Corrupción y Cartel Jalisco en Corredor Interoceánico de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 07 de Enero, 2022 (Fuente: Informativo 570).- El crimen organizado tiene bajo su dominio el Corredor Interoceánico en Oaxaca (región Istmo) y ha impedido el avance de los trabajos.

Se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo mismo roba que amenaza, secuestra o vende materiales a sobrecosto, explica la periodista Peniley Ramírez, en un artículo publicado este 1 de enero en el diario “Reforma”.

“El desarrollo de los trabajos estaba gravemente afectado. Había bloqueos de comunidades, reclamos sociales y vandalismo. Había delincuentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que robaban, amenazaban, secuestraban a los empleados.

“Los contratistas compraban los materiales a sobrecosto. La Guardia Nacional no había llegado para proteger los bienes ni a los trabajadores”, detalla en su trabajo, con base en documentos obtenidos vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Ello ocurrió entre enero y marzo de 2021 en el Ferrocarril Transístmico, un proyecto prioritario del gobierno obradorista, que pretende conectar los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, para aumentar en 11 veces el transporte de carga en esa región y revitalizar la economía.

“La construcción ha tenido irregularidades, de las que se sabía muy poco hasta ahora. Los detalles de esta crisis, incluida la presencia de Jalisco Nueva Generación, están en un informe de 62 páginas que obtuve vía transparencia. El 20 de abril de 2021; el director general del proyecto presentó el informe al Consejo de Administración”, expone la periodista.

Añade que en el tramo 2, la rehabilitación de las vías ni siquiera había comenzado. Hubo bloqueos en las comunidades de Donají, San Juan Guichicovi, Ubero, Palomares. Una organización que conocen como UCIZONI (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo ) lideraba los reclamos. Pedían hospitales, universidades, puentes, pagos de derechos por el paso de los trenes, calles y carreteras.

Las comunidades de Chivela, Nizanda, Rincón Viejo y Estación Mogoñé, en el Tramo 3, exigían demandas agrarias. Bloquearon las vías y detuvieron los trabajos. En el Tramo 4, habitantes del ejido Comitancillo, El Jordán e Ixtepec pedían empleos, caminos, calles y que se limpien las cunetas.

“La Guardia Nacional llegó poco después, cuando los contratistas dijeron a Palacio Nacional que no podían trabajar así. Sindicatos charros, les llamó Andrés Manuel López Obrador a quienes impedían los trabajos”, detalla Peniley Ramírez.

“Ahora ya está la Guardia Nacional y ya se puede trabajar, pero era terrible lo que sucedía en Oaxaca”, dijo el Presidente, a mediados de diciembre. No habló de Jalisco Nueva Generación.

“Obtuve también una serie de diez auditorías al proyecto. Muestran que durante 2020 hubo un retraso de más de 60% en los trabajos para corregir la curva de las vías y hacer la conexión al puerto de Salina Cruz. Hubo sobrecostos, pagos a empresas que no habían entregado su documentación, maquinaria y material de construcción abandonado junto a las vías”.

“Meses más tarde, notificaron a una empresa de Querétaro que le rescindirían el contrato. Después de eso, le autorizaron varios convenios para extender sus servicios. Los auditores señalaron ambas irregularidades y que la empresa aún debía 880 mil pesos al gobierno, por sobrecostos y retrasos.

“Así fue también el 2020, dice otro informe del director del proyecto: inseguridad, protestas, empresas que incumplieron los tiempos de trabajo. Los auditores hallaron que se habían contratado servicios millonarios desde 2019, cuando ni siquiera se había asignado presupuesto al proyecto. En enero de 2020 contrataron a los proveedores para los cinco tramos de la construcción, antes de que se tramitaran los permisos ambientales”.

Expone que algunas observaciones se solventaron, pero cuatro de las más graves terminaron en denuncias, que los auditores presentaron en octubre.

“Mientras estos casos se investigan, o no, el proyecto avanza, bajo control de la Marina y la Guardia Nacional, como una de las obras de las que se podrá obtener muy poca información vía transparencia, tras el acuerdo firmado por el Presidente para sus proyectos prioritarios”, añade la periodista.

“En Oaxaca, los habitantes de las comunidades dicen que no se ha hecho una consulta indígena, que el proyecto les ha traído más violencia y explotación, que no están de acuerdo. He visto en otras ocasiones informes oficiales que señalan dificultades para liberar derechos de vía o conflictos con alguna comunidad. Nunca vi uno que dijera, de forma tan explícita, que un grupo criminal controla esas zonas de Veracruz y Oaxaca”, relata en su artículo publicado el 03 de enero en el diario “Reforma”.