Toro Ferrer usa escrituras falsas, acusa gobierno de Oaxaca

*“Aquel que llegue con el documento idóneo a acreditar que es el propietario es a quien se le pagará la indemnización”, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal
Oaxaca, Oaxaca, Martes 07 de Abril, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08 y Facebook: Noticiaseyoaxaca).- El gobierno del estado de Oaxaca acusó al abogado Enrique Toro Ferrer (a quien lo vincula el propio gobierno estatal, como integrante del llamado “Cártel del Despojo”), de promover juicios de amparo con escrituras falsas para apoderarse ilegalmente del inmueble que hoy alberga el Parque Primavera, antigua sede de una fábrica de triplay.
El consejero jurídico del gobierno, Geovany Vásquez Sagrero, presentó ante medios de comunicación sentencias federales que demuestran que la escritura con la que Toro Ferrer pretendió acreditar derechos de propiedad a nombre de una tercera persona —identificada como María Elena Medina López— fue declarada falsa desde 2019.
“Esta escritura en el 2019, cuando él promueve algunos amparos, nos pudimos percatar que ya fue motivo de un juicio y desde el 2019 fue declarada falsa. Sabiendo de que ya había sido declarada falsa, la utilizó nuevamente; usó un documento falso para promover el amparo contra el decreto expropiatorio”, afirmó el funcionario estatal.
Explicó que la escritura fue sometida a juicio ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, que declaró su inexistencia, al detectar que las hojas habían sido arrancadas del protocolo de un notario fallecido.
Una inspección judicial posterior confirmó que en el apéndice notarial no existía escritura de compraventa alguna.
Pese a esas resoluciones, Toro Ferrer volvió a presentar en 2023 la escritura ya declarada falsa para promover un amparo contra el decreto expropiatorio del parque.
También exhibió un poder notarial supuestamente otorgado por Medina López, que al revisarse resultó apócrifo: la firma de la señora no aparece en el libro notarial correspondiente, y en su lugar el propio notario asentó la anotación “no pasó”.
Con base en esos hallazgos, un juez federal declaró fundado el incidente de objeción de documentos y sobreseyó el amparo, resolución que un tribunal colegiado de circuito confirmó posteriormente, agotando la cadena de impugnación.
“Ha quedado claro que los documentos usados son apócrifos”, sostuvo Vázquez Sagrero, quien advirtió que los hechos actualizan el tipo penal de uso de documento falso.
El consejero aclaró que el proceso expropiatorio sigue su curso respecto a otros reclamantes con documentación legítima, entre ellos el IMSS —que embargó una fracción del predio por adeudos de cuotas obrero-patronales—, la empresa Novopan y la firma Infralogística Croacia.
“Aquel que llegue con el documento idóneo a acreditar que es el propietario es a quien se le pagará la indemnización”, señaló.
El gobernador Salomón Jara Cruz respaldó las declaraciones de su consejero y reiteró que el Parque Primavera ya está inscrito en el catastro y en el Instituto de la Función Registral a nombre del gobierno del estado.
“Repito fuerte: el Parque Primavera existe legalmente. Tengan la certeza de que va a ser un parque para toda la vida, para todos los ciudadanos. No es un parque privado, es un parque público”, afirmó el mandatario.
De paso, ironizó sobre la insistencia del abogado: “No vaya a salir mañana que el río Atoyac también es de él”.
El gobierno anunció que publicará en redes sociales un repositorio digital con los documentos completos, incluyendo sentencias y pruebas de falsedad, en versiones con datos sensibles protegidos.
Exhiben “aberraciones” legales en expropiación del Parque Primavera; Toro Ferrer emplaza al gobierno del Estado
Por otra parte, el litigio por los terrenos donde se construyó el “Parque Primavera” ha escalado a un nivel crítico de confrontación legal y político.
A través de una carta abierta dirigida al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, el abogado Enrique Gerardo Toro Ferrer denunció una serie de presuntas irregularidades, omisiones dolosas y errores técnicos en el decreto expropiatorio que, asegura, comprometen la legalidad de la obra emblemática de la actual administración.
En el documento fechado este 31 de marzo, Toro Ferrer lanza interrogantes contundentes al Ejecutivo estatal, basándose en documentos oficiales que contradicen la narrativa gubernamental.
El jurista cuestiona cómo fue posible suscribir un decreto de expropiación sobre un predio que, según el propio Director General del IFREO, Giovanni Riaños Saguilán, “no existe”.
De acuerdo con el oficio IFREO/DG/DJ/502/2023, dicha notificación fue entregada a la Secretaría de Gobierno casi un mes antes de que el gobernador firmara el decreto, lo que sugeriría que el mandatario fue inducido al error o que su equipo de trabajo omitió revisar la viabilidad jurídica del acto.
El abogado desglosa lo que denomina «puntos de aclaración» necesarios para dar certeza jurídica al proyecto:
Inexistencia Jurídica: El señalamiento previo del IFREO sobre la falta de registro del predio antes de la expropiación.
Confusión de Conceptos: Se critica la expropiación de «Cédulas Catastrales» (números fiscales) en lugar de polígonos físicos, argumentando que el artículo 59 de la Ley del Instituto Catastral de Oaxaca establece que estas no otorgan propiedad ni posesión.
Omisión Dolosa de Sentencias: Toro Ferrer señala que se ignoró la Cédula 5520, perteneciente a María Elena Medina López, la cual cuenta con una sentencia ejecutoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde 2018.
Las cédulas citadas en el decreto ubican los inmuebles en la agencia de San Juan Chapultepec, mientras que el Parque Primavera se construye físicamente en San Martín Mexicapan, lo que generaría una falta de identidad jurídica en las escrituras.
Se argumenta que la nueva Ley de Expropiación de Oaxaca contraviene el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y criterios de la SCJN al pretender pagos a valor catastral y no comercial.
En un tono que mezcla el respeto a la investidura con la crítica ácida, Toro Ferrer atribuye la autoría del “fallido” decreto al Secretario de Gobierno y al Consejero Jurídico, a quienes calificó de “torpes y resentidos”.
“Me queda muy claro que usted, Sr. Gobernador, no elaboró dicho decreto… parecería que el litigio trascenderá al tiempo de su gobierno”, sentencia el documento.
Asimismo, el abogado aprovechó para confirmar su militancia priista y su cercanía con la diputada del PT, Margarita García, a quien defendió como una “verdadera luchadora social”, luego de que el gobernador hiciera mención de este vínculo en sus conferencias matutinas.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno del Estado de Oaxaca no ha emitido una respuesta oficial ante estos cuestionamientos que ponen en entredicho la columna vertebral jurídica de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del sexenio jarista.
Enrique Toro Ferrer “está acostumbrado a apropiarse de lo ajeno”: Gobernador; anuncia respaldo jurídico a familia desalojada
Frente al tema, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, arremetió este lunes contra el abogado Enrique Toro Ferrer, señalado como integrante del denominado “Cártel del Despojo”, al acusarlo de utilizar sus vínculos con el poder para apropiarse fraudulentamente de bienes ajenos, y anunció que su administración dará respaldo jurídico a una familia que fue desalojada recientemente por gestiones del “litigante”.
“Lo que siempre hizo en toda su vida, está acostumbrado a apropiarse de lo ajeno. Se aprovechaba de los gobiernos corruptos que tenía como amigos, y fueron casi todos. Se aprovechaba de la condición que le daba estar en el poder, utilizando privilegios con los notarios, el Registro Civil, Catastro, el Registro Público; en fin, todo lo que es el aparato para hacerse de bienes”, afirmó el mandatario.
Jara Cruz reveló que Toro Ferrer participó en el desalojo de una familia humilde —ocurrido el 28 de marzo, antes de sus declaraciones— y anticipó que el gobierno del estado intervendrá para revertir la situación.
“Ya di instrucciones para que le demos seguimiento jurídico. Estoy segurísimo de que es fraudulento todo lo que está haciendo. Se va a apoyar jurídica y legalmente a la familia. Ya no vamos a permitir que se le despoje un bien o una propiedad a una familia indefensa aprovechándose de sus relaciones que tuvo”, declaró.
El gobernador también salió al paso de lo que calificó como intentos de confusión por parte del abogado en torno a la situación del Parque Primavera, cuya titularidad ha estado en disputa por parte Toro Ferrer, quien utiliza documentos falsos.
“El Parque Primavera goza de certeza jurídica y yo diría también que goza de buena salud. No hay ningún problema con respecto al Parque Primavera”, aseguró.
Señaló que Toro Ferrer mezcla deliberadamente dos predios distintos para generar confusión.
“Una cosa es San Martín, otra cosa San Juanito. Tratando de confundir, espera que llegue otro gobierno del PRI o del PAN para que pueda seguir haciendo el despojo.”
Por último, el mandatario descalificó a Toro Ferrer al señalarlo como un operador que no posee capacidad de trabajo propia.
“No sabe trabajar. Es un leguleyo para estas labores. Lo que está haciendo es pura mentira, y eso ya tiene que saberlo la gente”, asestó.
El caso al que se refiere el Gobernador, es el de María del Carmen Cruz quien es una adulta mayor de 76 años, quien denunció el despojo de su vivienda localizada en la calle de Colón 601 en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Ella fue desalojada con lujo de violencia el pasado 28 de marzo por un grupo de choque contratado por Víctor Hugo Porras Cerón (y Toro Ferrer), quien se dice dueño del lugar y que cuenta con el apoyo de los notarios asociados Morales & Pazos.
El predio en el que se ubica su casa señaló, es de 224 metros cuadrados y desde hace muchos años ha pertenecido a su familia, incluso ella ha vivido desde que nació en esa casa, sus padres, añadió, heredaron dicho inmueble de un hermano que padecía de sus facultades y que pereció hace 3 años, desde ese momento ha sido hostigada.
