Atiende INPI a los olvidados, los indígenas
*El Instituto construye una nueva relación entre Estado mexicano y pueblos indígenas
Mario GIRÓN
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 06 de Diciembre, 2019.- A un año de su creación como organismo público descentralizado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha cumplido con el mandato presidencial de dar un trato preferencial a los más humildes y olvidados, en especial a las comunidades indígenas de todo el país.
Programas sociales y obras de infraestructura, entrega de recursos públicos directo a las autoridades de usos y costumbres, rescate al sector salud en las comunidades más apartadas y la gira de trabajo que está realizando el presidente de la República para sostener un diálogo abierto y directo con los pueblos indígenas y Afromexicano, son una realidad en esta primera etapa.
“Hemos trabajado en definir, normar, establecer y ejecutar todas las políticas, programas, proyectos y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano, su desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”, informó el director general del INPI, Adelfo Regino Montes.
Refirió que, desde la creación del organismo, se parte de la premisa de que los pueblos indígenas y Afromexicano son reconocidos como sujetos de derecho público, que ejercen su libre determinación y autonomía, y cuentan con la capacidad para definir libremente sus procesos de desarrollo y bienestar, con respeto a sus culturas e identidades.
La creación del INPI hace un año, fue un acto de elemental de justicia social y un primer paso hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano en la Constitución y leyes del país, por lo que se han impulsado acciones tendientes a consumar este anhelo de los pueblos indígenas.
En este contexto, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el Instituto convocó en los meses de junio, julio y agosto a los 68 pueblos indígenas y Afromexicano, al proceso de consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional en materia de sus derechos fundamentales.
El pasado 9 de agosto, tras la realización de 54 foros de consulta se entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador los resolutivos y el pronunciamiento general, para avanzar con la integración de la iniciativa de reforma que se enviará al poder legislativo para su discusión.
Y es que la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y Afromexicano, parte del carácter de otorgarles el reconocimiento jurídico como sujetos de derecho público, además de –en un marco de coordinación– impulsar el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales, su autodeterminación, tradiciones, cultura y formas de elegir a sus autoridades comunitarias.
En este marco, el Programa de Derechos Indígenas (PRODEI) brinda atención focalizada y especializada, partiendo del reconocimiento del carácter colectivo de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones e incorporando abogados comunitarios de derechos indígenas, así como a promotoras de género que impulsan el desarrollo y bienestar de las mujeres.
Cabe destacar que el Instituto plantea la asignación directa de recursos a los pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanos, instituciones indígenas, núcleos agrarios e instituciones académicas; con lo que se deja atrás la intervención de terceros y se transparenta la entrega efectiva de los recursos a las y los beneficiarios.
Uno de los programas estratégicos del gobierno federal en beneficio directo para los pueblos indígenas es la construcción de caminos de concreto a las cabeceras municipales, que en su etapa inicial fue constatado por el presidente López Obrador el 22 de diciembre de 2018 en la comunidad zapoteca de San Juan Evangelista Analco, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca.
Los trabajos que se vienen realizando en zonas de complicada orografía, con la asesoría técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), benefician ya a 108 municipios de Oaxaca con la entrega de recursos públicos de manera directa a las autoridades que fueron electas por el principio de sistemas normativos internos.
De esta manera, con respeto a la autonomía de los municipios, son los propios pueblos, comunidades y autoridades, quienes asumen la ejecución de las obras camineras, lo que permite generar empleos con mano de obra calificada de mujeres y hombres de las comunidades indígenas, donde muchas veces, al no tener oportunidades, emigran a otras partes del país y el extranjero.
