21 años de impunidad
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 17 de Julio, 2019 (Fuente: Comunicado).- Fui detenido-desaparecido el miércoles 15 de Julio de 1998 a las 11:30 de la mañana en la agencia municipal de San Felipe del Agua de la ciudad de Oaxaca.
Eran cuatro individuos que iban en un Tsuru color rojo casi nuevo, recuerdo solamente las tres primeras letras de las placas, THD. Eran elementos de la entonces Judicial del Estado provistos de armas cortas, radios de comunicación y esposas.
Sin ninguna explicación se abalanzaron sobre mí, opuse una feroz resistencia puesto que no mostraban ninguna orden judicial y cuando por fin lograron esposarme y cubrirme la cabeza con mi propia playera para introducirme al asiento trasero se acercó una señora a preguntar qué pasaba: le grité que me secuestraban y le dije mi nombre, desde la cajuela se oyó una voz desesperada que decía: “¡Yo soy Simón Antonio Juárez!”.
Metieron mi cabeza en medio de los dos asientos delanteros y se sentaron sobre mí partiendo con rumbo desconocido, posteriormente hablaron por teléfono y me cambiaron a una camioneta tipo suburban que no pude ver.
Ya no sentía el cuerpo por tanto dolor cuando llegamos a una casa que creí que era la Procuraduría, me habían despojado ya de $1,500.00, mi reloj, el teléfono celular, licencia de manejo, una credencial de descuento de la zapatería Andrea, una credencial de la guardería Garabatos donde llevábamos a nuestro hijo, mis zapatos, el cinturón y una gorra. Me bajaron a golpes del vehículo advirtiéndome que no abriera los ojos, empezaban así 25 infernales días de torturas físicas y psicológicas pretendiendo obligarme a que me confesara comandante del Ejército Popular Revolucionario, EPR.
¡No lograron ni un tiro!
Gobernaba el Estado Diódoro Carrasco Altamirano, su Secretario General de Gobierno era, casualidades de la vida, el licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud. No vale ni siquiera pensar que no supo cómo se orquestó la guerra contra los Loxichas, cómo operó el entonces Procurador General de Justicia del Estado Roberto Pedro Martínez Ortiz o el comandante de la Judicial del Estado, José Trinidad Rodríguez Ballesteros: todos gozan del pago a sus servicios y de impunidad.
Trece meses en el Centro Regional de Readaptación Social de Matías Romero, cinco en la Penitenciaría Central de Oaxaca y quince en el CEFERESO #1 mejor conocido como “Almoloya” en el Estado de México nos llevaron demostrar mi inocencia.
Desde 1996 las y los zapotecos de la región de los Loxicha han vivido la represión permanente con Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y el tigrito, Alejandro Murat Hinojosa: el genocidio contra los indígenas en Oaxaca simplemente obedece a una cuestión de Estado.
Por eso, frente a la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado de la población, la tortura, la prisión política y feminicidios que alcanzan a periodistas, líderes sociales, profesores, estudiantes, defensoras y defensores de derechos humanos se echa mano del argumento de seguridad nacional mientras se premia y protege a los asesinos.
Los crímenes cometidos por el Ejército, los policías, los grupos paramilitares, los narcoparamilitares y matones a sueldo son responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y federal; así, son responsables también el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial ya que obedecen a una razón de Estado, esos crímenes terminarán cuando se les acabe la impunidad.
Para lograr que esa impunidad se termine, 21 años después de aquella desaparición forzada, 18 años 02 meses después de salir de prisión, 5 años 09 meses de haber escapado a la ejecución extrajudicial y 5 años 8 meses de vivir en el exilio:
Defender derechos humanos y luchar contra la impunidad son una prioridad.
¡Ni perdón, ni olvido!
¡Vivas y vivos los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
¡Alto a la represión!
¡Alto a la impunidad!
¡Castigo a los culpables!
Juan Sosa Maldonado
Defensor de derechos humanos
