyos en infraestructura se convirtió en una trampa cruel pues desde el 2012, en que surgió la sentencia de la Corte no ha habido ninguna respuesta a nuestras demandas”.
Manifestaron que “a pesar de haber logrado resoluciones agrarias en nuestro favor, nuevamente el Tribunal Agrario vuelve atrás con la idea de invalidar nuestros dictámenes y pretende arrebatarnos nuestros derechos de posesión, haciendo caso de demandas de los comuneros chimalapas que nuevamente vuelven a las amenazas de muerte y desalojos violentos como han hecho en el pasado”.
El Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa sostuvo que “las argucias legales, los retrasos injustificados y las artimañas burocráticas se convirtieron en armas en manos de nuestros acusadores, prolongando indefinidamente el sufrimiento de nuestras familias, enfrentando acusaciones recicladas de los Chimalapas y solicitudes de audiencias interminables que erosionan la esperanza”.
Añadió que “los derechos ganados por más de 60 años con tanto esfuerzo se ven revocados a cada momento en un abrir y cerrar de ojos mientras que los dictámenes a favor quedan en letra muerta y nos obligan nuevamente a buscar defendernos frente a la maquinaria legal diseñada para perpetrar la injusticia”.
Advirtió que “en medio de la tormenta legal, la falta de apoyos y las amenazas de desalojo, las familias y los campesinos nos mantenemos firmes, resistiendo el embate del sistema que busca sofocar nuestra voz y anular nuestra lucha, el futuro de nuestras comunidades sigue en juego, pendiendo de un hilo enredado en la maraña legal que lo aprisiona”.
Concluyó: “la respuesta la daremos más unidos que nunca las 17 comunidades; llegaremos hasta donde sea necesario para hacer uso de nuestros derechos como pueblos indígenas que nos otorga la Constitución Política de nuestro país e iremos en contra de las artimañas legales para prolongar los procesos; cada página revela una trama de injusticia y complicidad y no contribuye a evitar un enfrentamiento entre pueblos, ya que los hermanos comuneros de los Chimalapas anuncian a cada momento el desalojo de nuestras tierras; a pesar de que nosotros queremos evitar el enfrentamiento también les decimos que no permitiremos el desalojo y la pérdida de nuestros derechos a la tierra y al desarrollo”.
