En Oaxaca, el “Cártel del Despojo” se irá impune
Primera de cuatro partes
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 23 de Noviembre, 2022 (Fuente: Nere González / Plataforma Informativa Oaxaca).- A una semana que culmine la administración del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, las denuncias contra sus ex funcionarios acusados de despojos, suplantación de identidad, alteración de documentos notariales y manipulación de distintas dependencias públicas, quedarán apiladas en la impunidad, al no existir una sola detención de los involucrados.
De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Verdeja, el “Cártel del Despojo” en Oaxaca ha recurrido a desapariciones y asesinatos para poder adjudicarse de bienes con alta plusvalía.
Aunque el funcionario no reveló los nombres de los señalados, sí destacó la participación del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), el del Registro Civil y el de Notarios Públicos, entre otros.
“Su actuar va acompañado de diversos delitos, en ocasiones violencia física, donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad e, incluso, en los casos más extremos, privación de la vida, es decir, homicidio”, dijo Mejía Verdeja
Quiénes son y el modus operandi del “Cártel del Despojo”
El término “Cártel del Despojo” se le denominó al grupo de funcionarios públicos de la administración del gobernador Alejandro Murat, quienes, desde la Consejería Jurídica de Oaxaca, que encabeza el notario con licencia del Estado de México, José Octavio Tinajero Zenil, se confabuló en marzo de 2020 para desaparecer la identidad de tres hermanos de apellidos Gómez Conzatti y Martínez.
Lo anterior se fundamenta con base en la queja presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos y Pueblos de Oaxaca (DDHPO), por los hermanos Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti y Martínez y en la carpeta de investigación 34584/FVCE/OAXACA/2020.
Ahí, las víctimas escudriñaron la forma en que operó el Registro Civil de Oaxaca y el IFREO para desaparecer sus identidades e intentar facilitarle al Notario Público número 135, Jorge Alberto Gómez Merlo, la apropiación de diversos bienes inmuebles que les fueron heredados.
En las denuncias públicas aparecen José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca; Christian Hernández Fuentes, titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca durante el periodo de materialización de los actos que se señalan (2020); Jorge Armando Zarate Medina, Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (2020); José Antonio Lara Rodríguez, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca; y Gilberto Gamboa Escobar, Director del Instituto de la función Registral del Estado de Oaxaca.
Todos ellos relacionados directamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde, además de cargos en el servicio público, han intentado obtener una curul en el Congreso del estado de Oaxaca.
Además, se enlistan a otros funcionarios como Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del estado de Oaxaca (2017-2020); Juan Gabriel Rodríguez Matus, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil del estado de Oaxaca.
Tras ventilarse el caso de los hermanos Gómez Conzati y Martínez en 2020, se dio una escalada de denuncias en contra de los mismos funcionarios, a quienes calificaron como el “Cártel del Despojo”, y que abrió las puertas para visibilizar la corrupción que impera en los despachos notariales de la entidad.
Tribunal de Oaxaca, sin liberar órdenes de aprehensión
Segunda de cuatro partes
A dos años del caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez y, pese al anuncio de las órdenes de aprehensión que realizó el pasado mes de agosto el Fiscal General de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) no las ha emitido.
En entrevista con esta reportera, Caleb Gómez Conzatti y Martínez hizo votos para que el presidente del TSJO, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, instruya a los jueces emitir las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de primer nivel involucrados en la desaparición de su identidad y la de sus hermanos.
“Nosotros presentamos dos denuncias, de ahí desprenden varias carpetas de investigación que, por los hechos, el Tribunal debería emitir unas seis órdenes de aprehensión contra los directivos de las dependencias involucrados, no a servidores públicos menores, sino quienes estuvieron al frente de las dependencias, porque solamente con su anuencia se pudieron realizar estos delitos”, sentenció Caleb Gómez Conzatti y Martínez.
Desplazamiento forzado ante amenazas
La víctima agregó que las amenazas e intimidaciones no han cesado, por el contrario, tras darse a conocer el modus operandi de los políticos y fedatarios, se vio obligado a salir de la capital de Oaxaca, lo que calificó como un desplazamiento forzado.
“Mientras yo me la vivo escondido por el miedo, los delincuentes se pavonean con el gobernador en los diferentes eventos; cada día que pasa sin ser detenidos es un día más de impunidad; esta administración termina el 30 de noviembre y se van a ir sin castigo los integrantes del ‘Cartel del Despojo’, y no sólo es eso, sino que está en juego la vida de las víctimas”, reiteró Caleb, al exigir al TSJO garantice las condiciones para que los jueces liberen las fichas de las detenciones.
Esquema de corrupción, notarios y políticos gozan de impunidad
Con base en la información de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO), de marzo de 2021 a julio de 2022 se documentaron mil 467 carpetas de investigación por la apropiación ilegal de bienes inmuebles, de ellas, un 14.5 por ciento, es decir, 213 de las carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
El esquema de corrupción que se documentó en la desaparición de identidad de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez se ha replicado en otros grupos políticos y despachos notariales, quienes, pese a los señalamientos, gozan de impunidad, al no concretarse alguna orden de aprehensión.
A la lista de servidores públicos, políticos y familias de renombre en Oaxaca, que se dedican a suprimir identidades, revivir muertos, intimidar, amenazar para concretar los despojos, se agregan los notarios Públicos Omar Abacuc Sánchez Heras (notaría número 38); José Jorge Enrique Zarate Ramírez (84); Alejandro Vidaña Luna (106); Jorge Merlo Gómez (135); Eduardo García Corpus (105); Patricia Villanueva Abraján (124); y Rafael Avilés Álvarez (133), hermano de Alejandro Avilés Álvarez, ex candidato a gobernador y uno de los principales operadores políticos del PRI en el estado.
A ellos se les denuncia por operar sigilosamente, en complicidad con los interesados que buscan engrosar sus riquezas, a través de los bines inmuebles con alto valor económico, de los que buscan apoderarse de forma ilícita.
En las investigaciones que tiene la Fiscalía General, detalla que, primero, ubican una propiedad que les resulta atractiva por la plusvalía, por la zona en que se encuentra o, incluso, presumiblemente por no tener un propietario visible; indagan en los registros públicos, catastro y en el Registro Civil y, a partir de la colusión con los notarios, simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios de estos inmuebles.
“Una vez que proceden a hacer este cambio, esta simulación, hacen inscripciones precautorias en el Registro Público de la Propiedad, en Catastro y modifican las escrituras. En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes que opera para, en colusión con servidores públicos y notarios, alterar las escrituras y las inscripciones registrales”, agregó Mejía Verdeja.
El funcionario agregó que el esquema de corrupción ha revelado que seis notarios estarían involucrados en el asesinato de la panista Ivonne Gallegos y del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez, ocurridos en marzo y septiembre de 2021, respectivamente.
“Por estos hechos servidores públicos y al menos seis notarios se encuentran vinculados a actos de despojo en el estado de Oaxaca”, subrayó el servidor público federal, al agregar que el asesinato de Carlos Eduardo López, operador político de Antonino Morales Toledo, brazo derecho del gobernador electo, Salomón Jara Cruz, también obedece a un tema de despojo.
En respuesta, el notario número 100, David Vásquez Urdiales, dijo que los señalamientos tienen un trasfondo y se trata de quienes buscan el control de la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano: “esas versiones en contra del notariado oaxaqueño son excesivas y de mala fe”, dijo, al defender a su gremio y referir que las leyes están para cumplirse y que no se frivolice el actuar del TSJO.
Vásquez Urdiales es uno de los notarios que recientemente firmó un convenio de colaboración con el morenista y presidente de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, para la elaboración gratuita de testamentos, al señalar que es un apoyo a la ciudadanía.
Abren más investigaciones
Tercera de cuatro cartes
Por otra parte, el Fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, señaló que existen 22 investigaciones en el Registro Civil de Oaxaca por suplantación de identidad para robar propiedades, al tiempo de admitir que no existe certeza jurídica de la tenencia de la tierra en la entidad, por lo que se ha acrecentado este tipo de delitos.
“Sí hay investigaciones, yo no calificaría como el ‘Cártel del Despojo’, porque no todos los casos tienen una conexión, son de diferentes grupos y un cártel opera en conjunto; en este caso de los despojos, son diferentes los involucrados, pero se está investigando, hay cinco denuncias contra funcionarios y 22 investigaciones abiertas al Registro Civil y contra quienes resulten responsable”, sostuvo.
Al hilo de lo expuesto, la 65 legislatura de Oaxaca pidió a las instancias correspondientes garantizar el Estado de Derecho, al aplicar las órdenes de aprehensión que han sido anunciadas desde tribuna del Congreso local.
“Quien es capaz de alinear al Registro Agrario Nacional, al Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), el Instituto Catastral del estado de Oaxaca (ICEO), Registro Civil, también puede doblar un juez, cuyo núcleo principal de intereses está supeditado al poder local”, dijo la legisladora Rosalinda López García, a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que atraiga, no sólo el caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, sino los otros caso que están documentados.
Las otras víctimas de despojo en Oaxaca
Desde el 2008 se denunció a la familia liderada por Antonio Mendiola Cottier, allegados también a políticos priístas, quienes, a través de documentos falsos, se han adueñado de diversas propiedades, la última denuncia 8343/FVCE/Oaxaca/2022, fue por el intento de despojo de una propiedad ubicada en la agencia de San Felipe del Agua, zona residencial de la capital de Oaxaca, donde ingresaron con personas armadas.
A este hecho se sumaron testimonios, como el de Adriana Ricárdez, quién relato que el martirio de su familia comenzó en el 2008: “tuvimos la visita de los Mendiola Cottier y un abogado que los representaba, a la oficina del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Oaxaca, argumentando ser dueños de un predio en Playa Panteón que en realidad es nuestro de hace más de 40 años.
Presentaron una demanda a la Procuraduría de la Reforma Agraria, donde les contestaron que, al ser una propiedad comunal, no les competía a ellos, sino a las autoridades comunales de dicho municipio, por lo que nos convocaron a un careo con los Mendiola Cottier en las oficinas de Bienes Comunales en presencia de la licenciada, representante de la Reforma Agraria.
Al terminar dicha reunión, la licenciada se marchó molesta, pues los Mendiola alegaban no tener ningún documento original, más que una constancia de su padre y sólo copias notariadas, así es su modus operandi, certifican con notarías copias manipuladas. Nosotros presentamos toda la documentación que acredita nuestra posesión pacífica y continua durante más de 40 años, así que desistieron por un par de años, pero después volvieron con gente armada a querer amedrentarnos”.
Así como Adriana Ricárdez y los hermanos Gómez Conzzati, hay otras mil 400 carpetas de denuncias por despojo que podrían quedar impunes, advirtieron las víctimas, al reclamar la opacidad de las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
“Esta administración estatal terminará sin castigo a los responsables directos, que son servidores públicos, políticos y fedatarios, mientras tanto, las víctimas seguiremos con el peligro de que en cualquier momento nos hagan algo; en mi caso, hago responsable al notario Jorge Merlo de lo que me llegue a suceder”, dijo Caleb Goméz Conzatti durante la entrevista.
Sobre el “Cártel del Despojo” se está trabajando, responde el fiscal Arturo Peimbert
Cuarta de cuatro partes
Al ser cuestionado sobre la dilación de los procesos y la impunidad, el Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, señaló que están trabajando para esclarecer todas las carpetas de investigación, no obstante, se limitó a dar detalles, al argumentar que la ley se lo prohíbe.
“Sí puedo decir que, en relación con el despojo de inmuebles, nos encontramos con una realidad y una mecánica sui generis, que se presenta, no sólo en la capital, sino en diversas ciudades del estado. En esta forma de delinquir encontramos la participación de fedatarios, abogados, corredores públicos, autoridades comunales y ejidales, autoridades registrales, autoridades municipales y, en ocasiones el propio crimen organizado”, explicó.
Abundó que este tipo de hechos ha aumentado en la región del Istmo, debido al crecimiento de la plusvalía, derivado del proyecto de desarrollo del Corredor Interoceánico y los beneficios económicos que puede representar la tenencia de la tierra, y en la zona de la Costa por la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos.
Pero, pese a estas declaraciones, no existen detenidos, por lo que la responsabilidad recae en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, toda vez que, tienen “el balón en la cancha” para instruir la captura de los principales operadores del “Cártel del Despojo”.
