Urge DDHPO esclarecer agresiones contra activistas

Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 23 de Septiembre, 2020 (Fuente: Comunicado).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió el esclarecimiento de las agresiones cometidas contra activistas y personas defensoras de derechos humanos, pues ello, además de garantizar justicia a las propias víctimas, permitirá hacer factible el derecho a la memoria y a la verdad de nuestra sociedad.

En ese sentido, la DDHPO se pronunció por el respeto y reconocimiento al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, activistas, colectivas y líderes sociales, además de alertar que ante el contexto de pandemia por Covid-19, este sector se encuentra doblemente expuesto.

Para la DDHPO son preocupantes las agresiones de defensores, activistas y dirigentes sociales en la entidad, el más reciente de ellos, apenas el 24 de agosto contra el líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) Tomás Martínez Pinacho, en el marco de una serie de protestas efectuadas por dicha agrupación.

Por ello, la DDHPO hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia para esclarecer a la brevedad los casos, mediante una investigación exhaustiva, que incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos y permita llevar a los responsables ante la justicia.

Para la DDHPO, la impunidad, las amenazas y agresiones contra quienes defienden los derechos humanos, fomentan la repetición de estos terribles hechos, por lo que solicitó investigarlos de manera pronta y diligentemente, considerando en las investigaciones la labor de defensa de los derechos humanos.

En los últimos tres años, la DDHPO ha iniciado 85 investigaciones relacionadas con agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, de las cuales 32 corresponden a quejas y 53 a Cuadernos de Antecedentes (CA), siendo las autoridades más señaladas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Ayuntamientos, Servicios de Salud de Oaxaca e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tan solo entre enero y hasta el 21 de septiembre de este 2020, la Defensoría abrió 15 expedientes relacionados con agresiones cometidas contra personas defensoras, siendo las principales quejas las agresiones, omisiones de trato digno y falta de acceso a la salud.

La Defensoría de los Derechos Humanos reiteró que las personas defensoras se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Además, que, de manera personal o colectiva, abordan problemas de derechos humanos que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitrarias, la discriminación, las cuestiones laborales, la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente, así como de la igualdad entre hombres y mujeres.

Las personas defensoras de derechos humanos requieren que su derecho constitucional a la libertad de manifestación de ideas sea respetado y protegido en su totalidad, ya que permiten hacer visibles las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y dirigir o redirigir las políticas públicas.

Ante ello, el organismo sostuvo que se mantendrá observante de la protección de las y los defensores, activistas, colectivas, dirigentes sociales y líderes de organizaciones, para evitar que se registren agresiones en su contra.

Y pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, adoptar medidas para garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y el activismo social, incluida la protección y la prevención de las agresiones, siendo el combate a la impunidad, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las agresiones, las principales medidas preventivas.

En este sentido, la DDHPO reiteró las medidas cautelares dictadas a favor de distintas organizaciones, entre ellas el FPR, al considerar que sus dirigentes e integrantes podrían encontrarse en riesgo, tras el ataque armado del pasado 24 de agosto en el que perdió la vida uno de sus líderes y otra persona más resultó con lesiones, y evitar con ello, violaciones a sus derechos humanos.