Con jueces minados buscan dominar al Poder Judicial

*Buscan debilitar con jueces dóciles el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho, advirtieron jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación

*La Asociación Nacional de Magistrados del PJF manifestó que no permitirá la emisión de propuestas que afecten la institucionalidad, el gobierno judicial y su operatividad, sin considerar la autonomía e independencia del PJF, en condiciones de igualdad con los otros Poderes de la Unión

*“En un auténtico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie, salvo la sumisión a la Constitución y a los Tratados Internacionales”, señalan

Mario GIRÓN

Oaxaca, Oaxaca, Martes 11 de Diciembre, 2018.-Riesgos y amenazas como resultado de diversas leyes e iniciativas de ley que en el fondo esconden la verdadera intención: debilitar con jueces dóciles el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho, advirtieron este lunes jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

Por lo que, representantes en Oaxaca de la Asociación Nacional de Magistrados del PJF, manifestaron que, como asociación, no permitirán la emisión de propuestas que afecten la institucionalidad, el gobierno judicial y su operatividad, sin considerar la autonomía e independencia del PJF, en condiciones de igualdad con los otros Poderes de la Unión.

“En un auténtico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie, salvo la sumisión a la Constitución y a los Tratados Internacionales”, se destacó.    

En un encuentro inédito, celebrado minutos antes de las nueve horas de este lunes en la sede del PJF, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, entre representantes de diversos medios de comunicación con jueces y magistrados, advirtiendo peligro, denunciaron riesgos y amenazas que podrían minar la autonomía institucional y personal si cambian las reglas de un histórico funcionamiento de frenos y contrapesos entre los poderes de la República.

En la lectura del posicionamiento público, el magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, José Luis Legorreta Garibay, agregó:

“Contra esos riesgos y amenazas estamos en pie de lucha por la defensa del Estado de Derecho y seremos los primeros en actuar para que se fortalezca el Poder Judicial, pero en el marco de la propuesta que sea transparente y suficientemente amplia para revisar instituciones, prácticas, recursos y medio de los que disponemos”.

Damas y caballeros distinguidos con un moño blanco en el hombro derecho, calificaron de simbólica la presentación pública de ayer, en pie de lucha:

“Coincidió con la conmemoración del Día mundial de los derechos humanos que coincide con los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una protección nacional e internacional muy amplia que hoy día coloca a la persona humana y su dignidad en el centro de la acción pública”.

En la entrada principal de la sede local del PJF, Legorreta Garibay, reconoció:

“Hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y hacer viva la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo de guardar y hacer guardar nuestra Constitución”.

Recordó:

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de único interés un mero asunto de salarios y desviar la atención de lo que es realmente, que es el juez independiente e imparcial, no sólo como persona, sino como funcionario que personifica al Poder Judicial, quien tiene la última palabra para el control del poder, para garantizar el respeto a la Constitución y las leyes y las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos”.

Recordó: “como juzgadores de carrera, formados tras años de servicios, capacitación constante y diversos concursos de oposición, designados por méritos propios, tenemos el compromiso y estamos obligados a cumplir y hacer cumplir el imperio de la ley a través de nuestras resoluciones”:

“Como ejemplo tenemos las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida la Ley de Seguridad Interior o la que califica como discriminatoria y violatoria la ley que excluye a las trabajadoras domésticas del régimen de seguridad social o la que cautelarmente suspende la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que ha sido combatida mediante la acción de inconstitucionalidad”.

Legorreta Garibay explicó que como Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, “hemos impulsado una muy amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del PJF, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación”.

Por lo que, añadió, estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intensión: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.

Quienes lo hacen, advirtió, no sólo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los juzgadores federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa.

El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, dijo, haciéndolas pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.