¿Qué pasa con los recursos públicos para comunicación social en Oaxaca?

*En Oaxaca no hay derroche de recursos, no se pagó a los medios en 2016 y el año 2017 no hubo recursos para medios, el nuevo gobierno sólo cubrió un porcentaje del adeudo del sexenio pasado, afirma la periodista Guadalupe Thomas

*En estos años que lleva la nueva administración sólo hubo tres campañas y no se han pagado en su totalidad. Esta omisión de pagos rompe el mito de que los medios viven del derroche de dinero público, detalla

*Ley General de Comunicación Social, con serias debilidades y vacíos, disertan comunicadores durante el IX Encuentro de Periodistas Oaxaca 2018

Oaxaca, Oaxaca, Lunes 07 de Mayo, 2018 (Fuente: Agencias).- Con motivo del 40 aniversario de su fundación, la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO), realiza una serie de actividades.

Después de las palabras de bienvenida por parte de Idolina Herrera, de la directiva de la APO, quien destacó estas actividades que realiza la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO) con motivo de su 40 aniversario, inició el IX Encuentro de Periodistas Oaxaca 2018 con el tema “Ley General de Comunicación Social, la Perspectiva de medios en Oaxaca”. La sede del Encuentro fue la Hemeroteca Pública de Oaxaca, periodista Néstor Sánchez.

 

Debilidades de la nueva Ley General de Comunicación Social

 

Iniciaron con un foro este viernes 5 de mayo que reunió a periodistas oaxaqueños y de otras partes, ciudadanos, académicos, diputados. El tema fue de relevancia nacional, la “Ley General de Comunicación Social, la Perspectiva de medios en Oaxaca”. La sede del Encuentro fue la Hemeroteca Pública de Oaxaca, periodista Néstor Sánchez.

En la mesa 1, Perspectiva de medios en Oaxaca, moderada por Antonio Jiménez Hernández, de la directiva de la APO, participó el periodista Néstor Yuri Sánchez Islas, colaborador de El Imparcial de Oaxaca, con su ponencia “Con el estómago vacío no hay libertad de expresión”.

“De las muchas miradas que debe haber sobre los medios —expresó el comunicador— hay dos que considero en los primeros lugares y uno de ellos tiene que ver con la tecnología y su avance y, el otro, con los bolsillos de quienes ejercemos este oficio, es decir, con el modelo de negocio de esta nueva era digital porque, sobra decirlo, si no hay un ingreso que sustente la publicación del medio, aunque sea digital, desaparecerá.

“Se esperaría que la próxima promulgación de la Ley de Comunicación Social corrigiera el desequilibrio en la contratación de las pautas oficiales en los medios, sin embargo, dicha ley no es la que México necesita por la simple y sencilla razón que en ninguno de sus artículos hace una justa regulación para la equitativa compra de publicidad y si, en cambio, concentra en la Secretaría de Gobernación el manejo del padrón de proveedores, otorgándole a una instancia de control político, el control de la publicidad gubernamental”.

El periodista Mario Girón, de El Rotativo, comentó que la nueva ley fue hecha sobre las rodillas, sobre todo, para sortear el ultimátum de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conminó a los legisladores a emitir dicha ley. Los legisladores, dijo, no sólo nos quedaron a deber a los medios y comunicadores, sino a todo el país.

 

Leyes y normas, menoscaban a los medios

 

Cuauhtémoc Blas, de la directiva de la APO y la revista En Marcha, expresó que “leyes y disposiciones no apuntan a fomentar el trabajo de los medios, al contrario, cada vez hay más normas para dificultar el acceso a los recursos destinados a la difusión. En el sexenio pasado, por primera vez se exigió a los medios se inscribieran en el padrón de proveedores del gobierno del estado. Con un pago anual de cinco mil pesos, para sorpresa de medios pequeños para quienes cinco mil pesos eran sus ingresos del mes.

“En el actual sexenio se eliminó ese pago, pero disminuyó el ejercicio de recursos para la mayoría de los medios. De manera ´inteligente´ dejaron de lado los llamados convenios y sólo contratan por campañas. Los que se incrementó es el tiempo que tardan en pagar. Por supuesto, esa práctica no es casual, se trata de menoscabar al dejar sin recursos a los medios. Pero, por otro lado, los altos funcionarios actuales oriundos del centro del país, han traído a sus equipos y han regionalizado medios de la Ciudad de México, cuya función no se explica en términos de información y crítica, pero sí en términos de negocios privados con recursos públicos.

“En estos tiempos difíciles para el periodismo destaca la gran inequidad en la distribución de los recursos, la agresión de los grupos de poder, autoridades municipales, delincuencia organizada. Por si fuera poco, hay otros grupos que no podrían llamarse enemigos en casa porque están en el poder público, aunque fingen moverse en la sociedad civil, como periodistas-activistas.

“Camarillas con ribetes de élite académica-periodística pero cuyo interés en estos años, se ha visto, ha sido incluirse en los gobiernos, adueñarse de las jefaturas de prensa desde donde han constituido feudos, incrustando gente, avanzando como grupo de poder. Esto se ha dado en el IEEPO. Pero también en Secretarías como la de Salud, y muy notoriamente en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión estatal (CORTV). La AMEDI, además, se ha ramificado en otros membretes que cuando lo requieren se presentan tácticamente unidos. Uno de éstos es el grupo de sabios generosos llamado “Compartir conocimientos”.

 

Debate de la Ley General de Comunicación Social

 

La mesa 2 trató de la Ley General de Comunicación Social, fue moderada por el maestro Isidoro Yescas, columnista del diario Noticias. Esa ley fue recién aprobada por el Senado de la República y ha despertado fuerte controversia en los medios de comunicación y círculos académicos y políticos. La conclusión central del foro destaca que la ley fue instituida muy aprisa, sólo para cumplir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio un plazo para su creación. “Fue un acto de simulación y gatopardismo”, expresó el doctor Manuel Bueno León, de la Universidad Iberoamericana.

Bueno León señaló la debilidad de la ley en su artículo 18 que, de hecho, regresa a la dinámica discrecional anterior que autoriza al ejecutivo a contratar la publicidad o propaganda que decida. Y aquí resaltó un dato, un gasto de 34 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Peña Nieto en Comunicación Social, 24 millones de pesos diarios, lo cual es un abuso. Hay que regular ese tipo de gasto que se da con los oligopolios televisivos, sentenció.

Nada se controla, hay una auténtica ley fallida que deberá revisarse. Es una ley fallida, dijo, porque en su concepción hay ausencia de la sociedad civil, ausencia de los comunicadores organizados en sus instituciones de representación, del sujeto periodístico en los estados y regiones en un país donde mueren más periodistas que en Irak, Afganistán o Siria, países con guerras civiles, lo cual es tremendo. Todo indica que esta ley fue cocinada en la oficina de la presidencia de la república por burócratas que sólo hacen una ley gatopardista, con la idea de que su candidato va a ganar.

Los problemas principales para la asignación de publicidad oficial aún están pendientes, no hay reglas. La esencia de la ley sería garantizar la libertad de expresión. Pero no, pues fue hecha para salir del paso ante el cuestionamiento de la Corte. En el mejor de los casos, expresó el abogado y periodista Adrián Ortiz Romero Cuevas, esperemos que esta ley sea perfectible y su aprobación apresurada haya sido para cumplir con la Suprema Corte y más adelante se pueda mejorar.

Es necesario, agregó, que el Estado garantice la libre expresión de las ideas de todos los estratos de la sociedad representados en cada medio de comunicación. Garantía de subsistencia a todos los tipos de medios que existan. No es necesario tantos requisitos, sólo estar dado de alta en Hacienda y la constitución legal de la empresa. Establecer criterios en la ley, de equidad y proporcionalidad, además de considerar no sólo el rating sino la calidad de los contenidos de los medios.

 

No establece topes financieros

 

Lupita Thomas, directora de Quadratín Oaxaca, expresó que la Ley en cuestión, aprobada el 26 de abril, tiene vacíos como es el porcentaje de asignación, no establece un tope para la distribución del presupuesto para medios. Ordena que el padrón único de medio lo administre la Secretaría de Gobernación, y sustituya a otros en como los ayuntamientos, el Congreso y demás susceptibles de contratar publicidad oficial. La periodista recalcó que los medios de comunicación son una pequeña parte del tema, y que hay un vacío en las reglas claras que es lo que se pretendía con la Ley.

¿Qué pasa con los recursos públicos para comunicación social en Oaxaca?, agregó la comunicadora, al contrario de lo que se dice que hay derroche acá eso no ha sucedido, no se pagó a los medios en 2016 y el año 2017 no hubo recursos para medios, el nuevo gobierno sólo cubrió un porcentaje del adeudo del sexenio pasado. En estos años que lleva la nueva administración sólo hubo tres campañas y no se han pagado en su totalidad. Esta omisión de pagos rompe el mito de que los medios viven del derroche de dinero público.

“Creo hay otra forma de derroche que no se menciona y se da con las personas que están como funcionarios del gobierno estatal, ostentan un cargo y tienen un medio de comunicación, acceden al presupuesto de manera privilegiada y todavía son los que acusan de “chayoteros” a los medios. Antes se decía o eres borracho o eres cantinero, ahora son al mismo tiempo borrachos, cantineros, se quedan con el cambio, con el presupuesto público, son activistas que denigran la actividad periodística y, encima de todo, del presupuesto que ellos manejan nada se sabe”.

 

Ley propuesta por el ejecutivo federal

 

Rafael Hernández Soriano, diputado federal, secretario de la Comisión de Gobernación de la 63 legislatura federal, en un diálogo con los comunicadores tomó nota de las opiniones. Destacó que él votó en contra de dicha ley, así como la fracción de su partido el PRD, y que ésta fue impuesta por tres partidos, PRI, Verde y PANAL. Había otras siete propuestas, dijo, que fueron desechadas para echar la aplanadora y aprobar la ley en cuestión. Reconoció que la ley la presentó el gobierno federal, sin consultar a los periodistas ni académicos.

El diputado señaló que la existencia de la ley es para descentralizar el control del presupuesto de quienes contratan la publicidad. Al no existir la ley se perpetúa la práctica que se hace en la actualidad, o sea el control central del presupuesto, que además quedaría a la suerte de la honestidad del funcionario en turno. Señaló que puede ser bueno, ante el desacuerdo con la nueva ley, se inicie un proceso de reposición de la misma donde participen todos los involucrados.

El sentir general fue que esta ley sea punto de partida para la creación de una mejor, más justa y adecuada a un proceso verdaderamente nacional del desarrollo democrático, que incluya a entidades y regiones. Por cierto, Oaxaca ha sido la primera entidad de la república donde se debatió esta ley, en el marco de la celebración de los 40 años de la Asociación de Periodistas de Oaxaca y con el apoyo de la Revista En Marcha, Quadratin Oaxaca, Nación Mezcal y AM.