Evalúan ley para proteger a mezcaleros

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Domingo 03 de Abril, 2022 (Fuente: Comunicado).- Las y los integrantes del Congreso del Estado evalúan promulgar la Ley del Maguey Mezcal, la cual tiene por objetivo fortalecer las condiciones de producción de las y los mezcaleros de Oaxaca.

El mezcal es un patrimonio vivo del estado y es definido como una bebida artesanal que es símbolo de identidad cultural con características y formas de consumo determinadas por cada región del estado.

En los últimos años se han multiplicado las marcas, muchas de ellas extranjeras y de otras entidades del país, por lo que es de gran importancia dar un valor jurídico y económico a la autenticidad del mezcal y al precio del futuro maguey.

En este proceso deben intervenir las instituciones públicas como lo son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura del Estado de Oaxaca y trabajar de manera coordinada con las y los productores de maguey y mezcal para otorgar certificaciones de autenticidad.

Las y los mezcaleros oaxaqueños, señalan lo complicado que es negociar con grandes empresas que cuentan con gran solvencia, a diferencia de la necesidad que tienen ellos, de generar ingresos para satisfacer las necesidades familiares.

Es por ello, que, de aprobar esta reforma la 65 Legislatura local, estaría fortaleciendo la capacidad de negociación de las y los productores de maguey y mezcal.

El crecimiento de la industria mezcalera ha provocado problemas ambientales como la utilización de leña y generación de residuos, por lo que es de suma importancia tener las condiciones necesarias para no generar daños ambientales.

Esta ley propondría un sistema de cuotas en especie establecidas a partir de los niveles de producción de maguey y mezcal, no se trata de generar ingresos o establecer medidas de recaudación, se trata de sembrar árboles y de construir infraestructura para el reciclaje y saneamiento.

Esta iniciativa de ley fue presentada por el diputado Noé Doroteo Castillejos y turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal.

Examina Poder Legislativo sanciones a quienes defrauden con propiedad pública

En tanto, las y los diputados integrantes del Congreso de Oaxaca examinan la propuesta de castigar a quien cometa el delito de fraude, al obtener lucro o beneficio económico prometiendo otorgar, vender, ceder, rentar, traspasar, licitar u otorgar derechos de cualquier forma sobre un espacio de propiedad pública, bienes del dominio público o de uso común.

Esta iniciativa contempla la sanción de prisión de siete a catorce años y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien cometa esta falta.

Si el fraude lo comete un servidor público, aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, la pena se aumentará hasta un tercio del mínimo y del máximo, se le destituirá del cargo, comisión o nombramiento y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

En el caso de Oaxaca, existen infinidad de quejas y manifestaciones de ciudadanos que denuncian el acaparamiento, venta, rentas, apropiación y monopolio de diferentes espacios públicos.

Se violentan diversos principios como el derecho a la ciudad, equidad e inclusión, protección, progresividad del espacio público y todo lo relativo a la accesibilidad universal que debería estar presente en la gestión de cualquier ciudad, comunidad o población.

En caso de aprobarse la iniciativa, se adicionaría la fracción IV y un segundo párrafo al artículo 380 del Código Penal para el Estado de Oaxaca.

La propuesta fue presentada por la diputada Lizett Arroyo Rodríguez y el presidente del Frente Ciudadano por el Rescate del Centro Histórico, Francisco Jorge Sánchez y fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.

Estudian en Congreso reformar ley para ampliar

información en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

Por otra parte, el Congreso local revisa la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, para que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) amplíe su información pública sobre las acciones emprendidas contra el maltrato hacia ellas.

Analizan que se publiquen en sus páginas oficiales las investigaciones sobre las causas, características y consecuencias de la violencia contra las mujeres, para que puedan ser consultadas por la ciudadanía.

También, que se den a conocer las evaluaciones de las medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, mismas que deberán de actualizarse de manera trimestral.

Para ello, se propone reformar el segundo párrafo de la fracción X del artículo 58 de la citada ley.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada Eva Diego Cruz y el congresista Samuel Gurrión Matías, la cual es analizada por la Comisión Permanente de Igualdad de Género.

Analiza Congreso exigir vacunación contra el

COVID-19 para personas en situación de calle

En tanto, a fin de proteger a la población ante la pandemia por la COVID-19, las y los integrantes de la 65 Legislatura, analizan el exhorto que enviarían al titular del Ejecutivo estatal, para implementar campañas de vacunación para personas en situación de calle.

Dichas personas integran un grupo diverso que se encuentran en el abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute en su bienestar.

Tras realizar un censo de personas que viven en situación de calle, las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, informaron que actualmente existen 230 indigentes que deambulan en las diferentes calles de la ciudad capital.

Por lo que esta propuesta de la 65 Legislatura, es de suma importancia para preservar la salud de todas y todos los oaxaqueños, y considera necesario que a través de la Secretaría de Salud se atienda a las y los adultos, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, ya que este grupo de población no ha sido vacunado contra la COVID-19 y se considera un problema de salud pública.

Esta propuesta fue presentada por el diputado Víctor Raúl Hernández López y las legisladoras Ysabel Martina Herrera Molina y Minerva Leonor López Calderón, turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Salud.