Formal prisión a ex director de AEI y a seis elementos
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 14 de Agosto, 2020 (Fuente: nvinoticias.com).- El ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones (antes Policía Ministerial), Daniel C. F., y seis integrantes de la misma corporación policíaca, quedaron en la cárcel al dictarles auto de formal prisión la Juez Primera de distrito de procesos penales federales en el estado de Jalisco.
En la resolución de la causa penal 34/2019, la juzgado determinó también declinar competencia para que un Juez de distrito de Oaxaca siga conociendo del caso por haber ocurrido los hechos en la entidad oaxaqueña.
Sobre el caso, el ex procurador de justicia Evencio N.M.R., el ex comandante Pedro H.H. y el ex comandante de la entonces Policía Ministerial Albino S.O., no han sido puestos a disposición. Los dos primeros por aún no ser detenidos y el tercero se encuentra preso en el penal de Villa Aldama del estado de Veracruz.
A los seis elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lo detuvieron en las oficinas del director de investigaciones, Omar Sabino Chepetla, donde fueron citados a una reunión y los arrestaron para llevarlos esposados, en tanto el ex director, Daniel C.F., en la calle de Libres esquina con Abasolo, en la ciudad capital.
Daniel C.F., quien era el director de la entonces Policía Ministerial, los comandantes, Abel M., comisionado en la Mixteca; Juan J., del grupo de alto impacto de Valles Centrales y la Cañada, así como el jefe de grupo Francisco P., y los agentes Samuel L., Dámaso S. y Ernesto H., quedaron recluidos en el penal de Puente Grande en Jalisco.
La orden de aprehensión se habría librado luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
ATRAEN EL CASO
En información difundida en medios informativos, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes y Margarita Cruz, hermana de Gabriel Cruz, indicaron que el 6 de mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió una sentencia que reconocía “la grave violación de derechos humanos” en contra de los eperristas “por parte de agentes del Estado mexicano”.
Pero la FGR y la Sedena presentaron recursos de inconformidad en contra de la resolución, procedimiento que quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que determinó enviar el caso a la SCJN el pasado 12 de diciembre.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de los miembros del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los eperristas desaparecieron hace 13 años, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, cuando Ulises Ruiz Ortiz era gobernador del estado y Felipe Calderón Hinojosa jefe del Ejecutivo federal.
Ambos fueron ubicados por última vez en el hotel del Árbol ubicado en la calzada Madero, donde arribaron los integrantes del Ejército Mexicano y policías para llevarlos, luego de ser alertados que había personas armadas.
Desde esa vez no se supo del paradero de los dos guerrilleros y por cual iniciaron con una investigación del caso.
LA PRIMERA DETENCIÓN
El 27 de abril del 2008, en el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, el entonces subdirector operativo de la desaparecida Policía Ministerial del Estado (PME), ahora Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro H.H. y el agente Ángel R.C. fueron aprehendidos por el Ejército Mexicano y elementos de la Policía Federal Preventiva establecidos en esa ciudad.
Ambos detenidos fueron trasladados vía aérea a la ciudad de México donde rindieron su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), perteneciente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los detenidos fueron señalados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 por tener alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas.
Desde ese entonces, la PGR solicitó a los familiares de los detenidos-desaparecidos muestras de ADN para poder cotejarlas con las de algunos cuerpos presuntamente correspondientes a Edmundo y Gabriel Alberto.
Tras cumplir el arraigo de 90 días, el ex jefe policíaco y el elemento quedaron en libertad, tras las pruebas presentadas por el abogado Gerardo López Thomas.
