“Quetu” habla de paz, pero el alcalde heredó un pacto criminal
Columna: Con EL BRAZO IZQUIERDO
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 18 de Marzo, 2026.- Esta mañana (martes), mientras una escuela de preescolar en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza se convertía en escena del crimen, un hombre ejecutado frente a niños, pánico entre maestros, comercios cerrados por el miedo, el presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, conocido como Miguel «Quetu», grababa un video para hablar de «preocupación compartida», «coordinación institucional» y «voluntad de los tres niveles de gobierno». El contraste es brutal y merece ser nombrado como lo que es. Mientras la violencia escala hasta los espacios más sagrados de la comunidad, el discurso institucional sigue atrapado en la diplomacia de quien, según diversas denuncias ciudadanas y medios locales, no es víctima del problema sino parte de su arquitectura.
Los números no mienten, aunque los discursos los esquiven. Al cierre del primer trimestre de 2026, Juchitán acumula al menos tres ejecuciones en menos de 72 horas: un líder de mototaxistas asesinado dentro de un plantel educativo el 17 de marzo, y dos homicidios más en la Cuarta y Octava Sección entre el 15 y 16 del mismo mes. Todo esto ocurre a pesar de que más de mil elementos de los cuerpos de seguridad federal y estatal operan en el territorio desde mediados de 2025. Mil uniformados. Tres muertos en tres días. La pregunta que el alcalde no responde en su video es la misma que se hacen las familias juchitecas: ¿para qué sirve un operativo que no opera? Y sobre todo: ¿por qué el propio municipio tardó tanto en pedir ayuda, si la crisis lleva años incubándose a la vista de todos?
Porque la historia de «Quetu» Sánchez Altamirano no comienza hoy. Llegó a la presidencia municipal en 2022 como suplente de Emilio Montero Pérez, quien pidió licencia para incorporarse al gabinete del gobernador Salomón Jara. Esa transición, que sonó a continuidad administrativa, fue mucho más que un relevo burocrático. Según el análisis periodístico de El Imparcial de Oaxaca, Montero dejó como suplente a su «cómplice y socio» Miguel «Quetu» Sánchez, quien, al igual que su antecesor, habría solapado abiertamente el clima criminal que se vive en el municipio. La misma fuente señala que ambos son señalados como parte del denominado «Cártel del totopo», término con el que analistas locales describen la imbricación entre política y crimen organizado en el Istmo. El propio Montero Pérez ha sido señalado por agencias de inteligencia locales y estadounidenses por mantener una estrecha relación con grupos delincuenciales de la región, coo lo revela el portal Oaxaquenos contra la Corrupción y figuras ligadas a la familia Terán,identificada como núcleo del llamado «Cártel de Juchitán», ocuparon cargos clave durante su administración. Sánchez Altamirano heredó esa maquinaria, y con ella, sus omisiones.
El expediente del propio alcalde no es más limpio. Un ciudadano lo denunció ante la Fiscalía de Oaxaca por presuntas amenazas de muerte, en un altercado que también reveló los señalamientos por vínculos de su corporación policial con el crimen organizado. En junio de 2025, la realidad se volvió imposible de ignorar: el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, desmintió públicamente al edil, quien había asegurado que el mando de seguridad le había sido devuelto, y confirmó la detención de dos policías municipales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Uno de ellos era el responsable del sistema de videovigilancia C-2. La complicidad llegó al extremo de filtrar imágenes del sistema de cámaras de seguridad al crimen organizado. Dicho de otra forma: la policía de Sánchez Altamirano no protegía a los ciudadanos; los vigilaba para el cártel. Frente a esa realidad documentada, su video de hoy, pidiendo «mayor presencia institucional», suena, en el mejor de los casos, a cinismo; en el peor, a distracción.
Juchitán merece más que palabras bien construidas. Merece respuestas proporcionales a la gravedad de lo que vive, y merece saber la verdad sobre quiénes gobiernan desde su ayuntamiento. Habitantes de la ciudad han expresado en redes sociales que «el presidente municipal no mete las manos» y que los juchitecos se sienten solos, abandonados y sin quien luche por ellos. Ese grito colectivo es más honesto que cualquier video institucional. Que un niño de preescolar haya visto morir a un hombre dentro de su escuela no es una estadística: es una marca que esa comunidad cargará por años. El tejido social, ese que el propio alcalde dice que «nos identifica como comunidad», no se reconstruye con mensajes de cuatro minutos ni con mesas de coordinación que no se traducen en resultados. Se reconstruye cuando quienes gobiernan deciden, de una vez por todas, estar del lado correcto de la historia. Y esa decisión, en el caso de Miguel «Quetu», sigue siendo una pregunta sin respuesta.
Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com
Afiliado al SINMCO
