Otro despiadado acto de Ray Chagoya
*Quiere enriquecer sus arcas a costa de impuestos inhumanos
*La propuesta de Ray Chagoya para gravar a plataformas como Airbnb esconde interrogantes, falta de transparencia y una carga fiscal que amenaza con asfixiar a familias que buscan complementar sus ingresos
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 11 de Octubre, 2025 (Fuente: *Froylán Méndez Ferrer, *Sagrario Martínez / Agencia de noticias ANSIC.MX).- En el discurso público, el presidente municipal de la capital de Oaxaca, Raymundo Chagoya Villanueva, presume «piso parejo», protección civil y condiciones dignas de hospedaje. Pero la letra chiquita de su propuesta para normar los alojamientos que se rentan en plataformas como Airbnb muestra otra cosa, un esquema de cuotas que podrían llegar hasta los 100 mil pesos por inmueble, sin saber a dónde irían a parar esos fondos y con contradicciones que abren la duda sobre la verdadera intención de esta iniciativa.
Lo que el gobierno municipal propone como una regulación es en realidad un intento recaudatorio extraordinario que pasa por alto la naturaleza de los proveedores de servicios en estas plataformas, principalmente familias oaxaqueñas que intentan complementar sus precarios ingresos y que ignora intencionalmente que desde 2018 ya existe un impuesto del 3% sobre hospedaje que Airbnb paga en Oaxaca.
El discurso del alcalde morenista y los silencios cómplices
El gobierno municipal de Ray Chagoya pretende regular y poner condiciones equitativas para apps y hoteleros en favor de los usuarios, declaró recientemente el alcalde. En rueda de prensa, Chagoya lanzó preguntas: «¿Quiénes somos los anfitriones? ¿Qué teléfonos de contacto tiene? ¿Y quién cuida de las propiedades? «También es un tema de protección civil, que tenga el extintor, que tenga sus rutas de evacuación, que tenga las condiciones dignas para que sea precisamente un centro de hospedaje».
El alcalde reiteró que un Airbnb necesita pagar el uso de suelo comercial, recolección de basura comercial, dictamen de protección civil y estar en un padrón municipal. «Entonces vamos a avanzar con el tema de Airbnb, de estos departamentos; lo que hay que ver es si hay una modificación de obra y precisamente profundizar en el tema de revisar la densidad, revisar el tema de que puede usar suelo, si va a ser Airbnb, pues es comercial, no habitacional», dijo.
El argumento suena plausible en la superficie. «El problema surge cuando se desglosan los costos reales que implicaría cumplir con todas estas exigencias bajo el esquema que el municipio pretende imponer, equiparando un departamento familiar que se arrienda esporádicamente con un hotel en funcionamiento permanente».
La trampa fiscal: Chagoya aspira a recaudar 100 mil pesos por regularización
Un estudio de los costos para acatar las exigencias municipales muestra un panorama preocupante. Para empezar a operar bajo el nuevo modelo que se quiere implementar, un anfitrión de Airbnb tendría que pagar:
Para el inicio de operaciones de un hotel promedio se tiene que pagar Licencia Municipal de Funcionamiento con un coto de $5,000 MXN, Registro SECTUR (Federal): $3,000 – $7,000 MXN, Dictámenes Técnicos (electricidad, estructuras) $30,000 MXN, Certificación Sanitaria $12,000 MXN
Para el cambio de uso de suelo a Comercial se pagarían unos $20,000 MXN, Licencia de Construcción/Remodelación: 3-5% del valor de la obra unos $5,000 MXN.
Para la recolección de Basura Comercial en Establecimiento y hoteles $2,000 MXN al mes. Para un Dictamen de Protección Civil, empezando con el Dictamen Técnico de Seguridad Estructural $16,000 MXN, Dictamen de Instalaciones Eléctricas $6,000 MXN, Dictamen de Instalaciones de Gas $4,000 MXN, Dictamen de Detección y Extinción de Incendios $8,000 MXN, Curso de Protección Civil para personal $8,00 MXN por persona. También hay que agregar el pago de Impuesto por Remodelación de Vivienda en donde la Tasa Aplicable varía según el valor de la obra, en promedio unos $15,000 MXN
El total promedio asciende a casi $100,000 pesos solo para empezar. Una suma que ningún anfitrión medio de Airbnb, en concreto, familias que alquilan una habitación libre o un pequeño apartamento para complementar sus ingresos no lo podrían pagar sin endeudarse.
Esta imposición tributaria hace prohibitiva la «regularización» para la mayoría de los actuales anfitriones, abriendo la pregunta incómoda: ¿es esto regularizar o expulsar del mercado a los pequeños proveedores de servicios?
El impuesto ya existente, pero Chagoya quiere vaciar los bolsillos de los capitalinos
Una de las mayores contradicciones en el discurso del alcalde Chagoya es que omite convenientemente un dato: desde 2018 Airbnb ya paga impuestos en Oaxaca. El 25 de septiembre de ese año, la Secretaría de Finanzas estatal, en conjunto con la Secretaría de Turismo, dio a conocer el Protocolo de Colaboración entre el Estado y Airbnb que promovió la recaudación del 3% del impuesto sobre hospedaje.
Con esta acción, signada en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, Oaxaca se convirtió en el quinto estado del país en concretar este pacto. El Protocolo fue el octavo acuerdo impositivo de toda América Latina. La entonces subsecretaria de Turismo, Laura Iturribarría, resaltó que el convenio «posibilita dar certidumbre a los prestadores de servicios de hospedaje y establecer las condiciones para una competencia más justa».
Si ya hay un impuesto exclusivo para Airbnb desde hace 7 años, ¿por qué ahora el municipio quiere cobrarle lo mismo que a los hoteles? ¿Es una doble imposición? ¿O es que el municipio desconoce (o hace como que desconoce) este protocolo estatal?
Las palabras de Chagoya no aclaran esta contradicción, lo que abona a la idea de que la propuesta municipal no surge de un análisis a conciencia de la realidad, sino de una necesidad recaudatoria urgente que busca justificación técnica a la medida. No olvidemos que Ray Chagoya quiere financiar el Centro de Servicios Vecinales (CESEVI).
La reforma estatal de 2024: otro fantasma olvidado
La contradicción se agudiza cuando se recuerda que apenas en noviembre de 2024 el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de Turismo que regula a las plataformas digitales de alojamiento. El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de Turismo que regula a las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, Booking, Flipkey, Homestay, Kid & Coe, Oaxaca Booking Travell, entre otras. Esta reforma estatal, ya remitida al Poder Ejecutivo para su firma y publicación en el Periódico Oficial del Estado, determina:
Registro obligatorio: Las plataformas de alquiler se deberán registrar en un portal web y firmar convenio con la Secretaría de Finanzas del Estado para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Los anfitriones también deben registrarse y recibir un certificado de registro.
Restricciones explícitas: Cada anfitrión puede rentar en plataformas de hospedaje un máximo de cinco unidades y por un mínimo de tres días cada propiedad.
Medidas de seguridad: Los inmuebles deberán contar con medidas de seguridad, señalización y protección civil que determinen las autoridades municipales.
Fiscalización: Las autoridades locales harán controles periódicos y se creará un registro unificado de anfitriones y plataformas.
Para detener la gentrificación o «turistificación» en Oaxaca, la LXV Legislatura modificó la ley estatal con el fin de generar economía local, evitar gentrificación y sobreocupación, y facilitar el registro mediante un portal web.
Si el marco legal estatal ya fue aprobado hace un año, ¿por qué el municipio no acata lo que el Congreso del Estado ya aprobó? ¿Por qué crear un esquema paralelo, más costoso y potencialmente en conflicto con la ley estatal?
«La falta de articulación de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, muestra una desconexión institucional que perjudica a los ciudadanos». O peor aún, que el municipio está tratando de aprovecharse de la confusión normativa para imponer más cargas fiscales.
El contexto de crisis que el alcalde Chagoya olvida: servicios municipales colapsados
«Es abusivo querer cobrar 100 mil pesos a los anfitriones de Airbnb cuando los servicios municipales en Oaxaca de Juárez están por los suelos». La capital oaxaqueña vive una crisis de baches en todas sus calles, desabasto permanente de agua en colonias y una inseguridad que azota a ciudadanos y turistas.
La llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, atraídos por las características y riqueza cultural de la capital oaxaqueña, ha aumentado los precios de las rentas y los servicios, provocando gentrificación y desplazando a familias enteras de sus barrios de toda la vida. En ese sentido, muchas familias oaxaqueñas han hallado en Airbnb una tabla de salvación económica: rentar un cuarto adicional o un minidepartamento les ayuda a costear gastos básicos, colegiaturas o emergencias médicas.
No son, como quiere hacer ver el discurso oficial, grandes empresarios hoteleros disfrazados de anfitriones caseros. Son familias de clase media y trabajadora que intentan sobrevivir en una ciudad con precios imposibles y salarios estancados.
«Cobrarles 100 mil pesos por ‘regularizarse’ cuando el municipio no les puede asegurar agua potable, calles dignas o seguridad pública no sólo es contradictorio, sino una burla al contrato social».
La transparencia que no está: ¿a dónde irán los fondos, o a los bolsillos de quién?
Una pregunta que las palabras del alcalde Chagoya no aclaran es: ¿en qué se gastarán los fondos recaudados? Si cada uno de los cientos de propiedades que hoy funcionan en Airbnb en Oaxaca tuviera que desembolsar alrededor de 100 mil pesos, serían decenas de millones de pesos que llegarían a las arcas municipales.
¿Hay algún programa establecido para asignar esos fondos? ¿Se destinarán para mejorar los servicios municipales colapsados? ¿Será transparente su ejercicio? ¿Quién controlará que ese dinero no se desvíe o se gaste a voluntad?
Nuestra investigación encuentra que no hay todavía un plan público sobre qué se hará con estos fondos. La ceguera es absoluta. Esto refuerza la sospecha de que la finalidad no es regular el sector de alojamiento alternativo, sino recaudar recursos adicionales sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía.
La experiencia en otros gobiernos locales en México nos dice que cuando se generan esquemas de cobros opacos, sin candados presupuestales y sin rendición de cuentas, los recursos se pierden entre la maraña burocrática o, peor aún, son susceptibles a la corrupción.
El riesgo injerencia criminal: datos personales en la mira de la mafia
Uno de los puntos más alarmantes de la propuesta municipal es que se hará un censo para tener la información precisa de quiénes son los propietarios que rentan en Airbnb. Esta medida, disfrazada de simple registro administrativo, deja a los anfitriones en una situación vulnerable en materia de seguridad.
En Oaxaca se ha viralizado en días recientes la forma de extorsión «gota a gota» y el cobro de piso por parte de células del crimen organizado que operan en la capital del estado. Estos grupos delictivos han matado a comerciantes y empresarios que se niegan a pagar las extorsiones. La filtración de un padrón con nombres, direcciones y actividad económica de anfitriones de Airbnb los convertiría en blanco ideal para estos grupos criminales.
¿Qué garantías da el Ayuntamiento de que estos datos van a estar seguros? ¿Cuentan con protocolos de seguridad informática para prevenir hackeos o filtraciones? ¿Existen seguros o protecciones para los anfitriones en caso de que delincuentes roben su información?
El ayuntamiento tendrá que responder a estas preguntas. El edil capitalino únicamente ha informado que habrá censo, sin tomar en cuenta lo que implica en términos de seguridad en un ambiente de violencia creciente.
Pero, además, está el peligro de que funcionarios públicos o verificadores municipales usen estos datos para extorsionar directamente a los anfitriones con clausuras, multas o denuncias si no pagan cuotas ilegales. La corrupción municipal en México no es un tema irreal, sino una realidad verificable que impacta sobre todo a quienes requieren de permisos y licencias oficiales para operar sus negocios.
Guerra sucia contra Airbnb: los hoteles detrás de campañas de gentrificación
El trasfondo de esta propuesta municipal no se puede analizar sin tener en cuenta los intereses económicos que están en juego. Según fuentes en Oaxaca, las grandes cadenas hoteleras financiaron campañas en redes sociales en contra de la gentrificación en la capital, no porque les preocupara el desplazamiento de familias locales, sino para desprestigiar a los Airbnbs y disuadir a los turistas de usarlo.
Estas campañas, que pueden seguirse en los servidores de salida de información y por la huella digital que dejaron (bots automatizados incluidos), y que diseminaron relatos alarmistas, como que en los Airbnb se robaba, que eran guaridas de abusos sexuales y que generaban inseguridad.
Un anfitrión de Airbnb entrevistado para esta investigación comentó: «Mira, el ciudadano protege su propiedad, y al alquilar su habitación o cuarto, van a estar muy al pendiente porque no van a permitir que hablen mal de su casa, de su propiedad». «El porcentaje de incidentes se dispara en los hoteles, donde sí hay el robo hormiga y donde sí hay videos de abusos sexuales».
Lo cierto es que el sector hotelero tradicional considera a Airbnb un competidor que ha abierto el mercado turístico. Lo que antes era un juego de grandes cadenas ahora es un campo de juego para familias comunes. Y eso irrita a los que durante décadas dominaron el sector.
Para este análisis se aprovecharon los datos censales que capturan las variables de población no nativa de la zona, las actividades orientadas al turismo y las gentrificadoras (museos, hoteles, bares, restaurantes y cafeterías), entre otras, de acuerdo con estudios académicos sobre gentrificación en Oaxaca. O sea, la gentrificación la hacen tanto los hoteles como los Airbnb, pero mágicamente solo se culpa a los segundos.
La iniciativa de Chagoya, en este sentido, parece más una reacción a los intereses del sector hotelero tradicional que una necesidad real de regulación urbana. Con gravámenes imposibles de pagar por los pequeños anfitriones, el ayuntamiento le estaría haciendo el trabajo sucio a las grandes cadenas:
quitarse de en medio a la competencia.
Las preguntas que el “vecino” Ray Chagoya debe responder
Antes de proceder con la propuesta de cobro de impuestos a las plataformas digitales, el alcalde Raymundo Chagoya deberá responder públicamente a las siguientes preguntas:
Sobre la contradicción tributaria: ¿Por qué quiere gravar con más impuestos a Airbnb cuando desde 2018 ya paga un impuesto del 3% sobre hospedaje? ¿Doble imposición o desconocimiento de la ley por parte del municipio?
Sobre la coordinación institucional: ¿Por qué plantear un esquema municipal paralelo cuando el Congreso del Estado ya aprobó en noviembre de 2024 una reforma integral a la Ley de Turismo que regula a las plataformas digitales de alojamiento? ¿No sería mejor aplicar lo que ya está legislado?
Sobre la proporcionalidad: ¿Cómo justifica cobrar 100,000 pesos a familias que rentan una habitación de vez en cuando igual que a hoteles que operan todo el tiempo? ¿Hay un estudio de impacto económico que analice cuántos anfitriones podrían pagar estas cantidades sin arruinarse?
Sobre la transparencia: ¿A dónde irán exactamente los fondos recaudados? ¿Hay un programa presupuestal con metas definidas y mecanismos de rendición de cuentas? ¿Habrá auditorías externas para certificar que el dinero no se desvíe?
En materia de seguridad de datos: ¿Qué medidas de ciberseguridad adoptará el municipio para resguardar el padrón de anfitriones? ¿Qué garantías de protección física dará a quienes sean víctimas de extorsiones por parte del crimen organizado o de funcionarios corruptos?
Sobre los servicios municipales: ¿Por qué cobran tan caro cuando el municipio no ofrece servicios básicos como agua, calles o seguridad? ¿No debería primero el gobierno municipal rendir cuentas antes de exigir más dinero a los ciudadanos?
Sobre los conflictos de interés: ¿hay algún acuerdo, explícito o tácito, entre el gobierno municipal y las cadenas hoteleras de Oaxaca? ¿Le han presionado desde la industria hotelera tradicional para que tome estas medidas en contra de Airbnb?
El silencio oficial ante estas interrogantes no es inocente; es elocuente. Cuando un gobierno no logra (o no quiere) transparentar los motivos, los mecanismos y los destinos de sus propuestas tributarias, la ciudadanía tiene toda razón en sospechar.
Oaxaca en una encrucijada: turismo, gentrificación y supervivencia económica de los ciudadanos
La gentrificación en Oaxaca es una realidad y es preocupante. Como resultado de la gentrificación, a través del turismo, se produce un cambio en los regímenes de propiedad o alquiler que desplazan obligatoriamente a los residentes del barrio hacia la periferia. «Se expulsan familias enteras del centro histórico porque ya no pueden costear las rentas que se disparan por el turismo».
Pero la respuesta no puede ser el ahogar económicamente a las familias oaxaqueñas que vieron en Airbnb una manera de resistir precisamente a ese desplazamiento. Muchos de los anfitriones actuales son simplemente familias locales que, al alquilar una habitación o un piso, pueden cubrir su propia renta o pagar deudas en una ciudad cada vez más cara.
El debate sobre Airbnb en ciudades patrimonio está abierto y es necesario. Ciudades como Barcelona, Ámsterdam o Berlín han desarrollado normativas inteligentes que intentan equilibrar el derecho de los ciudadanos a hacer dinero con el de conservar el tejido social urbano. Estas normas abarcan topes de días al año, zonas geográficas y mecanismos simplificados y de bajo costo para registrarse.
Lo que no vale es un esquema confiscatorio disfrazado de regulación, que pasa por encima de la legislación, no rinde cuentas sobre el destino de los recursos, somete a la ciudadanía a riesgos de seguridad y responde más a los intereses de los hoteleros que a una visión de desarrollo urbano sustentable.
Regulación inteligente vs recaudación depredadora
Hay formas de regular sin arruinar a los anfitriones locales como un registro simplificado y gratuito, se puede usar el portal estatal ya planificado en la reforma de noviembre de 2024, sin costos prohibitivos. Se pueden establecer Medidas de seguridad mínimas, que incluyan extintores, detectores de humo y señalización, todo ello comprobable con fotos en el momento del alta, sin necesidad de costosos dictámenes para inmuebles habitacionales que se rentan ocasionalmente.
Los anfitriones se pueden comprometer a límites, con un compromiso límite de cinco unidades ya recogido en la ley estatal para impedir que empresas se disfracen de anfitriones particulares. Evitar los impuestos escalonados y mantener el 3% actual del impuesto sobre estancias turísticas sin más cargas para anfitriones ocasionales. Limitar las licencias comerciales completas a aquellos que alquilen múltiples propiedades a largo plazo.
Otra medida importante sería la Seguridad de datos, se tendría que asegurar que el padrón no sea público y que esté resguardado con los más altos estándares de ciberseguridad. Y sobre todo el manejo de la una transparencia total, para hacer públicos periódicamente los ingresos generados por el registro de Airbnb y en qué se gastan, con auditorías ciudadanas.
Este tipo de regulación moderada beneficiaría a los habitantes locales sin acabar con una fuente de ingresos que para muchas familias oaxaqueñas representa la diferencia entre permanecer en su ciudad o tener que emigrar.
El final de la historia
La iniciativa del alcalde Raymundo Chagoya de normar plataformas como Airbnb merece ser analizada con toda la seriedad y el rigor con que se debe analizar cualquier iniciativa que pretenda gravar con millones de pesos a ciudadanos comunes. Las inconsistencias, las omisiones y la falta de transparencia en torno a este proyecto no son errores menores, son banderas rojas que la ciudadanía no puede pasar por alto.
Cuando un ayuntamiento quiere cobrar 100 mil pesos a familias que rentan ocasionalmente una habitación, cuando ya existe un impuesto desde 2018 y el Congreso del Estado aprobó una ley integral hace cinco meses; cuando el edil no informa en qué se gastarán esos recursos ni cómo protegerá los datos personales de los anfitriones; cuando toma medidas que parecen responder más a intereses hoteleros que a necesidades de ordenamiento urbano, todo este universo se convierte un tema de “seguridad municipal”.
Oaxaca necesita legislación inteligente para su sector turístico, no expropiación disfrazada de legalidad. Necesita transparencia en el manejo de los fondos públicos, no oscuridad conveniente. Necesita protección para sus familias locales, no políticas que las expulsen de su propia ciudad.
El alcalde Raymundo Chagoya está a tiempo de enmendar una terrible decisión. O puede aferrarse a un modelo que, al igual que el proyecto del SECEVI, tal como está propuesto, sólo favorecerá a los bolsillos de algunos funcionarios, a las grandes cadenas hoteleras y destruirá a cientos de familias oaxaqueñas.
La decisión es del “vecino” Chagoya. El deber de pedir explicaciones es nuestro.
El periodismo tiene la obligación de denunciarlo, este texto no es un ataque a un personaje público, a un partido político o administración, es una investigación de interés colectivo, ya que el tema afecta a cientos de familias capitalinas. Este artículo fue elaborado con base en declaraciones públicas del presidente municipal Raymundo Chagoya, documentos oficiales del gobierno del estado de Oaxaca, la reforma a la Ley de Turismo de noviembre de 2024, testimonios de anfitriones locales y fuentes especializadas en el tema de gentrificación turística.
*Afiliados al SINMCO
