Juicio a Cué, mediático, político y administrativo
*El litigio contra el ex gobernador buscará quitarle el fuero del que aún goza, señaló por su parte el diputado Juan Mendoza
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 27 de Febrero, 2017 (Fuente: Agencia JM).- Mientras que el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Iván Mendoza Reyes, asegura que el juicio político iniciado al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, buscará quitarle el fuero del que aún goza, la diputada priísta e integrante de la Comisión Instructora, María Mercedes Rojas Saldaña, señaló que el juicio iniciado al ex gobernador, solo tiene implicaciones políticas y administrativas.
Mendoza Reyes precisó que al concluir satisfactoriamente el juicio político permitirá allanarles el camino a las autoridades judiciales para hacerlo sujeto a proceso penal, con todos los efectos colaterales que ello conlleva, como el hecho de resarcir el daño patrimonial.
Explicó que Gabino Cué Monteagudo, a pesar de que ha dejado la gubernatura del estado, por un año más aún conservará el fuero, por lo que el juicio político lo despojará del blindaje del que aún goza.
De ésta manera, de ganar el Congreso del estado el juicio político ratificado la semana pasada por el Senador Benjamín Robles Montoya, se le estarían dando los elementos necesarios a las autoridades judiciales para iniciarle el proceso penal.
Por su parte, la legisladora por el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Rojas Saldaña, explicó que el juicio político iniciado en contra de Cué Monteagudo, que, aunque no es vinculatorio, pero sí permitirá inhabilitarlo política y administrativamente.
La diputada priísta precisó que éste ejercicio legal-administrativo iniciado por Robles Montoya, es parte de una campaña mediática del Senador petista en busca de sumar votos a su campaña proselitista, sin embargo, de lograrse la inhabilitación de Cué Monteagudo, esto sería hecho inédito para Oaxaca.
Precisó que lo importante para los oaxaqueños, es que independientemente del castigo corporal, que la justicia lo obligue a resarcir el daño patrimonial y se reintegren al estado y a la sociedad los recursos malversados.
