Impunidad y corrupción en Lachigoló

*Detienen a integrante de grupo que invadió 80 predios en la Chigoló

*Cuenta con decenas de denuncias en su contra; se dice ser líder de organizaciones civiles como el MULT y FALP

*De once invasores y que se mofan de la ley, sólo han sido detenido dos

Jairo MAINAN

Oaxaca, Oaxaca, Jueves 31 de Marzo, 2016.- Por los delitos de despojo agravado e invasión de propiedad privada, fue detenido Manuel Sánchez López, la tarde de este miércoles, detención a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a Tlacolula, señalado como integrante de un grupo de personas que se dicen ser líderes de organizaciones sociales como el MULT y el FALP, quienes invadieron al menos 80 predios en diversos parajes del poblado de San Francisco Lachigoló, perteneciente al distrito de Tlacolula,  principalmente en  el paraje “La Peona” o “Piona”.

Por ello existen las averiguaciones previas 11272015, 117/2014, 137/14, 153/2015, 70/15, 100/15 y 132/2015, delitos de despojo agravado e invasión de propiedad privada, las cuales se suman a las muchas más con las que cuentas en su contra.

Cabe señalar que Manuel Sánchez López fue internado en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, y quedó a disposición del Secretario judicial encargado del juzgado primero de lo penal de Tlacolula, para lo procedente.

Según consta en las averiguaciones previas, hay más de 80 afectados que compraron terrenos en diversos parajes de ese municipio, entre ellos “La Peona” o “Piona”, y cuentan con escrituras debidamente inscritas ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Tlacolula, Oaxaca, pero las tierras han sido invadidas por integrantes de una familia de esa comunidad que se han dedicado a extorsionarlos.

En entrevista para Rotativo, Ana María Anderson Altamirano indicó que hace 23 años, ella compró un terreno a la profesora Angelina Escobar Gutiérrez, pero posteriormente en el año 2013, las tierras fueron invadidas por un grupo de personas encabezados por una familia de la comunidad, quienes meten a vivir en los predios invadidos, a gente procedente de Centroamérica y de la Mixteca de nuestro estado, que se hacen pasar por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales sin serlo.

Por ello, interpuso la denuncia correspondiente y se formó el expediente penal número 117/2014, en el Juzgado Primero de lo Penal con sede en Tlacolula de Matamoros, por el delito de despojo agravado en contra de Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López, Marlene Inés Hernández, Honorina Santiago López, Yesenia Gabriela López López, Félix Cruz López, Fernando Cruz Antonio, Manuel Sánchez López, Miguel Ángel López López, Gema López López y Jesús Mario López López.

Sin embargo, hasta el momento sólo han sido detenidos Orlando Cruz Saavedra y Honorina Santiago López, mientras los otros nueve indiciados se pasean de manera impune por las calles de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, e incluso en oficinas de gobierno sin que sean detenidos.

En el caso de las dos personas detenidas, Honorina Santiago López, lo más lamentable es que ya fue puesta en libertad bajo las reservas de ley, luego de un proceso que a todas luces se ve amañado.

Su caso se encuentra en revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XIII Circuito, bajo el número 845/2015.

Por lo que respecta a Orlando Cruz Saavedra, se encuentra con un pie fuera de la cárcel, luego de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de formal prisión de fecha 20 de septiembre de 2015 y dictó auto de libertad con las reservas de ley, esto, refiriéndose a su expediente.

Cruz Saavedra aún se encuentra en prisión, debido a que está involucrado en causas penales vinculadas a otros expedientes por el delito de despojo agravado.

La afectada Ana María Anderson Altamirano, sostuvo que la autoridad jurisdiccional ha mostrado parcialidad a favor de los indiciados, en virtud de que los elementos que ha tenido para librar una orden de aprehensión y dictar el auto de formal prisión, con posterioridad, son los mismos que utiliza para dictar auto de libertad, lo que resulta contradictorio dentro del mismo proceso.

Destacó que en las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales, no valoran de manera exhaustiva las pruebas ofrecidas por la parte ofendida y se incurre en omisión en el deber del juzgador, lo que se traduce en violación a sus derechos humanos y de manera particular a su derecho de propiedad.

La agraviada aseguró que cuando solicitó la restitución del inmueble de su propiedad, le negaron su petición formulada conforme a derecho, con el argumento de que el procesado había interpuesto un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado en su contra, cuando la Ley así lo ordena y aun cuando en el proceso no haya acreditado la posesión, mucho menos la propiedad de dicho inmueble.

Expuso que en el caso de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ha habido omisión en el cumplimiento de sus funciones, porque después de los dos casos antes mencionados, no se han ejecutado las demás órdenes de aprehensión en contra de las otras nueve personas involucradas y que se mencionan en su expediente.

Dicha autoridad, se ha abstenido de ejecutar diversas órdenes de aprehensión en contra de Orlando Cruz Saavedra, aun cuando se encuentra recluido desde hace cuatro meses en el penal de Santa María Ixcotel, derivado de expedientes de fachas posteriores al de la denunciante y otros más, en los cuales lo han ido liberando, en forma amañada, en donde se encuentra involucrado por los mismos delitos cometido en perjuicio de otros propietarios, que como la exponente, adquirieron sus inmuebles en dicha comunidad, como compradores de buena fe, puesto que la misma familia Saavedra ha vendido terrenos que hoy por hoy despojan.

Acusó que los inculpados, quienes son propietarios de prostíbulos y otros negocios, se mofan pregonando que cuentan con la protección del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jaciel Vásquez Castro y de su cuñado, el comandante estatal de investigaciones Rolando Ortiz Cruz, quienes se niegan a ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.

Dijo que es un hecho público y notorio que los inculpados se pasean con tranquilidad por las calles del municipio de San Francisco Lachigoló, sin que la Agencia Estatal de Investigaciones ejecute las órdenes de aprehensión pendientes.

Ana Anderson sostuvo que integrantes del grupo de invasores se dicen ser dirigentes de organizaciones como es el MULT y el FALP, además pregonan ser protegidos también por el Partido Unidad Popular, así como por el gobierno y por las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia, ya que actúan desde hace tiempo con tanta impunidad y que cuando estos hechos delictivos se denuncian, se aportan pruebas fehacientes y además se les captura en flagrancia, con posterioridad, si bien es cierto se les libra orden de aprehensión, se le dan largas al asunto, porque no las ejecutan o simplemente después, se les da auto de libertad, utilizando los mismos argumentos que sirvieron para librar órdenes de aprehensión.

Tal es el grado de impunidad con la que opera la familia de invasores, que durante la reunión convocada en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, varios de los que tienen órdenes de aprehensión se encontraban en el lugar sin que fueran detenidos por las autoridades correspondientes.

Por todo lo anterior, Ana Anderson Altamirano demandó la inmediata intervención del Gobernador Gabino Cué Monteagudo; del Secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco; del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, y del Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, para que se haga justicia en el caso de los propietarios de terrenos que han sido invadidos en San Francisco Lachigoló y que se castigue a los responsables.