Inicia CNDH recomendación por masacre en Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 22 de Febrero, 2021 (Fuente: Agencias).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició el proceso para integrar una recomendación por el caso de los desplazados de la comunidad de Huazantlán del Río, del municipio de San Mateo del Mar, del distrito de Tehuantepec, región Istmo de Oaxaca, luego de la masacre de 15 comuneros reportada en junio del 2020.
Un grupo de visitadores del organismo se trasladó a Oaxaca y se reunió con un grupo de 60 desplazados que se mantienen en un campamento de protesta ubicado en la zona del zócalo de la capital, frente a la sede del Palacio de Gobierno y, por falta de condiciones de seguridad, no han podido regresar a sus comunidades de origen.
Rodolfo Rueda y Carlos Facio, visitadores de la CNDH, iniciaron las rondas de diálogo con los afectados, que reclamaron la falta de respuesta de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) para avanzar en las investigaciones por el ataque armado, donde torturaron y quemaron a los 15 comuneros, además que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.
En la reunión se recabaron testimonios de las víctimas sobre lo ocurrido, con lo que se dio inicio, formalmente, al expediente de queja que terminará cuando se emita la recomendación correspondiente.
En el encuentro, los inconformes exigieron la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se presione al gobierno federal y se realice una investigación a fondo de la violencia reportada en esa región del Istmo de Oaxaca, que fue consecuencia de la disputa política de intereses en control del territorio.
Cuatro sobrevivientes del ataque perpetrado acusaron al agente municipal de la comunidad de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado de las agresiones y tortura de las víctimas, las cuales, incluso, habrían sido quemadas vivas.
En su queja, también implican al presidente municipal de San Mateo del Mar, Bernardino Ponce, donde, además, en su testimonio advierten que lograron escapar como pudieron a pesar de tener heridas graves.
Los sobrevivientes y desplazados Luis Arturo Dávalos, Samuel Hurtado, Alejandrino Abasolo Mora, Agustina Roldan y Rosario Salazar, se quejaron que, a pesar de estar amenazados de muerte, no han recibido la protección de las autoridades, porque los organismos de derechos humanos se las ha negado, hasta este día, un año después de la masacre.
“La noche del domingo 21 y madrugada del lunes 22 de junio del 2020 sucedió una masacre en Huazantlán del Rio, donde nuestra propia gente mató a sus hermanos, por la intervención de partidos políticos, porque la gente que nos atacó, pienso que no habría justicia, porque mi padre fue masacrado. Hago un llamado a los organismos de derechos humanos, porque no están haciendo nada para ayudarlo, también pido justicia a la Fiscalía porque tampoco están avanzando, porque hemos ido a declarar, a decir lo que pasó y no hay respuesta, y ya paso casi un año y sigue la impunidad a los asesinos”, afirmó Agustina Roldan; “no podemos ingresar a la zona porque estamos amenazados al resto de los opositores, por ello tuvimos que emigrar a otro pueblo y porque no podemos vivir en paz en nuestras propia casa”, agregó.
En tanto, el abogado de las víctimas, William Méndez, denunció que, detrás de la protección al agente municipal de Huazantlán del Río, hay desde funcionarios de la Fiscalía General de Oaxaca hasta el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, y su asesora Anabel Hernández. Asimismo, acusó a las fuerzas de seguridad estatal y federal de ser “cómplices” por apoyar a los responsables del asesinato de 13 hombres y dos mujeres.
Por otro lado, señaló que hay organismos defensores de Derechos Humanos que han realizado investigaciones sesgadas del caso y, por ello, exigieron imparcialidad de los organismos defensores.
“Nosotros sólo estamos pidiendo al Estado Mexicano que, este caso no quede en la impunidad, como ha ocurrido con Ayotzinapa o Acteal, y se castigue a los responsables, además, que se cubran las indemnizaciones y la reparación del daño a las víctimas”, dijo.
Los pobladores de la comunidad relataron que, desde el 2 de mayo del año pasado, un grupo comandado por el agente municipal, José Luis Chávez Salinas, y su secretaria, Teófila Ochoa Palafox, ambos integrantes de la “Unión de Agencias y Comunidades”, organizaron a encapuchados para hacer detenciones contra hombres y mujeres que no simpatizan con su movimiento.
