Abusos, negligencias, muertes… el DIF Oaxaca

*La muerte de dos niñas haitianas exhibe un esquema de abusos, mediante el cual funcionarios del DIF estatal explotan laboralmente a menores

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 06 de Marzo, 2026, (Fuente: Noticias N+, Instinto Noticias, Agencias y Comunicado).- La muerte de dos hermanas dentro de un albergue migrante en el estado de Oaxaca, menores de edad y originarias de Haití, exhibe un esquema de abusos, mediante el cual funcionarios del DIF estatal explotan laboralmente a menores, bajo el resguardo y, en teoría, bajo la protección de la institución.

Mayra Martínez, ex residente del DIF estatal, indicó: “Antes de cumplir 18, a nosotros nos mandan a trabajar a un centro de trabajo que ellos nos buscan, Trabajo Social, iban por nuestro dinero. No nos dejaban que ellos nos pagaran directamente a nosotros”.

Mayra tenía 8 años cuando ingresó a la Casa Hogar del DIF estatal. Ahí estuvo una década, cuenta que en febrero de 2025 el director de Recursos Humanos del DIF Oaxaca, Jadiel López Coheto, y su esposa, Betzabé Ortiz Alfaro, le prometieron que la adoptarían. 

“Me hicieron la propuesta de que, si yo quería, que ellos, pues, se harían cargo de mí, como por así decirlo, una adopción: cuando cumplas 18, para que tengas, pues, una red de apoyo”.

En complicidad con la directora de la Casa Hogar 2, Luz Gabriela González Pérez, la pareja llevó a la joven a trabajar a un restaurante propiedad de Betzabé Ortiz. Mayra dice que le pagaban mil pesos a la semana y que, todos los días, antes de irse a trabajar, tenía que limpiar la casa, de 3 pisos, donde fue alojada.

“Es una casa donde ninguno de los dos vive. Hay varios cuartos y ellos rentan esos cuartos. Antes de salirme, ellos me hicieron firmar una hoja donde yo tenía que decir que pues yo había salido por mérito propio”.

Entre los funcionarios señalados de explotación laboral, están el director de Recursos Humanos del DIF Oaxaca, además de las directoras de la Casa Hogar 1 y 2, la procuradora estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, y dos funcionarias recientemente destituidas tras la muerte de dos niñas haitianas en el albergue Casa Pato: la directora general del DIF y la coordinadora general de Albergues.

Becas

Estos funcionarios habrían registrado a docenas de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad en las Becas del Bienestar, reteniéndoles sus pagos bimestrales de 3 mil 300 pesos.

Eso le ocurrió a Francisca Cruz Juárez, una joven atleta con discapacidad que vivió, durante 17 años, en casas hogar.

“Me corrieron si, del DIF, me sacaron porque yo pedí mi dinero. Me lo robaron”.

Dulce Martínez Vázquez, una trabajadora despedida del DIF estatal, aseguró: “Le retienen la tarjeta de Bienestar. La pide, muchas veces, con la directora general, Maribel Salinas Velasco, hoy destituida. Ella le da largas hasta que decide ir al banco y reportar su tarjeta como robada. Ya hace uso de su dinero y surge el descontento de la procuradora, Yarib Fernández, de la jefa departamental, Luz Gabriela González Pérez”.

A Ernesto García López, quien llegó a un albergue a los 3 meses de edad, y vivió ahí durante 23 años, lo desalojaron del cuarto que tenía en el DIF. Por los maltratos, explotación laboral y discriminación que padeció, decidió irse.

“Yo quería acceder a mi dinero para poder comprarme lo que sea, la directora de Casa Hogar no, no lo permitía”.

Denuncias

Los jóvenes presentaron denuncias ante las autoridades por la retención de las Becas del Bienestar y el pago de sus salarios, así como el maltrato psicológico y los castigos que recibieron.

Trabajadores del DIF también denunciaron, ante diversas instancias, la explotación laboral infantil y el maltrato que sufren los niños y adolescentes. Tras la denuncia, una veintena de ellos fueron despedidos y otros sufren acoso y hostigamiento laboral.

“Tenemos miedo a represalias, tenemos miedo que le pase algo a los adolescentes, a callarnos”, aseguró Dulce Martínez Vázquez.

Se buscó entrevistar a todas las autoridades del DIF, pero no respondieron.

Tras muerte de niñas de Haití, DIF Oaxaca maquinó una estrategia de silencio

Por su parte, la mamá de las gemelas migrantes, originarias de Haití, fallecidas en un albergue del DIF estatal, narró que el gobierno de Salomón Jara e Irma Bolaños la tuvieron aislada, bajo custodia y la sacaron del estado después del entierro de sus niñas.

El pasado 24 de febrero, el sueño de una vida mejor para las gemelas Bergeline y Bergelande terminó en el fondo de una fosa séptica en el albergue “Casa Pato”. Sin embargo, para su madre, Louis, la tragedia fue apenas el inicio de una pesadilla institucional.

A ocho días de los hechos, la mujer denunció que el gobierno de Oaxaca no sólo falló en proteger a sus hijas, sino que operó con frialdad para ocultar la negligencia, enterrar a las menores en secreto y expulsarla del estado con boletos de avión ya pagados.

Mientras ella permanecía encerrada en un hotel sin contacto externo, el gobernador Salomón Jara y su esposa, Irma Bolaños, agilizaban un sepelio exprés. “Ya habían hecho todo, sólo les dije qué ropa les pusieran”, recordó la madre, a quien se le negó cualquier derecho en el último adiós de sus hijas, sepultadas, finalmente, en el anonimato de un panteón en el municipio de Tlacolula de Matamoros, a escasos 50 minutos del Centro Histórico de la capital de Oaxaca.

La estrategia de silencio fue integral. Mientras las pequeñas eran enterradas, la maquinaria gubernamental ya tenía listo un plan de salida para Louis. En un intento por evitar que la madre hablara con los medios, le ofrecieron una residencia legal inmediata —un documento que a cualquier migrante le toma años obtener— como moneda de cambio.

Ante la firmeza de la madre, la autoridad optó por el traslado forzado: escoltándola directamente del panteón al aeropuerto para enviarla a la ciudad de México y después a Monterrey.

Desde su exilio en el norte del país, Louis M. señala que la muerte de las gemelas no fue un accidente, sino una omisión criminal.

Denunció que la fosa tenía una “tapa podrida”. Para ella, el sistema de protección infantil en Oaxaca está “podrido”, priorizando el encubrimiento de sus directivos —señalados por falta de capacidad administrativa— sobre la vida de las niñas y niños a su cargo.

Hoy, Louis vive un doble duelo: la pérdida de Bergeline y Bergelande y la imposibilidad de llevarles flores a una tumba, cuya ubicación exacta desconoce.

Mientras el gobierno de Oaxaca intenta cerrar el expediente con un solo detenido, el destierro de la mamá de las niñas es la prueba fehaciente de un Estado que prefiere ocultar sus errores bajo tierra y enviar a las víctimas lo más lejos posible para asegurar su impunidad.

IMUMI: muerte de niñas haitianas en albergue del DIF en, Oaxaca, México, “no fue accidente, fue negligencia institucional”

Eran gemelas.

Habían llegado desde Haití.

Y estaban bajo custodia del Estado.

La información recabada por Instinto Noticias señala que las menores fallecieron tras caer a una cisterna dentro del albergue “Casa Pato”, ubicado en el municipio de San Raymundo Jalpan, en la zona metropolitana de la capital de Oaxaca.

De acuerdo con organizaciones que trabajan con población migrante, las niñas jugaban cerca de la estructura sin restricciones de acceso cuando ocurrió la tragedia, un hecho que ha generado indignación y cuestionamientos públicos.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) fue contundente en su posicionamiento, retomado por Instinto Noticias en el seguimiento de este caso: “No es un accidente: es una negligencia institucional y una omisión de cuidados”.

En su pronunciamiento del 25 de febrero de 2026, la organización exigió a la Fiscalía General de Oaxaca determinar responsabilidades penales y administrativas por posibles omisiones de cuidado dentro del albergue.

Hasta ahora, las autoridades han informado sobre tres personas detenidas, entre ellas el jefe de Servicios Generales del refugio.

Según reportes oficiales consultados por Instinto Noticias, tras el caso, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la separación del cargo de la directora general del DIF estatal, Maribel Salinas Velasco, así como de la coordinadora de albergues Cristina Ramírez Vargas y de la directora del albergue.

Sin embargo, organizaciones internacionales y colectivos consideran que las investigaciones deben ir más allá.

Entre quienes han solicitado una revisión profunda del caso se encuentran ACNUR, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, que han pedido:

*Una investigación exhaustiva con perspectiva de niñez y migración

*Reparación integral para la madre de las menores

*Revisión de las condiciones de seguridad en los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Para Instinto Noticias, el caso ha dejado una pregunta que hoy comienza a resonar con fuerza en la opinión pública: Si un refugio oficial del Estado no puede garantizar la seguridad de niñas migrantes… entonces, ¿quién sí?

Fiscalía de Oaxaca solicita vinculación a proceso por homicidio culposo por omisión contra funcionario de Casa Hogar tras muerte de dos menores

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza imputación y solicita vinculación a proceso en contra de E.J.B.Z., por el delito de homicidio culposo por omisión, quien se desempeñaba como Jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, centro de tránsito adscrito al Sistema DIF Estatal, lugar donde perdieron la vida dos niñas de origen haitiano. Los hechos se registraron el pasado 24 de febrero.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía de Oaxaca, las víctimas eran niñas en contexto de movilidad y bajo resguardo institucional, lo que implicaba un deber reforzado de cuidado por parte de quienes tenían a su cargo su seguridad. En ese sentido, el imputado ostentaba la calidad de garante respecto a la integridad física y la vida de las menores, especialmente desde una perspectiva de género y de protección integral de la infancia.

Con base en lo establecido en el Código Penal Vigente para el Estado de Oaxaca, el delito que se atribuye corresponde a homicidio culposo por omisión, que se configura cuando una persona obligada legal o contractualmente a proteger no actúa para evitar un resultado lesivo, pese a tener la posibilidad real de hacerlo. Las indagatorias establecen que el imputado contaba con capacidad física y material para intervenir, sin embargo, su inactividad permitió la consumación de los hechos.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes —especialmente en situación de vulnerabilidad por su condición de extranjeras y bajo tutela institucional— la FGEO garantiza el interés superior de la niñez durante el proceso legal.

Además, las investigaciones ministeriales se ampliaron para considerar todas las aristas para determinar si existe más personas que tengan algún tipo de nivel de responsabilidad en estos hechos.

La Fiscalía de Oaxaca conduce la investigación bajo los principios de debida diligencia reforzada, enfoque diferencial y perspectiva de género e infancia, a fin de garantizar el acceso pleno a la justicia y evitar cualquier forma de revictimización, privilegiando siempre la protección y dignidad de las niñas y niños.