Investigan a oaxaqueños por corrupción
Oaxaca, Oaxaca, Jueves 27 de Febrero, 2020 (Fuente: Agencias).- Se confirma que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está realizando una investigación cuidadosa y exhaustiva de tres políticos oaxaqueños: Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Eviel Pérez Magaña y Antonio Amaro Cancino, mismos que están en la mira de las autoridades federales, debido a que en una investigación preliminar les fueron detectados diversos actos de corrupción en su paso por las dependencias federales en las que colaboraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentará un desastre millonario en Liconsa, donde Héctor Pablo Ramírez fue Director General. Sobreprecios, compras fantasma, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, fueron algunas de las irregularidades detectadas.
De acuerdo con la ASF, suman más de 2 mil millones de pesos no justificados o que fueron erogados sin la documentación probatoria en 2018, que es donde se involucra a Eviel Pérez Magaña, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La empresa fue encabezada por Héctor Pablo Ramírez Puga de diciembre de 2012 a febrero de 2018, y después por el también oaxaqueño Abelardo Manzo González, exsenador del PRI y quien se desempeñaba como director general de Opciones Productivas, bajo las órdenes directas de Eviel Pérez Magaña.
Por su parte, Pérez Magaña estaría involucrado en una peor situación, ya que es investigado por algo más grande que la llamada estafa maestra, ya que se le involucra por terminar de saquear la SEDESOL y tapar tanto sus acciones como el cierre del sexenio de corrupción.
Ahí es donde entra el tercer oaxaqueños, Antonio Amaro Cancino, quien fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano, y quien habría ayudado a su jefe Eviel para realizar el desvío de recursos por medio de asociaciones civiles registradas en el padrón y que cubrían los requisitos de tener claves CLUNI, para realizar depósitos de entrega de recursos en sus cuentas bancarias.
Finalmente, ese dinero era retomado por una decena de empresas outsourcing, que ayudaban a limpiar y liberar el recurso para posteriormente repartírselo entre los involucrados.
Esos son los motivos y la rede de corrupción que formaron estos tres deshonestos oaxaqueños, quienes aprovecharon sus puestos para beneficio propio.
Detectan en Liconsa transa por 2 mil mdp
De este modo, Liconsa, empresa del Gobierno Federal que se publicita como dependencia con responsabilidad social, conformada por capital humano de excelencia, benefició con miles de millones de pesos… a sus directivos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un desastre millonario en Liconsa durante el último año de la Administración de Enrique Peña Nieto.
Sobreprecios, compras fantasma, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, son parte de las irregularidades detectadas en ese organismo, entonces dependiente de la SEDESOL, primero a cargo de Rosario Robles y después del oaxaqueño Eviel Pérez Magaña.
Erogación sin pruebas
De acuerdo con la ASF, suman más de 2 mil millones de pesos no justificados o que fueron erogados sin la documentación probatoria en 2018.
La empresa fue encabezada por Héctor Pablo Ramírez Puga de diciembre de 2012 a febrero de 2018 y después por el también oaxaqueño Abelardo Manzo González, exsenador del PRI y quien se desempeñaba como director general de Opciones Productivas, bajo las órdenes directas de Eviel Pérez Magaña.
Entre las irregularidades halladas por la ASF, se reportó por ejemplo que Liconsa no comprobó el gasto de mil 441 millones de pesos de las partidas “Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima”.
Corrupción en Cruzada contra el Hambre de EPN
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga irregularidades en el programa de Comedores Comunitarios, clave en la Cruzada contra el Hambre que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto, debido a un presunto mal manejo de mil 323 millones de pesos.
La antigua Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dependencia responsable de los comedores comunitarios, está bajo la lupa por ese tema, además de DICONSA, la red de abasto que se encargaba de equiparlos y entregarles alimentos.
Parte de la investigación de la Función Pública se centra en 15 facturas con valor de 311 millones 940 mil pesos, las cuales fueron emitidas durante 2018 y no tienen vales para comprobar que DICONSA entregó todos los bienes por los cuales se le pagó.
Entre esas facturas destaca la número DDFFTC10002050, en la que incluso se observan compras que nada tienen que ver con el servicio de alimentación.
El documento, copia en poder de El Universal, comprueba que Desarrollo Social realizó un desembolso de 69 millones 468 mil pesos a cambio de 285 mil playeras de cuello redondo.
De igual forma se pagaron 40 millones 968 mil pesos por 285 mil gorras y se gastaron 3 millones de pesos en 2 mil portapasaportes.
La SEDESOL entregó a DICONSA un millón 856 mil 250 pesos a cambio de 2 mil 700 camisas.
La dependencia pagó 798 mil pesos por mil 600 agendas y realizó otro gasto de 700 mil pesos por 800 agendas con memorias USB.
La SFP no sólo indaga estas compras que se realizaron con dinero supuestamente destinado a alimentar a la población más vulnerable del país, sino que también encontró que todos estos objetos fueron comprados a sobreprecio:
Se llevó a cabo un análisis de precios, a través de un sondeo de mercado con diversos proveedores, como resultado se observó que existe un sobreprecio en los conceptos pagados en esta factura que representa un 89.87%”, señaló.
En los documentos se expone que DICONSA pagó mil 500 pesos por cada portapasaporte, mientras que en el mercado estos bienes tienen un costo de 400 pesos.
En el caso de las agendas con memorias USB, cada una tiene un valor de 600 pesos y la SEDESOL gastó 875 pesos por unidad.
En cuanto a las camisas se destinaron 687 pesos para cada una, mientras que en el mercado su valor es de entre 259 y 309 pesos. Por gorra se pagaron 143 pesos, siendo que su costo oscila entre 89 y 119 pesos.
El resto del dinero se usó para comprar —también a sobreprecio— mandiles y pañoletas de gabardina para comedor.
En 2018, año en el que se basa la investigación de los comedores comunitarios, hubo dos responsables en la SEDESOL: Luis Miranda Nava y, a partir del 10 de enero de 2018, el sexenio en la dependencia fue cerrado por Eviel Pérez Magaña.
Ambos llegaron a ocupar el mismo cargo que Rosario Robles Berlanga, acusada de desviar más de 5 mil millones de pesos.
Detectan más inconsistencias en facturas
Los comedores comunitarios comenzaron a operar durante el sexenio anterior y hasta agosto de 2018 tenían registrados a 612 mil 406 beneficiarios, de los cuales, 362 mil 144 eran mujeres y 250 mil 262, hombres.
Se sabe que en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto había 5 mil 626 comedores comunitarios en 869 municipios del país.
En el Estado de México había más (2 mil 9), seguido de Guerrero (mil 200), Michoacán (500), Chiapas (431) y Veracruz (261).
Esos sitios se distinguían porque cobraban sólo 10 pesos a los ciudadanos para que accedieran a una comida completa; sin embargo, este programa social fue concluido luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que había casos de corrupción.
