Exigen a Fiscal garantizar justicia a mujeres en cada región

*Se solicita que las carpetas de investigación en los delitos contra las mujeres, se integren en las propias regiones y no sean remitidas a la ciudad de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Martes 02 de Agosto, 2022 (Fuente: Comunicado).- Para garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, congresistas de Oaxaca exigen al titular de la Fiscalía General del Estado realizar las medidas necesarias para atender los casos de delitos contra ellas en cada una de las regiones de la entidad.

Esta solicitud deriva de lo que sucede en la región de la Cañada, que de acuerdo con lo señalado por la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, en este territorio de Oaxaca donde la violencia en contra de las mujeres es crítica, principalmente la de tipo familiar, a las carpetas de investigación no se les da seguimiento en la zona, sino son remitidas a la ciudad de Oaxaca, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.

En Oaxaca, el 29.1% de las mujeres no denuncia por considerarlo una pérdida de tiempo y un 15.9% desconfía de las autoridades, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Por tal motivo, se exhorta al Fiscal General tomar las previsiones administrativas necesarias para que las carpetas de investigación en los delitos contra las mujeres, se integren en las propias regiones y no sean remitidas a la ciudad Oaxaca, a fin de asegurar el acceso a la justicia a este sector.

El punto de acuerdo fue resuelto por la Comisión Permanente de Igualdad de Género y aprobado por el Pleno con 28 votos a favor.

Urgente supervisar el correcto uso de ambulancias en Oaxaca

En tanto, el Congreso del estado demanda a la titular de los Servicios de Salud de Oaxaca coordinarse con las autoridades municipales, para entregar el material médico necesario y capacitar constantemente al personal que ofrece atención médica prehospitalaria en las ambulancias.

Esta asistencia médica inmediata se presta cuando ocurre alguna emergencia derivada de algún accidente, y comprende los servicios de auxilio, atención médica y transporte que se prestan a enfermos o accidentados fuera de un hospital.

La Norma Oficial Mexicana define que las ambulancias son para el traslado de urgencias básicas, avanzadas y de cuidados intensivos, además, señala que el personal que brinda atención en estos vehículos, deberá de tener una formación específica y estar en constante preparación para prestar el servicio.

De acuerdo con los cinco informes del titular del Poder Ejecutivo, se han entregado 159 ambulancias a diversos municipios, por lo que se exhorta a la dependencia gubernamental y autoridades municipales vigilar el correcto uso de ellas.

Por ello, el Pleno de la 65 Legislatura autorizó esta exigencia al Gobierno de Oaxaca, la cual fue presentada por la diputada Dennis García Gutiérrez, del grupo parlamentario de Morena y aprobada con 24 votos.

El llamado también comprende que los municipios se encarguen del mantenimiento físico y mecánico de sus ambulancias y eviten utilizarlas para actividades distintas a la atención de una emergencia.

Suspenderán a funcionarios municipales que violen derechos humanos

Por otra parte, la violación de derechos humanos será causa de suspensión de mandato de los funcionarios municipales que incurran en ello en Oaxaca.

Esto será posible por la reforma aprobada a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en la cual la 65 Legislatura local agregó la fracción VII al artículo 60 para incluir esta violación dentro de los motivos graves para sancionar a cualquier integrante del ayuntamiento que abuse de su autoridad y dañe a la población.

El Congreso del estado legisla para proteger a la ciudadanía y evitar violaciones a sus derechos, en las cuales las autoridades municipales han estado involucradas, como lo sucedido en agosto de 2019 en la región de la Sierra Norte cuando siete mujeres indígenas fueron encarceladas por el edil de Santa María Alotepec, por negarse a prestar trastes de la cocina comunitaria para una fiesta, de acuerdo con el dictamen de la iniciativa.

O como lo ocurrido en 2021 en San Juan Quiahije, cuando una mujer indígena y su hija de un año con problemas respiratorios, fueron detenidas por órdenes de la autoridad municipal; en octubre de ese mismo año, una mujer y dos menores de edad, también fueron aprehendidos por el Síndico Procurador de San Juan Mazatlán, Mixe.

Esto refleja el abuso de autoridad por parte de los cabildos municipales, lo que es preocupante, siendo ellos el primer contacto con la ciudadanía y los encargados de protegerla, señala la legisladora Luisa Cortés García, del grupo parlamentario de Morena, quien promovió esta reforma.

Durante el año 2017, en Oaxaca se cometieron seis mil 134 casos de violación de derechos humanos, con base en los resultados del Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La modificación a la Ley Orgánica Municipal del Estado fue aprobada por el Pleno con 25 votos a favor, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca.

Deber del Estado garantizar a médicos pasantes un servicio social seguro

En otro tema distinto, congresistas oaxaqueños demandan al Poder Ejecutivo y a las autoridades educativas brindar las condiciones necesarias para que los médicos pasantes realicen su servicio social de forma segura en Oaxaca.

Ante los hechos violentos contra estudiantes de medicina en el país, incluido el estado, el Parlamento oaxaqueño exige a la Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud, así como al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), revisar el listado de campos clínicos ofertados para el servicio social y determinar cuáles no cumplen con las garantías de seguridad para las y los estudiantes de medicina.

De igual manera, solicita a las autoridades municipales colaborar para garantizar un ambiente seguro a los universitarios.

El punto de acuerdo fue impulsado por integrantes del grupo parlamentario de Morena y aprobado por el Pleno con 26 votos a favor. En su representación, la diputada Nancy Benítez Zárate, expuso que muchas clínicas de salud de las comunidades indígenas y zonas de alta marginación, no cuentan con personal médico, por lo que los espacios son cubiertos por las y los pasantes de medicina, en condiciones de inseguridad, lo que pone en riesgo su integridad física.

Señaló el caso de Jessica, una estudiante de medicina integral y salud comunitaria de la Universidad de Bienestar «Benito Juárez» en Santiago Yolomécatl, quien fue encontrada sin vida y con signos de tortura el 16 de junio del presente año en este municipio de la región de la Mixteca.

Por esta situación, el Congreso local urge a aplicar las medidas necesarias para proteger a las y los estudiantes que viajan a comunidades para realizar su servicio social.