Desplazados acusan abandono del gobierno de Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 20 de Abril, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08).- Desde la noche del domingo, pobladores desplazados del municipio de San Juan Mazatlán, del distrito Mixe, región Sierra de Juárez de Oaxaca, arribaron al Palacio de Gobierno de Oaxaca, en la capital del estado, donde pernoctaron en los portales de la “Casa del Pueblo” como medida de presión para exigir garantías de retorno seguro a sus comunidades de origen, tras los ataques armados perpetrados por vecinos de Santo Domingo Petapa.
Los afectados acusan al gobierno del estado de haberlos abandonado ante la crisis humanitaria que enfrentan, denunciando una constante omisión de las autoridades estatales que, según señalan, ha permitido que la violencia escale sin ninguna intervención efectiva para mediar en el conflicto.
Los manifestantes advirtieron que no levantarán su protesta hasta que el gobierno del estado implemente un plan de seguridad efectivo que resguarde su integridad física y ponga fin a la impunidad.
La disputa entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa se centra en la posesión de aproximadamente 26 mil hectáreas de bosque de pino y cedro, un territorio de alto valor ambiental y económico, que ambas comunidades reclaman desde hace más de 50 años sin que exista una resolución definitiva.
El primer desplazamiento ocurrió el 18 de febrero de 2026, cuando ingresaron diez camionetas con gente armada y maquinaria pesada a la zona en conflicto.
Posteriormente abrieron un camino en Loma Santa Cruz y realizaron disparos hacia esa comunidad, lo que obligó a aproximadamente 30 familias a huir hacia la población de Arroyo Cuchara, perteneciente al municipio de Juan Guichicovi.
Cuando los campesinos de esas localidades supieron que Santo Domingo Petapa anunció que ingresaría a las tierras de San Juan Mazatlán, alertaron a las autoridades estatales y pidieron la protección de la policía, pero solo hallaron silencio gubernamental.
Las agresiones han provocado el asesinato de los comuneros Porfirio Bautista Domínguez, Israel Cabrera Andrés y Palemón Agustín Epitacio en los últimos tres años de este conflicto, así como la muerte por inanición de una mujer de la tercera edad, el desplazamiento de más de cien familias, y la falta de acceso a la alimentación y a servicios de salud en comunidades sitiadas por el grupo armado.
Alrededor de 500 pobladores de Rancho Juárez padecen escasez severa de alimentos, mientras persisten interrupciones en servicios esenciales como energía eléctrica y atención sanitaria, lo que agrava la vulnerabilidad comunitaria.
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la medida cautelar 02/2026, por presuntas violaciones a los derechos al libre tránsito, la seguridad, la libertad, la salud y la alimentación en perjuicio de pobladores de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, dirigida a diversas autoridades de la administración pública estatal y a los presidentes municipales de las localidades involucradas.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) demandó el establecimiento de una Mesa de Atención Agraria de alto nivel, ya que la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca no es la instancia competente para una atención adecuada al conflicto.
Asimismo, exigió el restablecimiento de la energía eléctrica en las poblaciones mixes, la reactivación de actividades educativas en tres niveles en Loma Santa Cruz, y la garantía de personal médico y medicamentos en las comunidades afectadas.
La organización señaló que esta violencia persiste en la zona porque continúan en la impunidad los asesinatos de Wilfrido Atanacio Cristóbal, Abraham Quirino Ortiz y Victoriano Quirino Jiménez, vecinos de El Platanillo, quienes fueron asesinados el 13 de febrero de 2025 en una emboscada por el grupo armado conocido como “De los 33”.
Planilla azul de San Juan Mazatlán acude a Sala Superior del TEPJF tras fallo adverso de Sala Xalapa
En otro contexto, integrantes de la Planilla Azul del municipio de San Juan Mazatlán, distrito Mixe, en la región Sierra de Juárez de Oaxaca, anunciaron que presentaron una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que la Sala Regional Xalapa revocó la declaratoria de validez de su elección y reconoció en su lugar el triunfo de la Planilla Roja.
En conferencia de prensa, Martina Caballero García, quien se adjudica el cargo de presidenta municipal electa, sostuvo que su triunfo fue legítimo al haber obtenido 4 mil 085 votos, y acusó al candidato de la Planilla Roja, Esteban Santiago Aguilar, de haber incurrido en actos ilícitos como falsificación de actas y firma ilegal de ciudadanos.
Caballero García denunció, además, haber sido víctima de violencia política en razón de género, situación que aseguró ya fue puesta en conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes.
La aspirante detalló que su triunfo fue inicialmente acreditado tanto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) como por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).
No obstante, fue la Sala Xalapa quien revirtió ese reconocimiento. Acusó a dicho tribunal y a algunos de sus magistrados de haber validado un expediente que calificó de falso, en beneficio de la Planilla Roja.
Confió en que la nueva impugnación ante la Sala Superior permita revertir el fallo y que le sea restituido el triunfo para poder gobernar el municipio. Lamentó que no se respete la voluntad de las 27 comunidades que le otorgaron su respaldo en la elección.
La controversia tiene como antecedente inmediato una sesión de resolución de la Sala Xalapa, en la que dicho órgano federal conoció el expediente SX-JDC-60/2026 y acumulado, promovido por ciudadanos indígenas del municipio de San Juan Mazatlán.
En ese expediente, la Sala modificó la resolución del TEEO, que a su vez había modificado el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-455/2025 del IEEPCO en cuanto a la precisión del periodo de ejercicio de los cargos —estableciéndolo en un año— y que había confirmado la validez de la elección de la Planilla Azul.
Al acreditarse que el Tribunal responsable valoró las pruebas sin perspectiva contextual ni intercultural, la Sala determinó que incurrió en un análisis deficiente de la validez y los resultados de la elección municipal.
En consecuencia, se dejó sin efectos la declaratoria de validez de la Planilla Azul al acreditarse que el cómputo total de las asambleas otorga la mayoría a la Planilla Roja, por lo que se declaró válida la elección de sus integrantes para concluir el periodo de gobierno municipal en curso.
En la misma sesión, la Sala Xalapa resolvió el expediente SX-JDC-87/2026, en el que confirmó la resolución del TEEO que revocó el desechamiento de la Comisión de Quejas del IEEPCO, a fin de que continúe el procedimiento especial sancionador (PES) promovido por una integrante de un municipio oaxaqueño, quien denunció actos de amenaza de destierro en diversas asambleas generales comunitarias.
El tribunal federal ordenó que dicho órgano analice los hechos con perspectiva de género, intercultural e interseccional.
San Juan Mazatlán tiene un extenso historial de disputas electorales ante tribunales locales y federales.
Previo a la resolución más reciente, la Sala Xalapa ya había conocido el expediente SX-JDC-25/2026, promovido por el presidente municipal electo por la Planilla Roja, en el que declaró fundado el agravio relativo a la dilación atribuida al TEEO en la resolución del expediente JNI/08/2026.
Con la impugnación ante la Sala Superior, la disputa por el gobierno de San Juan Mazatlán escala ahora a la máxima instancia del TEPJF, cuya resolución definirá quién concluye el periodo municipal en curso en ese municipio de la Sierra Mixe.
