Se amparan 43 mil maestros contra Ley de Seguridad
*Docentes entregaron en la sede del Poder Judicial Federal 7 amparos colectivos
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 07 de Febrero, 2018 (Fuente: Agencias).- La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) presentó ante un juzgado de distrito al menos 7 amparos colectivos contra la Ley de Seguridad Interior que promulgó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Este martes los maestros marcharon de la zona de la periferia de la capital, hasta el municipio de San Bartolo Coyotepec, donde se encuentra la nueva sede del Poder Judicial Federal, haciendo entrega ante el juez primero de distrito, los 7 amparos colectivos que promueven más de 43 mil profesores.
Según el líder de la sección 22 de la CNTE, Eloy Hernández López, con la Ley de Seguridad Interior, el gobierno federal busca reprimir cualquier tipo de manifestación con el uso del Ejército, lo que implicaría una violación a los derechos humanos de quienes se manifiestan.
Dijo que como la ley ya fue aprobada por las legislaturas, federal y locales, se busca valer el derecho de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido, la representante del cuerpo jurídico de la Sección 22, Danaé Echeverría Clavel, precisó que los siete amparos que entregaron en el juzgado primero de distrito tienen personalidad con las firmas de 43 mil maestros que se acreditan con comprobantes de sus percepciones y deducciones.
Resaltó que, pese a que “hay crisis de instituciones y los gobernados ya no creemos en las instituciones, recurrimos a presentar más de 40 mil amparos de los agremiados de la Sección 22 contra la Ley de Seguridad Interior porque, de acuerdo a la Constitución, el Congreso de la Unión no está facultado para legislar sobre la seguridad interior”.
“Esta ley es inconstitucional, porque intenta persuadirnos en el ejercicio de nuestros derechos, intimidarnos y discriminarnos”, reforzó.
Dijo que entre los derechos que son conculcados por la ley de seguridad interior, se encuentra “el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas porque faculta al Ejército a intervenir medios de comunicación personales para obtener información privada”.
También se viola derecho de audiencia de la víctima u ofendido, a la igualdad ante la ley, a la información, a la reparación íntegra y daños en razón a sus actuaciones; a la seguridad jurídica, de acceso a la justicia, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, así como al derecho a la protección a datos personales.
Mencionó que esta Ley no respeta la soberanía estatal ni la autonomía de los pueblos y, si al gobierno le estorba alguien o lo considera una amenaza para sus megaproyectos, puede mandar encarcelar a cualquiera con el argumento de ser terrorista.
Alguien que defienda sus tierras o el territorio de los proyectos mineros, eólicos o hidráulicos que han sido entregados a empresas extranjeras, pueden ser detenidos o desaparecidos amparados en la Ley de Seguridad Interior.
