México, polarizado y con violencia política: CNDH

*El ombudsman nacional Luis González afirmó que el país no puede sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad; demandó a los políticos elevar el nivel de discusión

Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 09 de Mayo, 2018 (Fuente: Agencias).- México padece violencia en este proceso electoral en medio de un escenario polarizado, de crispación e incierto, alertó hoy el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad», afirmó el ombudsman nacional en la presentación del Informe de Actividades 2017 de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

González Pérez condenó la «crispación, polarización, incertidumbre y violencia política bajo cualquier forma que se presente», de acuerdo con un boletín emitido por la CNDH.

Porque los ejercicios democráticos, enfatizó, deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, «no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división».

Por ello, demandó que las fuerzas políticas eleven el nivel de la discusión y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.

Todo, dijo, en favor de un proceso electoral que permita dar cauce a las instituciones democráticas, al cumplimiento de la ley, «para que las mexicanas y mexicanos tengamos claras las plataformas electorales desde una perspectiva ajena a la polarización».

Al presentar el informe ante el pleno de la SCJN, llamó a las autoridades a respetar la institucionalidad democrática mediante el impulso al reconocimiento de la ley.

Sólo las normas y las instituciones que las materializan pueden rescatar y fortalecer la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas ante cualquier entorno que las amenace», agregó.

Indicó que es preocupante que la ciudadanía «normalice» el horror, que denota un Estado de derecho débil con amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley.

En este entorno tan complejo, puntualizó, durante 2017 hubo 218 mil 695 personas que recurrieron a la CNDH para denunciar su caso.

El próximo 1 de julio se renovarán más de 3 mil 400 cargos, entre ellos los de presidente, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.

Un total de 90 políticos han sido asesinados desde el pasado 8 de septiembre, cuando arrancó el proceso electoral, convirtiendo estos comicios no solo en los más grandes de la historia del país, sino también en los más violentos.

 

Crímenes contra candidatos, lejos de resolverse

 

Los crímenes perpetrados contra los aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos están lejos de resolverse como producto del débil Estado de Derecho que se tiene en el país, ahondó sobre este tema el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Durante la presentación del informe anual de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez enfatizó en que el incumplimiento o aplicación discrecional de la ley ha sido derivado de que las autoridades han sido rebasadas.

«La gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos incide en que tengamos un Estado de Derecho débil, donde existe una amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley generando un contexto donde algunas instituciones de la República y las autoridades han sido rebasadas, sus estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite», afirmó.

«El proceso electoral no ha estado exento de violencia e impunidad, como lo ha evidenciado la serie de homicidios perpetuados en contra de aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos, los cuales, en su gran mayoría están lejos de resolverse, así como la violencia y amenazas que se ejercen y expresan a través de las redes sociales».

Durante la sesión solemne realizada por el Máximo Tribunal, el ómbudsman nacional afirmó que la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido «como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional».

Agregó que durante 2017 la CNDH detectó 34 reformas legislativas, principalmente de nivel local, que vulneraban derechos humanos y que fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad de las cuales 25 están en trámite y 9 ya fueron resueltas.

«Entre diciembre de 2014 y 2017, esta Comisión Nacional ha promovido un total de 94 acciones de este tipo, con lo cual se ha superado en casi un 300% el número total de acciones que se habían intentado desde 2006, año en el que se le concedió dicha atribución», agregó.

De acuerdo con el titular de la CNDH, las leyes impugnadas violentaban principalmente el derecho a la identidad de las personas; establecían regulaciones indebidas en los delitos de desaparición forzada; tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la libertad de expresión; los límites de la prisión preventiva oficiosa; los derechos de las personas con discapacidad, entre otros.

En el evento estuvieron presentes los integrantes del Pleno de la Corte; la senadora Angélica de la Peña, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado; el panista, Diego Fernández de Cevallos; la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez y los visitadores que integran la CNDH.

 

Llama presidente de la CNDH a dejar atrás discursos de odio

 

México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad, dijo por otra parte González Pérez.

Al presentar el Informe de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González demandó a las fuerzas políticas elevar el nivel de discusión, y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.

De acuerdo con un comunicado de la CNDH, González Pérez enfatizó que los ejercicios democráticos deben ser la ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división.

Todo, dijo, en favor de un proceso electoral que permita dar cauce a las instituciones democráticas, al cumplimiento de la ley, para que los mexicanos tengamos claras las plataformas electorales desde una perspectiva ajena a la polarización, para lo cual llamó a dejar atrás los discursos de odio, que dividen y polarizan.

 

Normalización de la violencia

 

La inseguridad, violencia, corrupción e impunidad se han extendido como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional y generan un entorno en el que los mexicanos han empezado a asumirla como parte de la normalidad, señaló.

Y subrayó que es preocupante que “normalicemos” el horror, reflejo de una descomposición institucional y social, donde la gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos incide en que tengamos un Estado de Derecho débil, con amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley, con instituciones y autoridades rebasadas, estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite, por lo que ese Estado de Derecho es solo una aspiración.

También explicó que de los 38,722 escritos de queja recibidos el año anterior, se abrieron 25,959 nuevos expedientes, de los cuales 9,331 correspondieron a quejas propiamente dichas, 8,319 a orientaciones directas, 7,682 remisiones y 627 inconformidades, y se concluyeron 26,210.

González Pérez precisó que en el periodo del informe la CNDH emitió 97 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 81 recomendaciones ordinarias, 5 recomendaciones por violaciones graves, 8 recomendaciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura y 3 recomendaciones generales. Aceptar una Recomendación pero no cumplirla lleva implícita la revictimización de quien vio vulnerados sus derechos fundamentales e imposibilita que la verdad y la justicia se concreten, sentenció.

México reclama instituciones que cierren la brecha entre lo previsto por las normas y lo que ocurre en la realidad, para consolidar la gobernabilidad democrática y lograr mejorías reales en la vida de las personas, concluyó.