Activistas contra hidroeléctricas y minas
Oaxaca, Oaxaca, Martes 13 de Septiembre, 2016 (Fuente: Agencias).- Una decena de organizaciones, colectivos y activistas conformaron un bloque de resistencia denominado “Unión de Pueblos en Resistencia y Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales2 para detener la operación de 67 proyectos hidroeléctricos y 32 minas de plata y oro en Oaxaca.
A la convocatoria también se han sumado 35 pueblos indígenas y junto con organizaciones agrarias y comunales, quienes demandaron al gobierno federal la cancelación de los permisos de operación de las presas y los proyectos de exploración de las minas.
Los inconformes exigieron, asimismo, la instalación inmediata de una mesa especial para analizar los proyectos mineros e hidroeléctricos en Oaxaca, de lo contrario recurrirán a los tribunales internacionales para hacer valer su derecho a la consulta.
José Ordoñez Pérez, del Movimiento por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, dijo que de acuerdo con una investigación realizada, en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela la intención, del gobierno federal y estatal, de impulsar en Oaxaca 67 proyectos hidroeléctricos.
De este total, 66 son considerados como “pequeñas hidroeléctricas” y uno tiene la categoría de “gran proyecto”.
Afirmó que por las características de estos proyectos podemos afirmar que no serán pequeños, más aún cuando en algunos casos como en la cuenca de Choapam Mixe se proyectan nueve presas en el mismo río o en la cuenca del Río Verde, donde se planean construir 14 presas.
Ordoñez aseguró que con los planes de creación de las presas se generará despojo y devastación del territorio oaxaqueño, a través de proyectos de inversión, especialmente en materia energética.
En tanto, los activistas antiminas exigieron en Capulálpam de Méndez en la Sierra Norte, la cancelación del proyecto minero “Natividad”, porque no sólo ha contaminado los recursos naturales de la región, sino que de seguir operando extinguiría el último manantial que les queda y afectarían a más de tres mil indígenas de la zona.
Recriminaron que las delegaciones de la Procuradurías Agraria (PA) y a la Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se presten al “contubernio” con las empresas mineras, argumentando que maquillan los proyectos gubernamentales con las transnacionales con el propósito de que la población se confunda y les permitan seguir operando.
En tanto, Marco Arturo Leyva Madrid de Educación Alternativa (Educa), alertó del riesgo de estallidos sociales en las comunidades por el afán del gobierno de imponer proyectos de inversión con la explotación de recursos naturales, que pueden ser causal de hechos violentos derivado de la destrucción causada por la ambición de las empresas extranjeras y privadas por extraer los productos que la madre tierra da a costa de todo, inclusive de las vidas humanas.