Jueces federales, timoratos

*Abogado acusa a jueces federales de actuar con miedo ante los amparos promovidos contra el despido masivo de trabajadores del gobierno de Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 03 de Enero, 2025 (Fuente: Primera Línea, Jaime Guerrero y Agencias).- El abogado Jesús Matías Hernández, integrante del Colegio de Amparo «Dr. Ignacio Burgoa Orihuela» A. C. y defensor de algunos de los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Oaxaca que fueron despedidos a través del decreto 24, acusó los jueces federales de actuar con miedo o de querer tratar quedar bien con el gobierno estatal, porque en algunos casos han desechado los juicios de amparo promovidos contra este despido masivo.
En conferencia de prensa ofrecida este jueves, también aseguró que hubo amenazas hacia la mayoría de los notarios del estado para que se negaran a certificar los documentos de los trabajadores con los que acreditaban la legalidad de sus bases, a excepción, dijo, de dos “valientes notarios”, que sí lo hicieron, pese a las amenazas en su contra.
Además, dijo que algunos abogados tuvieron miedo de llevar los amparos de los trabajadores despedidos por temor a confrontarse con el poder político y gubernamental en Oaxaca, que ahora es encabezado por Salomón Jara Cruz.
Sobre la actuación de los jueces federales que desecharon algunos amparos, aseguró que los dos argumentos de estos, fueron que el Congreso del estado actuó como cualquier patrón y tiene la libertad de suprimir las plazas; y el otro, porque el decreto no causa perjuicios a los trabajadores despedidos sin decir con qué base sostienen esto.
El defensor afirmó que, todo parece que los jueces federales improvisaron o desconocen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desechar de esta manera los amparos.
En primer lugar, señaló que el Congreso del estado no es el patrón de los trabajadores despedidos, por lo cual no estaban dentro de sus facultades suprimirles sus nombramientos como empleados de base, porque el patrón es el Poder Ejecutivo; en segundo lugar, el decreto no sólo causa un perjuicio a las personas afectadas, sino también viola sus derechos humanos y una violación grave y manifiesta de la ley.
Ante la actuación de los jueces federales de amparo, informó que presentará una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal, pues “tenemos que endurecer la lucha jurídica”, manifestó.
Ex trabajadores de gobierno piden reinstalación, protestan en Palacio
Y es que, nuevamente, burócratas despedidos del gobierno del estado de Oaxaca salieron este jueves a las calles para demandar una nueva mesa de trabajo y ser reinstalados.
Este jueves protestaron en la sede del Palacio de Gobierno, exigiendo se respeten los acuerdos.
Denunciaron que hay muchos trabajadores que fueron despedidos y que son personas con alguna discapacidad o tenían más de 20 años laborando en el gobierno.
Consideraron que los beneficiados fueron personas que no cumplían con los requisitos, por lo que piden una nueva mesa de negociación.
Advirtieron que, de no ser escuchados, mantendrán sus movilizaciones en la capital de Oaxaca.
Se contemplaba que, después de la toma en Palacio de Gobierno, se trasladen a otras oficinas del gobierno del estado, como lo fue la Secretaría de Movilidad.
Hay que recordar que son 677 las plazas que no fueron reinstaladas dentro del gobierno del estado.
Favoritismo y complicidad denuncian burócratas que se quedaron sin plazas laborales
De este modo, burócratas despedidos por obtener plazas laborales irregulares, tomaron los accesos del palacio y dependencias del gobierno del Oaxaca.
El miércoles, el Consejero Jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, reiteró que las 1 mil 344 plazas laborales de burócratas del STPEIDCEO que fueron anuladas, sí son irregulares.
En mesas de negociación con la dirigencia se lograron restituir a 677.
Vázquez Sagrero refirió que hay jueces de distrito que han negado amparos de burócratas que pretenden anular el decreto aprobado por el Congreso para recuperar sus plazas.
Hoy, un grupo de personas que no fueron reincorporadas se concentraron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y tomaron el palacio de Gobierno de Oaxaca, el DIF y la SEMOVI, acusando abandono de sus dirigentes.
Afirmaron que no tienen distingos de colores, ideas político sindical o de partidos políticos para recuperar sus derechos sindicales.
Demandaron al secretario general del STPEIDCEO, Pedro Castillejos, retomar una mesa con el gobernador Salomón Jara Cruz.
También anunciaron que tomarían la bodega del DIF en donde se entregarían juguetes a los delegados.
Los trabajadores que no resultaron beneficiados en la lista del gobierno de Oaxaca con la cual se restituyó el trabajo, denunciaron favoritismo para hijos y familiares de líderes sindicales, así como para los allegados al gobernador.
En esta lista, dijeron, también se restituyó la base a los 10 trabajadores que eran sus representantes en las mesas de negociación entre el gobierno de Oaxaca y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STPEIDCEO).
“Si el gobierno de Oaxaca quería realmente sacar a los aviadores, no somos nosotros. Nosotros no somos los aviadores, porque a nosotros nos ha costado muchísimo tener nuestra base”, expresó Yamilet Matus, trabajadora de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.
Gabriela Pérez Santiago, quien durante 11 años ha trabajado en el Registro Civil de Oaxaca como personal de limpieza, afirmó sentirse burlada por sus dirigentes sindicales.
Tiene tres hijos que dependen de ella y, además, requiere de un tratamiento médico.
Afirmó que sus dirigentes sindicales le dijeron que no se preocupara, que iba a recuperar su base; pero no aparece en la lista.
“Yo pasé por muchas cosas para ganarme mi base, cuando estaba otra directora, yo iba hasta su casa a limpiar, y eso fue el sacrificio de mi base. Yo sí quiero que me regresen mi trabajo. Trabajaba en el registro civil, soy de limpieza y llevo 11 años y aquí estoy. Se burlaron de nosotros, me dijeron que sí me iban a ayudar, estuve día y noche, con el dolor de mis huesos, sin medicamentos, me dijeron que no me preocupara. La verdad, se burlaron de mi”.
Arnulfo tiene 30 años de servicio y es supervisor de obra; después de 25 años de trabajo obtuvo su nombramiento base, con el cual apenas lleva cinco años. Tiene una esposa y un hijo que continúa estudiando.
Entre los 677 trabajadores que aún no logran recuperar trabajo tras el despido masivo del gobernador de Oaxaca, hay personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas con tratamientos oncológicos, personas con antigüedad laboral, y algunos, incluso, a punto de jubilarse.
Traficantes de plazas detrás de protestas de burócratas, les preocupan las demandas por fraude que ya estarían formulando en su contra los afectados
Y es que, según se ha indicado, personajes como Norma Ramírez y Hugo Bazán, cómplices y protegidos de Juan Rafael Rosas Herrera, serían algunos de los oscuros personajes que impulsan las protestas para presionar al gobierno a que devuelvan las plazas suprimidas.
Lo que estos integrantes del cártel de las plazas buscan es librarse de las demandas y, además, evitar devolver las millonarias ganancias que durante años obtuvieron de manera ilícita de la base trabajadora, al amparo de Juan Rafael Rosas, alias “El Pelón”.
Junto a Amado Ramírez barroso, Marlén Plascencia García y Alberto Guerrero Hernández, este par alebresta las manifestaciones, pues los afectados ya han declarado que los van a demandar si no les devuelven su plaza o todo el dinero que por ella les pagaron.
Norma Ramírez, incluso, formó parte de las mesas de negociación con el gobierno, buscaba a toda costa recuperar las plazas que vendió, mucha de ellas a aviadores, al no lograrlo y preocupada por las carpetas de investigación que podrían estarse integrando por fraude en su contra, ahora recurre a la toma de oficinas y a las protestas en la vía pública.
Por eso los trabajadores afirman que el gobierno del estado se burla de los trabajadores de base del gobierno de Oaxaca; su Consejero Jurídico asegura que las 1344 plazas son ilegales, a pesar de haber restituido a 677 trabajadores, sin embargo los beneficiados son puros recomendados de funcionarios morenistas y de líderes del STPEIDCEO.
Es una pena que el gobierno siga mintiendo, pues se iba a dar prioridad a las personas con discapacidad para la devolución de las plazas, y las dejaron fuera y sin sustento.
Pero a quienes sí se les regresaron las plazas de base fueron a los recomendados de Juan Rosas Herrera (quien está detrás del desmadre en las elecciones de burócratas), y a Alejandro Avilés Álvarez, ex priistas y operador de Alejandro Murat. Todo es corrupción, nepotismo y complicidades en el gobierno jarista.
