Fiscalía, omisa ante retención de autoridades

Oaxaca, Oaxaca, Domingo 07 de Octubre, 2018 (Fuente: Agencias).- Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI), dijo que, a una semana de la retención de Eric Hernández y José Israel Vásquez por habitantes de San Sebastián Nopalera (Santa Lucía Monteverde, Putla, región Sierra Sur de Oaxaca), la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) no ha implementado las acciones de búsqueda necesarias para rescatar a las autoridades de quienes no se sabe si continúan con vida, ello a pesar de que los retenidos cuentan con medidas cautelares.

Fue el día 28 de septiembre cuando personas armadas de San Sebastián Nopalera retuvieron en el paraje “El Camalote” a Eric Hernández Sánchez (agente Propietario) y a José Israel Vásquez Jiménez (agente suplente) de 37 y de 26 años de edad, respectivamente (autoridades indígenas de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla, región Sierra Sur); desde esa fecha la FGO no ha realizado las acciones correspondientes a sus atribuciones para rescatar a las autoridades electas.

La FGO ha argumentado que ha solicitado el apoyo de la Marina, la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para el rescate de las autoridades retenidas en San Sebastián Nopalera, sin embargo, no ha recibido una respuesta positiva.

En la carpeta de investigación se hace constar que testigos presenciales identifican claramente a los responsables de la desaparición forzada de las autoridades electas, sin embargo, la FGO ha sido omisa e irresponsable en su actuar, ya que espera a que las autoridades federales y estatales colaboren y que existan condiciones para intervenir en un plan de búsqueda, hasta este momento se desconoce si las personas que fueron llevadas a San Sebastián Nopalera continúan con vida, afirmó Maurilio Santiago Reyes.

Finalmente, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., indicó que ha promovido un “amparo por peligro de vida” y solicitará medidas cautelares ante la Corte Interamericana, donde el gobierno mexicano podría ser llamado a una audiencia por omisión en sus funciones.

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