En un abrir y cerrar de ojos ex edil de Nochixtlán saldría de prisión

*Reconfiguran delito a ex edil de Nochixtlán por caso Uruchurtu

*La Jueza que lleva el caso determinó una sentencia mucho menor que la correspondiente por un delito distinto

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 16 de Diciembre, 2022 (Fuente: Plataforma Informativa Oaxaca).- A tan sólo unas horas que a nivel nacional se diera a conocer la situación que guarda el caso de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, su familia ha dado a conocer lo que tanto temían: la juez María Teresa Quevedo reconsideró el delito para la sentencia contra la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth V. H., siendo esta mucho menor que la de los demás implicados.

Mediante un comunicado, la familia estableció que la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León realizó la lectura de las sentencias individualizadas para cuatro de los cinco implicados en la desaparición forzada de Uruchurtu Cruz.

Considerando los testimonios vertidos durante el juicio, determinó los siguientes términos de prisión: Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, 50 años de cárcel; como partícipes del crimen, Neici Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, 40 años de prisión, respectivamente.

Sin embargo, en el caso de la ex edil, la juez decidió reclasificar el delito y, en lugar de considerar su participación en la desaparición forzada, la condenó por el delito de desaparición de persona, pero por obstruir la búsqueda de Claudia, por lo que su sentencia quedó únicamente en 4 años y dos meses de cárcel. En este último caso es visible que, ante una buena conducta y la labor de su defensa, la ex edil de Nochixtlán podría estar en prisión solamente 1 a 2 años.

“Es claro que, tanto la juez María Teresa Quevedo Sánchez, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), Eduardo Pinacho Sánchez, han sucumbido a otros intereses y han desvirtuado, una vez más, el significado de la justicia y la verdad. Seguiremos luchando a través de los recursos legales a los cuales tenemos derecho”, se lee en el comunicado.

Señalan que para la familia sigue siendo prioridad encontrar a la activista, por lo que seguirán trabajando en ello, así como en el seguimiento a las denuncias hechas por Claudia, que han resultado en una serie de auditorías y sanciones consecuentes, por la corrupción en la administración del municipio de Asunción Nochixtlán, durante el periodo de Lizbeth V. H.

Esto se da a conocer, luego que durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Ricardo Mejía Berdeja estableció que esta dependencia estaría vigilante para que el caso de la activista no quedara en la impunidad.

Vigila Federación caso de la activista Claudia Uruchurtu

De este modo, para que el caso de la activista Claudia Uruchurtu Cruz no quede en la impunidad, “se estará vigilante para que la jueza que lleva el caso no cambie el delito y el fallo que ella misma determinó”, señaló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, este jueves durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

En el marco de la estrategia “Cero Impunidad” que realiza el Gobierno Federal, Mejía Berdeja expuso la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Coordinación General Anti-Secuestros en el caso de la desaparición forzada de la activista, del que hasta el momento se tienen condenadas a cuatro personas, entre ellas la ex alcaldesa de Asunción Nochixtlán, Lizbeth.

“La jueza condenó a estas cuatro personas por el delito de desaparición forzada, solamente estaba pendiente la audiencia de individualización de la sanción, misma que se llevó a cabo el pasado lunes 12 de diciembre, sin embargo, en la audiencia se advirtió que la funcionaria pretendía que el ministerio público señalara pena para otro delito, no por la desaparición forzada, sino para el delito de desaparición de persona”.

El Subsecretario de Seguridad subrayó que este punto es importante, ya que, para el delito de desaparición forzada, los inculpados pueden alcanzar una condena que va de 40 a 60 años de prisión, en tanto que, por el delito de desaparición de persona, es únicamente de dos a siete años.

“Este caso lo exhibimos porque es un caso que generó mucha indignación, además, está probado el delito y sentenciadas las personas como responsables, aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó, sería un caso de impunidad y se recurriría si fuera el caso”, recalcó.

Fue, entonces, este jueves 15 de diciembre cuando se llevó a cabo la audiencia en donde se definirán las penas que se le impondrán a los cuatro implicados, la cual fue dictada por la jueza María Teresa Quevedo Sánchez.