Medidas de apoyo a migrantes deportados, piden
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 03 de Marzo, 2017 (Fuente: Agencias).- Organismos binacionales y de migrantes realizarán protestas, tanto en los estados fronterizos y de expulsión de migrantes, como en la Unión Americana para evitar deportaciones masivas de migrantes y exigir al gobierno federal pasar del discurso a los hechos, y se inicie una estrategia para defender jurídicamente a los migrantes, y se autorice una bolsa para crear proyectos productivos en sus comunidades de origen, para frenar la migración.
El Coordinador del Frente Indígena Binacional (FIOB), Ezequiel Rosales, aceptó que en la gestión del presidente Donald Trump se han duplicado las deportaciones de indígenas.
Precisó que han sido más de 150 los deportados pertenecientes a las etnias zapotecas, mixtecas y triquis, por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Rosales urgió medidas de apoyo legal a los migrantes porque están siendo vejados sus derechos humanos. “Hay alrededor de 250 mil indígenas –de Oaxaca– quienes trabajan en la agricultura y en los restaurantes, la mayoría se concentra en Oregón, Florida, Nueva York, Dakota… calculamos que un 75% son indocumentados”.
Indicó que la preocupación de la mayoría es dejar a sus hijos en el país, así como el miedo a perder sus casas, “es un ambiente de mucha desesperación de las familias, porque todos los días hay hostigamientos por parte de migración”.
Señaló que se han presentado denuncias por detenciones realizadas en la puerta del domicilio de los migrantes.
“Nosotros les hemos dicho que no tienen que contestar las preguntas salvo que les muestren una orden judicial de arresto, y este tipo de operativos se han incrementado”.
Rosales indicó que el FIOB está convocando a todas las organizaciones de migrantes, en los estados fronterizos en las entidades donde hay mayor expulsión de migrantes para que participen en movilizaciones en contra de la política racista del presidente Donald Trump.
Según el FIOB, en los Estados Unidos hay más de 3.5 millones de migrantes, de los cuales 1.5 millones son oaxaqueños.
En tanto, diputados locales de Oaxaca aprobaron un Punto de Acuerdo para exhortar a los Gobiernos Federal y Estatal a implementar medidas para proteger a jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California.
El legislador, Carol Altamirano, explicó que el 80 por ciento de personas que laboran en dicho lugar, son originarias del sureste de México y 15 por ciento de ellos habla alguna lengua indígena como triqui, mixteco, náhuatl o zapoteco, que con el paso del tiempo han construidos casas y barrios enteros, los que han bautizado con los nombres de sus lugares de origen como por ejemplo Nuevo San Juan Cópala, en honor a la zona triqui de donde son originarias.
“Nos preocupa, porque, si bien es cierto que la figura del jornalero siempre ha estado ahí, pero es uno de esos casos en los que todos quieren hacer como que no los ven y no los oyen o incluso habrá quien diga que los 100 o 120 pesos que reciben por jornadas de 12 horas en los campos de fresas son más que un salario mínimo”, dijo.
El diputado perredista puntualizó que son preocupantes las condiciones de explotación, inseguridad e insalubridad en las que viven estos trabajadores agrícolas y sus familias, situación que no se refleja en el discurso oficial de reformas estructurales.
Debido a esta situación, sostuvo que resulta necesaria la implementación inmediata de una política de combate a la pobreza con enfoque de legalidad, donde se debe garantizar los derechos laborales de los trabajadores hasta hoy, “de otro modo, cuando esa población llegue a la vejez requerirá del apoyo de los programas sociales porque 80 por ciento carece de contrato y seguridad social”, agregó.
Por último, hizo un llamado al Gobierno Federal para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas a efecto de erradicar la explotación laboral y el trabajo infantil y a la Secretaría de Desarrollo Social para implementar acciones y políticas públicas de atención integral a los jornaleros agrícolas para mejorar su calidad de vida, así como al Gobierno del Estado para proteger a los paisanos oaxaqueños.
