Denuncian mercado negro en el IOCIFED
*Exponen venta de bienes públicos operado por altos mandos de la dependencia del estado de Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 07 de Febrero, 2026, (Fuente: Sayda Morales Bustamante / X: @inquisidorOax).- Trabajadores de base del gobierno de Oaxaca, ubicados en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), exigen una investigación inmediata en contra de Alejandro López Jarquín y Joshimar Pérez Orozco, luego que en grupos de compraventa de Facebook se ofertara un pizarrón escolar nuevo con sellos y logotipos oficiales del Gobierno de Oaxaca, perteneciente al IOCIFED.
De acuerdo con las publicaciones, el pizarrón —de 2.50 metros por 1 metro— se vende en 2 mil 500 pesos, y la transacción se ubica en San Raymundo Jalpan y la capital del estado. Las imágenes difundidas muestran marcas institucionales, lo que encendió alertas sobre una posible sustracción de bienes del inventario público.
Fuentes dentro IOCIFED señalaron que el material proviene de almacenes o programas oficiales, el caso podría configurar faltas administrativas graves y posibles delitos como peculado y desvío de recursos públicos, al tratarse de equipamiento destinado a escuelas. Según las mismas, el hecho no sería aislado y se estaría operando un mercado negro con bienes de IOCIFED, en donde estarían implicados altos mandos de dicha institución.
En ese contexto, las exigencias apuntan a que se aclare el origen del bien y se deslinden responsabilidades dentro del IOCIFED. En particular, se solicita que se investigue la actuación del titular del organismo, Alejandro López Jarquín, así como del director administrativo, Lic. Joshimar Pérez Orozco, por su responsabilidad directa en el resguardo, control y salida de bienes.
Especialistas en control patrimonial subrayan que la trazabilidad de activos (alta, resguardo, asignación y baja) debe permitir identificar quién autorizó la salida del pizarrón, con qué documento, y a qué plantel estaba asignado. La venta en plataformas privadas, de comprobarse, evidenciaría fallas de control interno o conductas deliberadas.
La presión pública crece. “El patrimonio educativo no es mercancía y su posible venta irregular exige explicaciones claras y acciones inmediatas”. Sentenciaron los trabajadores.
Mercado negro operado por cercanos a López Jarquín venden paquetes de mobiliario escolar de IOCIFED por 20 mil pesos
Y es que, la denuncia por la venta irregular de mobiliario escolar con sellos oficiales del gobierno de Oaxaca escala de nivel. Trabajadores del propio IOCIFED aseguran haber identificado a la red interna que estaría sustrayendo y comercializando bienes públicos destinados a escuelas, a través de un mercado negro que opera a plena vista.
De acuerdo con la información interna recibida, Jesús Martínez Mendoza, “Jesús Loxicha”, sería quien encabeza la venta de “paquetes” de mobiliario por 20 mil pesos, que incluyen computadoras, sillas, mesas y pizarrones —material adquirido para planteles educativos—. La entrega se realizaría frente a la bodega en Belisario Domínguez, colonia Reforma, que utiliza IOCIFED, en donde se ubica en otra bodega ubicada justo en la esquina, señalada por trabajadores como punto habitual de resguardo y despacho de este negocio.
Los mismos testimonios apuntan a Jesús Martínez Mendoza, identificado como particular y “carga maletas” del titular del IOCIFED, Alejandro Emmanuel López Jarquín, como pieza operativa dentro del esquema. La mecánica descrita coincide con lo observado en redes sociales: bienes nuevos, con logotipos oficiales, ofrecidos en plataformas privadas a precios por debajo del mercado, sin trazabilidad ni documentación.
La gravedad del señalamiento radica en que no se trata de un hecho aislado, sino de una operación sistemática que, implicaría peculado, desvío de recursos públicos y responsabilidades administrativas y penales. Especialistas en control patrimonial advierten que la venta por paquetes, la existencia de puntos de entrega fijos y la identificación de operadores sugieren fallas deliberadas de control o connivencia interna.
El caso vuelve a colocar en el centro de la responsabilidad a la dirección general del IOCIFED y a su área administrativa, obligadas por ley a garantizar inventarios, resguardos, salidas autorizadas y destino final de cada bien. Si los trabajadores ya saben quién vende, qué vende y dónde entrega, la omisión de acciones inmediatas sería inexplicable.
Ahora que hay nombres, método y ubicación, la pregunta ya no es si existe el desvío, sino qué se espera para intervenir: aseguramiento de bodegas, auditoría física urgente, revisión de inventarios por lote, suspensiones precautorias y denuncias formales.
El patrimonio educativo no es botín. La tolerancia, a estas alturas, también sería responsabilidad.
