Pueblo y empresarios gritan de dolor y piden ayuda en Juchitán

*En Facebook el pueblo opina. El comercio se ahoga. El video sigue circulando. Y los juchitecos siguen enterrando a sus muertos

Columna CON EL BRAZO IZQUIERDO

Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com*

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 21 de Marzo, 2026.- Hay una forma de medir el termómetro de una crisis con fidelidad: leer lo que la gente escribe cuando ya no aguanta más. Esta semana, los juchitecos han hablado a través de las redes sociales, su única vía de expresar su dolor. Y lo que dijeron merece ser analizado con la misma seriedad con que se analiza cualquier fuente documental, porque la rabia articulada de un pueblo no es ruido: es evidencia. Es el registro vivo de una comunidad que lleva años siendo traicionada por quienes juraron protegerla.

Mientras una escuela de preescolar se convertía en escena del crimen, Miguel «Quetu» Sánchez Altamirano tuvo la desfachatez de publicar un video hablando de «preocupación compartida», «coordinación institucional» y «voluntad de los tres niveles de gobierno». Ese video no es un error de comunicación política. Es una ofensa. Es la prueba más descarnada de que quien gobierna Juchitán vive en una realidad paralela, o peor aún, que conoce perfectamente la realidad y ha decidido ignorarla con calculada frialdad. Frente a niños que vieron morir a un hombre, frente a familias que entierran a sus muertos cada semana, frente a comercios que bajan la cortina para siempre, el alcalde grabó un video. Eso dice todo lo que necesita decirse sobre el talante moral de este gobierno.

No son troles ni provocadores los que respondieron con furia. Son comerciantes, vecinos, madres e hijos de mototaxistas asesinados que llevan años viendo cómo su ciudad se hunde mientras el poder local mira hacia otro lado. Cuando Erika Luis escribe «entre todos hagamos que las televisoras volteen a ver a Juchitán», está diciendo algo que debería sacudir a cualquier funcionario con dos dedos de frente: los medios locales callan, los estatales miran hacia otro lado, y el gobierno federal actúa como si el Istmo fuera territorio extranjero. Claudia Morales Martínez afinó el bisturí con precisión quirúrgica: el político que toca puertas en campaña desaparece cuando el pueblo lo necesita. Esa sola frase resume décadas de clientelismo electoral donde una despensa o un billete de quinientos pesos valieron más que la dignidad de un voto. Vicente Santiago Aquino invocó a Juárez para señalar a quienes «con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan.» En Juchitán, esa traición graba videos de cuatro minutos hablando de paz mientras los cuerpos se enfrían.

Lo que emerge de estos comentarios no es anarquía ni desesperación irracional. Es una crisis de legitimidad política de proporciones mayúsculas. Cuando Salinas Mariano pide la renuncia del alcalde «por amor a Juchitán y por dignidad», cuando Morales Trinidad clama que «caigan quienes tengan que caer», y cuando Filo Sánchez truena contra los «cobardes que se lavan las manos señalando al gobierno federal cuando la ley los obliga a velar por la seguridad del pueblo y lo peor, juraron hacerlo», todos están describiendo lo mismo: la percepción generalizada, documentada y justificada, de que el gobierno local no solo es ineficaz, sino que forma parte activa del problema que dice combatir.

Detrás de cada comentario airado hay una cifra que lo justifica y que ningún video institucional puede borrar. La Fiscalía General del Estado registró 10 homicidios dolosos en Juchitán solo durante enero y febrero de 2026, convirtiendo al municipio en el más violento de Oaxaca. La región del Istmo concentró el 28.79% de todos los homicidios dolosos del primer bimestre estatal, con 38 víctimas. Cuando llegó marzo, la violencia no se contuvo: se desbordó. Tres ejecuciones en menos de 72 horas entre el 15 y el 17 de marzo. Y el 18, una familia atacada a balazos en el callejón Gómez Farías de la Octava Sección: una mujer muerta, una niña de tres años herida, dos mujeres más lesionadas. Las autoridades estatales respondieron con su recurso favorito: el silencio. Todo esto ocurre con más de mil elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados desde mediados de 2025. Alan Bca lo anticipó con cínica lucidez: «Al rato llega la operación sable otra vez a hacer su show un par de días y atole con dedo nomas.» Lleva razón. Porque ya ocurrió antes. La pregunta que nadie en el gobierno responde es si ese operativo está diseñado para contener al crimen organizado o para darle cobertura mediática a quienes gobiernan desde la ambigüedad más conveniente.

Lo que hace especialmente grave la crisis es que ya no son solo ciudadanos de a pie quienes alzan la voz. El Grupo Empresarial y Comercial del Istmo presentó cifras que son una condena directa al fracaso gubernamental: 15% de los comercios cerrados definitivamente por extorsiones y amenazas, más del 30% con pérdidas severas, y una caída del 40% en nuevos proyectos que paraliza la generación de empleo. La comunidad médica se sumó al pronunciamiento denunciando «tanta impunidad» y señalando que «la niñez es víctima directa, sufriendo daños físicos y psicológicos irreparables.» Cristel Hernández lo dijo desde la trinchera del comercio cotidiano con una frase que duele porque es exacta: «Tan hermoso se veía Juchitán con sus productos en el mercado, pero así ni ganas de ir a comprar.» El miedo no mata solo con balas. Mata mercados, mata ferias, mata la identidad de un pueblo que construyó su orgullo sobre el tejido comunitario zapoteca.

El expediente de «Quetu» no admite interpretaciones benévolas. En junio de 2025, se confirmó que policías municipales tenían vínculos con el crimen organizado. La policía de «Quetu» no protegía a los ciudadanos, los vigilaba para el cártel. Eso no es negligencia. Eso es traición institucional en su forma más elemental. Y frente a ese expediente documentado, este hombre tuvo el descaro de grabar un video pidiendo «mayor presencia institucional.» La indignación ciudadana no solo es comprensible: es la única respuesta moralmente coherente.

El usuario Nayan Regalado señaló desde Facebook la cadena de mando que coloca a «Quetu» como pieza de un engranaje mayor encabezado por Emilio Montero Pérez, quien desde el gabinete del gobernador Salomón Jara mantendría hilos visibles en la administración municipal. No son acusaciones nuevas. Son señalamientos que se repiten con nombres y cargos específicos, documentados por medios como El Imparcial de Oaxaca y el portal Oaxaqueños contra la Corrupción, y que merecen una investigación formal que hasta ahora brilla por su ausencia. La impunidad no es un accidente en esta historia: es el sistema operativo.

Hay algo que emerge entre líneas en estos comentarios ciudadanos y que alarma más que la rabia misma: la resignación de quienes ya no esperan que el Estado los proteja. Cuando Juan López plantea que «cada vecino debe señalar a su vecino porque los delincuentes sí se sabe dónde se esconden», está describiendo el umbral peligroso de una sociedad que siente que el Estado ha abdicado de su función más básica. Esa percepción sostenida en el tiempo es el caldo de cultivo donde germinan las lógicas de justicia paralela, no porque la ciudadanía sea irracional, sino porque cuando el gobierno falla de manera sistemática y documentada, la comunidad busca sus propias salidas. Juchitán todavía puede elegir otro camino. Pero ese camino no pasa por alcaldes que graban videos de paz mientras la sangre no seca en las banquetas.

La ciudadanía juchiteca expresó esta semana en redes sociales algo que va más allá del desahogo pasajero: es memoria colectiva, es diagnóstico certero y es una advertencia que los tres niveles de gobierno deberían leer con la misma seriedad con que leen sus encuestas de popularidad. Juchitán merece gobernantes que no enciendan una cámara mientras sangra su pueblo y más tarde juegue beisbol. Merece respuestas proporcionales a la gravedad de lo que vive. Y merece, sobre todo, que alguien con poder real decida de una vez que la vida de un niño que presenció un asesinato dentro de su escuela vale infinitamente más que cualquier pacto político heredado en silencio y administrado con cinismo desde el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

Esa decisión no ha llegado. El video sigue circulando. Y Juchitán sigue enterrando a sus muertos.

Nota: Mientras escribía este texto, este jueves 19 de marzo, por enésimo día consecutivo, una persona fue ejecutada a balazos en Juchitán. El cuerpo sin vida y con varios impactos de arma de fuego fue localizado en el crucero de la carretera Transístimica y la vía de acceso al centro de ese municipio.

*Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación SINMCO

Agencia ANSIC.MX