{"id":220057,"date":"2026-01-17T09:23:04","date_gmt":"2026-01-17T15:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=220057"},"modified":"2026-01-17T09:23:05","modified_gmt":"2026-01-17T15:23:05","slug":"amagan-con-paralizar-supercarretera-en-oaxaca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=220057","title":{"rendered":"Amagan con paralizar supercarretera en Oaxaca"},"content":{"rendered":"\n

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*Comunidades zapotecas exigen cumplimiento de acuerdos tras a\u00f1os de promesas incumplidas en la autopista Barranca Larga-Ventanilla<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Oaxaca, Oaxaca, S\u00e1bado 17 de enero, 2026, (Fuente: Froyl\u00e1n M\u00e9ndez Ferrer \/ Agencia de noticias ANSIC.MX).- Catorce comunidades ind\u00edgenas de la regi\u00f3n Sierra Sur-Costa, en Oaxaca, anuncian acciones de protesta, incluidos bloqueos carreteros, ante la incompetencia de autoridades federales y estatales para formalizar los acuerdos que se comprometieron cumplir en una autopista construida sobre sus tierras ancestrales.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de a\u00f1os de mesas de trabajo y acuerdos incumplidos las catorce comunidades ind\u00edgenas han determinado ejercer su derecho constitucional a la manifestaci\u00f3n y protesta social mediante bloqueos a la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla. La decisi\u00f3n responde a la incompetencia sistem\u00e1tica de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Banco Nacional de Obras y Servicios P\u00fablicos (BANOBRAS), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y el Gobierno del Estado de Oaxaca para honrar compromisos adquiridos con poblaciones que cedieron sus territorios para el desarrollo de infraestructura nacional.<\/p>\n\n\n\n

La historia de esta organizaci\u00f3n comunitaria es emblem\u00e1tica de las contradicciones del modelo de desarrollo mexicano. En 2022, cuando la entonces administraci\u00f3n federal inaugur\u00f3 la autopista Barranca Larga-Ventanilla como s\u00edmbolo de conectividad y progreso, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador alent\u00f3 a las comunidades zapotecas de la regi\u00f3n a no ser \u00absimples espectadores\u00bb del desarrollo, sino actores del mismo. Bajo esa promesa familias ind\u00edgenas de Barranca Larga, Santiago Yogana, San Vicente Coatl\u00e1n, Santa Catarina Coatl\u00e1n, San Pedro Coatl\u00e1n, San Pablo Coatl\u00e1n, Santa Mar\u00eda Coatl\u00e1n, San Sebasti\u00e1n Coatl\u00e1n, San Francisco Coatl\u00e1n, San Jer\u00f3nimo Coatl\u00e1n, El Gavil\u00e1n, San Antonio Lalana, Comitl\u00e1n y Cieneguilla, se unieron para mejorar a sus comunidades. Su objetivo es muy claro: generar autoempleo e inclusi\u00f3n econ\u00f3mica. Hoy, esa promesa presidencial se ha convertido en una pesadilla burocr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Las tres demandas centrales de las comunidades de ind\u00edgenas son leg\u00edtimas y urgentes. Primero, exigen que la SICT expida los permisos necesarios para operar legalmente el servicio p\u00fablico de pasajeros en la ruta Oaxaca-Puerto Escondido. Desde febrero de 2024 han operado bajo la anuencia informal de la dependencia, pero sin el amparo jur\u00eddico que les permita transitar sin el acoso constante de la Guardia Nacional y polic\u00edas viales estatales que les exigen documentaci\u00f3n inexistente. Segundo, demandan que la misma SICT presente un programa de regularizaci\u00f3n para empresas transportistas for\u00e1neas que han invadido la autopista, abandonando sus rutas originales y compitiendo deslealmente con la organizaci\u00f3n comunitaria. Tercero, solicitan a CAPUFE un esquema de tarifas preferenciales o exenciones en el pago de peaje, considerando que las cuotas actuales, calificadas como \u00abexorbitantes\u00bb, representan una lesi\u00f3n econ\u00f3mica insostenible para comunidades que cedieron sus tierras a cambio de \u00abcontraprestaciones irrisorias\u00bb y ahora deben pagar por circular en una v\u00eda en \u00abp\u00e9simas condiciones\u00bb y que ha generado muertes y da\u00f1os materiales.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n expone un brutal abuso del sistema pol\u00edtico: pueblos ind\u00edgenas que entregaron su patrimonio territorial para facilitar megaproyectos de infraestructura ahora son criminalizados por intentar ejercer actividades econ\u00f3micas en esos mismos espacios. El marco regulatorio del autotransporte federal, dise\u00f1ado para contextos urbanos y empresariales, no contempla las \u00abcircunstancias especiales\u00bb de organizaciones comunitarias surgidas de procesos de consulta y participaci\u00f3n ciudadana. Esta rigidez normativa constituye, seg\u00fan lo expresan los propios afectados, una forma de discriminaci\u00f3n institucional hacia pueblos ind\u00edgenas cuyo derecho al mejoramiento de sus condiciones econ\u00f3micas y sociales est\u00e1 consagrado tanto en el art\u00edculo 2\u00ba de la Constituci\u00f3n mexicana como en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, ratificado por M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El papel del licenciado Jos\u00e9 Carlos Fuentes Ordaz, delegado de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n en Oaxaca, resulta particularmente cuestionable. Si bien ha participado como intermediario en mesas de trabajo entre las comunidades y CAPUFE, su gesti\u00f3n no ha producido resultados tangibles. La Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, responsable constitucionalmente de fomentar la gobernabilidad democr\u00e1tica y prevenir conflictos sociales, ha fallado en su funci\u00f3n de coordinaci\u00f3n interinstitucional. Rosa Icela Rodr\u00edguez Vel\u00e1zquez, titular de la dependencia, no ha mostrado voluntad pol\u00edtica para resolver un conflicto que amenaza con escalar y afectar una de las arterias carreteras m\u00e1s importantes del sureste mexicano, que conecta el centro de Oaxaca con la costa del Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

La incompetencia de CAPUFE merece un an\u00e1lisis aparte. El organismo p\u00fablico descentralizado, que opera bajo la l\u00f3gica de autosuficiencia financiera, se ha mostrado inflexible ante las solicitudes de tarifas diferenciadas para las comunidades de los Coatlanes. Esta postura ignora precedentes legales: la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal faculta a la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes para establecer exenciones o reducciones en el pago de peaje cuando existan \u00abcausas de inter\u00e9s social\u00bb. El caso de los Coatlanes califica claramente bajo este supuesto. Adem\u00e1s, el reclamo comunitario sobre las \u00abp\u00e9simas condiciones\u00bb de la autopista ha sido documentado por medios de comunicaci\u00f3n y usuarios que reportan baches, falta de se\u00f1alizaci\u00f3n y deficiencias en el mantenimiento, situaci\u00f3n que cuestiona la justificaci\u00f3n misma de las tarifas cobradas.<\/p>\n\n\n\n

El contexto pol\u00edtico, este conflicto se desarrolla durante la transici\u00f3n entre la administraci\u00f3n de L\u00f3pez Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado su compromiso con los pueblos ind\u00edgenas y el cumplimiento de acuerdos. Sin embargo, la inercia burocr\u00e1tica de la SICT y la falta de sensibilidad social de CAPUFE evidencian que los discursos de la Cuarta Transformaci\u00f3n no se han traducido en cambios estructurales. El Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Salom\u00f3n Jara Cruz, tampoco ha ejercido presi\u00f3n pol\u00edtica para destrabar el conflicto, pese a que la estabilidad social en una regi\u00f3n estrat\u00e9gica para el turismo y el comercio estatal est\u00e1 en juego. La ausencia de BANOBRAS en las negociaciones resulta igualmente inexplicable, considerando que la instituci\u00f3n particip\u00f3 en el financiamiento de la autopista y deber\u00eda garantizar que los beneficios del proyecto alcancen a las comunidades locales.<\/p>\n\n\n\n

Las comunidades de los Coatlanes han agotado las v\u00edas institucionales. Han sido \u00abpacientes\u00bb, como ellos mismos lo expresan, confiando en la buena voluntad de autoridades que sistem\u00e1ticamente han incumplido. Ahora anuncian acciones de protesta que incluyen bloqueos a la autopista Barranca Larga-Ventanilla, medida que inevitablemente afectar\u00e1 a miles de usuarios pero que representa el \u00fanico recurso efectivo de poblaciones hist\u00f3ricamente excluidas para hacerse escuchar. Este conflicto no es un caso aislado: replica patrones de despojo, promesas incumplidas y criminalizaci\u00f3n de la protesta social que caracterizan la relaci\u00f3n del Estado mexicano con los pueblos ind\u00edgenas en especial los m\u00e1s pobres en Oaxaca.<\/p>\n\n\n\n

froylanmf@gmail.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Afiliado al SINMCO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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