Usos y costumbres, de la admiración a la decepción
*Un hombre fue encarcelado y expulsado de su pueblo por negarse a cooperar para la fiesta del santo patrono
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 27 de Noviembre, 2021 (Fuente: Agencias).- En Oaxaca, por ser cristiano evangélico y no profesar la religión católica, un hombre indígena fue encarcelado, multado y desterrado del localidad de San Pedro Chimaltepec, perteneciente a San Juan Mazatlán, del distrito Mixe, región Sierra Norte, porque se negó a pagar una cuota que le fue fijada para organizar y celebrar la fiesta del Santo Patrono de la comunidad.
La víctima, identificado como Ruperto Teodoro, ante el abuso cometido, presentó un recurso de queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que integró un expediente por intolerancia religiosa.
De acuerdo al expediente de queja 1805 /4/DDHPO/ 2021 y a la carpeta de investigación 735/FEMM/2021 por abuso de autoridad en la Fiscalía General de Oaxaca (FGO), el agente municipal de la localidad de San Pedro Chimaltepec, Avelino Juan Bonifacio, ordenó el encarcelamiento de Ruperto Teodoro el pasado 21 de noviembre y, en asamblea del pueblo, se determinó desterrarlo por no apoyar las fiestas religiosas del pueblo.
La víctima se dijo seguidor de una congregación religiosa distinta a la católica, cristiano evangélico y por ello fue expulsado de su comunidad.
Advirtió que su caso fue tomado de ejemplo para amenazar a otras 10 familias más del pueblo que acuden a un templo evangélico, para obligarlas a cumplir con la aportación de recursos que ha determinado la asamblea del pueblo para realizar la fiesta patronal.
En Oaxaca, los usos y costumbres son un sinónimo de las peores injusticias y violaciones a los derechos humanos, donde se han registrado desde linchamientos, encarcelamientos, despojos de tierras y hasta destierros por profesar una religión distinta a la católica.
Oaxaca es el único estado en el país que tiene 418 municipios que se rigen bajo el sistema de normas comunitarias o usos y costumbres.
Tan sólo en los últimos tres años, la Defensoría tienen documentados 300 encarcelamientos, 107 despojos de tierras, 370 casos de abuso de autoridad y 60 destierros.
Los casos por encarcelamiento se han registrado en los municipios de Talea de Castro, donde un hombre fue encarcelado y luego expulsado por su familia, luego que, por ser tesorero de una transportista local, no rindió cuentas a su asamblea.
En Santiago Atitlán, 24 familias fueron desterradas por profesar una religión distinta a la católica.
En San Andrés Yaa, municipio perteneciente a la región de la Sierra Norte, la asamblea comunitaria acordó que el pastor Imeldo Amaya Gabriel debía abandonar la comunidad, “al demostrar poca disposición de integrarse y cumplir los acuerdos y servicios que se toman en forma comunitaria”.
En San José Quianitas, perteneciente al municipio de Santa María Quiegolani, dos familias enteras fueron expulsadas de la comunidad por declararse testigos de Jehová, previamente les fueron suspendidos los servicios básicos, como el agua, para obligarlos a dejar sus hogares.
En Santiago Xanica un hombre fue torturado y encarcelado por ser sorprendido robando un domicilio; en San Antonio Huitepec, una mujer, sus hijos y su padre, un adulto mayor, fueron encarcelados y despojados de un terreno por no cumplir con el tequio comunitario; en San Juan Mazatlán, una mujer y su hijo de 8 años fueron encarcelados y multados por evitar que el padre del menor fuera detenido por no cumplir con sus obligaciones comunitarias. También en San Miguel Suchixtepec, una mujer y tres menores de edad fueron privados de su libertad por determinaciones de su asamblea, que los declaró no gratos por negarse a pagar el diezmo para la celebración de la fiesta patronal.
En San Andrés Zochiquilazala 12 personas fueron despojadas de sus tierras por una disputa de bienes; en San Sebastián Río Dulce, un burro fue encerrado sin agua y comida, como parte de una multa a sus propietarios por cortar leña en un lugar indebido.
En San Agustín de las Juntas, fueron encerrados y torturados tres sujetos por beber cervezas en la vía pública.
Asimismo, en la comunidad de Camelia Roja, Tuxtepec, dos sujetos que violentaron un filtro y retén sanitario para evitar la propagación del virus del COVID 19 fueron detenidos y amarrados.
El presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, precisó que, por casos de detenciones arbitrarias, en Oaxaca se tienen documentados más de 2 mil quejas, de las cuales mil quejas son en contra de autoridades municipales, una quinta parte de ellas por abusos de autoridad.
La otra cara de la moneda
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador considera que la práctica de los usos y costumbres son una ejemplar forma de gobierno honesto, que debe replicarse en todo el país, porque los servidores públicos que ejercen un cargo -desde ser presidente municipal hasta topil no cobran ningún centavo-, tienen que cumplir con sus cargos como un acto de honestidad, responsabilidad y obligación comunitaria y civil.
Asimismo, están obligados a rendir cuentas de los fondos públicos que ejercieron ante el pleno de sus asambleas comunitarias.
También es considerada como única su forma de organización civil y de trabajo, como lo es la figura del tequio, donde los que los ciudadanos participan, en conjunto en labores de limpieza, cuidados del medio ambiente y hasta construcción de caminos.
Por ejemplo, en la lucha contra la pandemia del COVID en Oaxaca, la forma de organización y unión comunal de los pueblos originarios causó que más de 200 municipios reportaron cero casos de contagios por el SARS-COV-2, por lo que determinaron aislarse, por lo que el gobierno federal los llamó “pueblos de la esperanza”.
