Se pronuncia diputada en contra de parquímetros
*Exhortó a la SEMOVI a realizar la verificación de las tarifas en los Estacionamientos Públicos
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Jueves 29 de Octubre, 2020 (Fuente: Comunicado).- En el Congreso de Oaxaca se emitió un pronunciamiento en contra la instalación de parquímetros en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, una responsabilidad que es exclusiva del Cabildo municipal de Oaxaca de Juárez
En este sentido la congresista, Hilda Graciela Pérez Luis, manifestó que la instalación de parquímetros no puede realizarse a partir de los resultados de una consulta. Además, porque la autoridad municipal no tiene la facultad legal para llevarla a cabo.
Asimismo, explicó que el problema no se resuelve con la instalación de parquímetros; es necesario hacer un estudio sobre la viabilidad de su instalación, revisar el tamaño de las calles, la circulación de camiones grandes, el estacionarse en doble fila, el ambulantaje que es un tema descontrolado.
Hilda Luis destacó que el tema de movilidad y estacionamiento es una necesidad que debe ser atendida y, sobre todo, regulada, ya que a la fecha no se cuenta con un marco legal claro con el que se genere certeza jurídica a la ciudadanía que hace uso de los mismos, reiterando que los parquímetros no son la solución.
Dijo que garantizar a la población una efectiva prestación de servicio de estacionamiento público es un tema importante que se debe de abordar.
Agregó que la autorización de instalación de parquímetros, se tiene que analizar de manera objetiva, puntual y no de manera arbitraria o autoritaria con la determinación única y exclusiva de los Ayuntamientos, por ello en el exhorto plantea que la Secretaría de Movilidad realice un estudio y determine sobre la viabilidad de la instalación de éstos en el Municipio de Oaxaca de Juárez.
También exhortó a la Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, para que realice una verificación exhaustiva de los Establecimientos que brindan el servicio de Estacionamientos Públicos, a fin de garantizar que la prestación del servicio, sea conforme a derecho y con tarifas susceptibles para los usuarios y de ser el caso, acorde a la competencia de los ayuntamientos valore la pertinencia de la revocación de dichos permisos o concesiones para continuar prestando el servicio.
