Activistas piden a AMLO libere a sus camaradas

*Algunos, como Damián Gallardo, están acusados del secuestro de dos menores de edad, sobrinos del titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 03 de Agosto, 2018 (Fuente: Comunicado).- Un grupo de organizaciones sociales, colectivos y defensores de derechos humanos, liderados por la eterna activista, Yésica Sánchez Maya, dieron a conocer una carta que enviaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que libere a 33 presos políticos bajo proceso de cometer delitos tales como sabotaje y hasta terrorismo.

Algunos de los implicados se encuentran bajo proceso penal, detenidos por proteger el medio ambiente, oponerse a la construcción de minas, hidroeléctricas y por defender los derechos humanos.

La Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca integrada por 10 organizaciones, exigieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sacar de prisión bajo amnistía, a los presos políticos del presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, destacaron que “la deuda histórica que deja el régimen del “priato” a Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia, es la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país; la política represiva implementada por este gobierno hacia los pueblos organizados en defensa de sus derechos, dejó como daños irreparables la muerte, desaparición forzada y detención arbitraria de decenas de compañeros y compañeras que ejercían la digna labor de defensa de los distintos derechos de nuestros pueblos”.

Además, mencionaron que quienes se oponían a la implementación de las “mal llamadas” reformas estructurales, defendían territorio, rechazaban el ecocidio y la entrega desmesurada de los recursos naturales al capital extranjero, hoy están privados de su libertad desde hace 11 años.

Durante ese tiempo, agregaron que han padecido procesos jurídicos “viciados, aletargados para prolongar con ello un castigo de Estado”, con actuaciones fuera de toda legalidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), jueces federales, Fiscalía del Estado de Oaxaca y Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Los inconformes destacaron que todos los expedientes judiciales integrados contra los activistas comparten entre sí un patrón de conducta de Estado que utiliza el sistema de justicia mexicano para criminalizar la labor de quienes defienden derechos humanos en el país.

Y es que, destacaron, los expedientes son armados para criminalizar e integrados con severos vicios y violatorios del debido proceso, pese a ello, los jueces continúan aplicando la mano dura del Estado retardando los cierres de los mismos o sentenciando condenatoriamente.

Entre las 33 personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Oaxaca se encuentran: Damián Gallardo Martínez; Librado Baños Rodríguez; Enrique Guerrero Aviña; Pablo López Alavés; la ex líder de la CNTE Norma Cleyver Cruz Vázquez; William García Méndez; Nicaso Zaragoza Quintana; Felipe Rojas Ordunio; Teófilo García López; Antonio Zárate Bernal; Joaquín Zárate Bernal; Luis Enrique López López; Jesús Eduardo Sánchez Silva; José de Jesús Martínez Castellanos; y Diblallín Islas Rosas.

También: Jaime García Matías; Luis Matías Hernández; Erick Omar Rodríguez Santiago; Bailón Rojas Gómez; Eugenio Hernández Gaytan; Celso Castillo Martínez; Germán Guadalupe Mendoza Cruz; Santiago García Espinoza; José Alberto Andrés López; Usiel Matías Hernández; Erick González Guillen; Eleuterio Hernández Bautista; Javier Aluz Mancera; José Enrique Ordaz Velasco; Humberto Castellanos López; Feliciano García Matías; Eduardo Palma Santiago; y Jorge Chonteco Jiménez (integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo).

Los activistas y organizaciones pidieron que se realice una revisión exhaustiva de cada proceso para que los presos políticos del régimen del PRI puedan ser excarcelados.

La Coordinación denunció la desaparición forzada y el exilio político como graves consecuencias de la legitima labor de defensa de los derechos humanos.

Por ello, exigió la presentación con vida del defensor Ernesto Sernas García, abogado de integrantes de Sol Rojo, desaparecido desde el pasado 10 de mayo.

Además, exigió garantías para el regreso de los defensores indígenas Raúl Gatica Bautista y Juan Sosa Maldonado, en exilio político desde 2005 y 2014, respectivamente, luego de sufrir graves atentados contra su vida.