Código civil y familiar se iría hasta 2030
*Magistrada presidenta del TSJO advirtió: “ni un paso atrás” en la preparación
*La presidenta del TSJO señala que Oaxaca, junto con al menos 19 entidades, no cuenta con infraestructura, capacitación ni presupuesto para implementar el CNPCF
*La reforma al transitorio, anunciada por la Federación, aún no se presenta ante el Congreso de la Unión
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 17 de Abril, 2026, (Fuente: X: @NADIASANABIA).- La magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, confirmó que desde la CONATRIB se ha impulsado a nivel nacional la postergación de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), cuya fecha límite actual es el 1 de abril de 2027.
En entrevista con Periodistas Oaxaca, la titular del Poder Judicial estatal precisó que la Secretaría de Gobernación federal informó, en sesión extraordinaria de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar celebrada el pasado 27 de marzo, que la presidenta Claudia Sheinbaum presentaría una reforma al artículo transitorio segundo del decreto publicado el 7 de junio de 2023, para mover el plazo final al 1 de abril de 2030.
Sin embargo, Rodríguez Rodríguez fue enfática: a la fecha, dicha reforma no ha sido presentada ante el Congreso de la Unión y la obligación legal de implementar el Código en abril de 2027 sigue vigente.
El diagnóstico que expuso la magistrada es grave: Oaxaca, al igual que al menos otros 19 poderes judiciales estatales, carece de infraestructura, capacitación y condiciones operativas para enfrentar la transición a la oralidad que exige el nuevo ordenamiento. Solo tres entidades del país muestran avances significativos en la implementación. El resto enfrenta un desfase que, a menos de 11 meses de la fecha vigente, resulta estructuralmente insalvable sin recursos extraordinarios.
La presidenta del TSJO subrayó una distinción clave en el manejo del nuevo plazo: “2030 es la fecha límite, no el inicio”. La advertencia apunta directamente al riesgo de repetir el patrón que llevó a la situación actual: cuando se aprobó la reforma constitucional en 2017 y el Código se publicó en 2023, el horizonte de 2027 parecía lejano. Esa percepción de distancia diluyó la urgencia y paralizó la gestión presupuestal en la mayoría de las entidades.
En Oaxaca, el TSJO solicitó al Congreso local los recursos necesarios para el presupuesto del ejercicio 2026, pero la solicitud no fue autorizada. Las estimaciones previas ubican la inversión requerida en torno a los 1,800 millones de pesos para adecuar 62 de 64 salas, capacitar al personal judicial y establecer los mecanismos alternativos de solución de controversias que el Código ordena, incluyendo la figura del facilitador comunitario, una herramienta con potencial transformador para un estado con 570 municipios, más de 400 regidos por sistemas normativos internos y 15 lenguas originarias.
Rodríguez Rodríguez indicó que el Tribunal ya inició capacitaciones y gestiones para avanzar en la preparación técnica y administrativa, y que las negociaciones presupuestales con los actores políticos están en curso.
La postura institucional del TSJO queda delimitada: si se aprueba la postergación a 2030, el Tribunal tratará esa fecha como el límite último, no como una invitación a postergar la acción. Si no se aprueba, la obligación sigue siendo abril de 2027, con o sin recursos.
El balón, en cualquiera de los dos escenarios, está en la cancha del Legislativo local y del Ejecutivo estatal.
