Piden que administradores no sean coto de poder político
*Este tipo de figuras sólo propiciaron división, encono y la utilización de los recursos públicos para mantener un clima de ingobernabilidad, señala el diputado Jesús Rodríguez
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 28 de Diciembre, 2016 (Fuente: Comunicado).- A tan sólo un par de días de que se realice el relevo de autoridades municipales, más de 100 municipios se encuentran en incertidumbre por el nombramiento de sus presidentes, por tanto, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero, llamó al Ejecutivo estatal para que la designación de administradores no se vuelva un coto de poder político.
Explicó que es necesario que aquellas personas que sean designadas como administradores debe cumplir realmente con su función, que es promover un proceso de conciliación comunitaria, de construcción de acuerdos, y no lo que muchos que ostentaron esta figura propiciaron, división, más encono y la utilización de los recursos públicos para mantener un clima de ingobernabilidad en los municipios.
Romero López también llamó a que se vigile que la permanencia en el cargo de los administradores sea por un plazo improrrogable de 90 días y al término de este deberá sea sustituido por otra persona, para evitar se conviertan en depredadores del presupuesto.
“La experiencia de sexenio tras sexenio nos ha enseñado que, por desgracia, los administradores se han convertido en una extensión de los cacicazgos políticos para sojuzgar a los pueblos y sus habitantes, por lo cual, es indispensable sentar mecanismos y leyes para regular su función”, apuntó.
Por lo cual, dijo, en pasados días la Fracción del PT, presentó una iniciativa con proyecto de decreto en el que a través de una reforma parcial a los artículos 59 y 79, y una adición al artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, donde además de estipular candados para que esta figura cumpla con sus función, se busca que exista un equilibrio entre los poderes, al evitar que la designación de los administradores, se concentre el poder político en el Gobernador, en detrimento del Poder Legislativo, y sean todas la fuerzas políticas del estado representadas en la Junta de Conciliación Política las que puedan nombrarlos.
