La zona triqui, el conflicto de nunca acabar

*Ante agresiones a desplazados triquis por parte de un grupo armado, envían ayuda policial y humanitaria

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 22 de Enero, 2021 (Fuente: Agencias).- Ante las agresiones de un grupo paramilitar ligado con el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), en la comunidad de Tierra Blanca, Copala, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, región Mixteca del estado, que tiene sitiado a un grupo de 170 familias, fue trasladada una partida del Ejército y de la Guardia Nacional a la zona en conflicto.

Luego de las imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a unas mujeres agredidas por el grupo y gavilla armada, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acordaron enviar una misión de ayuda humanitaria, junto con autoridades del gobierno de Oaxaca.

El Secretario General de Gobierno (SEGEGO) de Oaxaca, Francisco García López, afirmó que el proceso de retorno de las familias a la comunidad de Tierra Blanca, avanzaba sustantivamente y en orden, hasta que se retiró de la base de operaciones instalada la Guardia Nacional, lo que causó que uno de los grupos de caciques, ligados con el MULTI, enviara a un grupo de sicarios armados para amedrentar a las familias que buscaban regresar a sus comunidades y recuperar sus tierras y viviendas en las comunidades de Yosoyuxi y Tierra Blanca Copala.

En las agresiones, de acuerdo a reportes de algunas familias de desplazados, hay 5 heridos, entre ellos, 3 tres mujeres y 2 adultos mayores.

Se reportó que, para evitar el ingreso a la zona, el grupo de armados, ligado con la organización MULTI, tiene bloqueado un tramo de la carretera.

La denuncia que se difunde de las agresiones, en video

Un grupo de mujeres indígena de la etnia triqui, varias de ellas con hijos pequeños, encerradas en cuartos, denuncian tener sitiada la comunidad de Tierra Blanca al MULT y el MULTI.

De acuerdo con lo indicado en las denuncias, los ataques armados han sido ordenados por el ex líder de la sección 22 de la CNTE y dirigente del MULT, Rogelio Pensamientos Mesinas, además de Juan Domingo Pérez Castillo del MULTI, quienes, señalan, cuentan con el apoyo del presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolas Feria y su padre Enrique Feria Rodríguez, que tiene varias órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Ante los hechos, para presionar la ayuda de las autoridades, un grupo de desplazados bloqueó carreteras troncales en Oaxaca, además que hubo protestas en el Senado de la República y en la sede del consulado de México en Seattle y Washington.

Reyna Martínez, representante de los desplazados, refieren que ya están cansados de estar viviendo en las calles de Oaxaca y urgen al gobierno federal se haga valer la recomendación que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mandata la necesidad de que puedan regresar a sus comunidades de forma segura, sin sufrir ningún riesgo a su integridad.

Denunciaron que la violencia en la zona triqui sigue, y evidenciaron el caso de la comunidad de Tierra Blanca, donde, a pesar que unas 170 familias lograron regresar, el lugar se encuentra sitiado por un grupo armado vinculado con el MULT.

“Exigimos que se active un operativo por parte del Ejército y la Guardia Nacional en la zona, para que se enfrente a los paramilitares que alteran el orden en la región triqui, y se hagan valer las órdenes de aprehensión que existen libradas por jueces locales contra gatilleros y sicarios de caciques regionales en la zona”, demandaron.

La otra cara

En contraparte, los activistas del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), denunciaron que los grandes enemigos de la etnia son la miseria, la marginación y la corrupción de algunos de sus líderes.

Rogelio Pensamientos, líder de la agrupación, se deslindó de estar detrás de las agresiones y ataque que se han reportado en la zona, acusando a Fabian Pereda y Macario García Merino, que son los verdaderos delincuentes, mismos que están detrás del bloqueo carretero que impide que puedan avanzar los desplazados de Tierra Blanca a sus comunidades nativas.

Cuestionaron que la CIDH haya dictado medidas cautelares a favor de criminales y demandaron que estas sean retiradas, para que pueda regresar la justicia a la zona.

También señalaron a Rómulo Leyva, cacique de Juxtlahuaca, que está detrás de las hostilidades en la zona.

Los líderes del MULT advirtieron que están abiertos a aceptar la convocatoria a la firma de un acuerdo de paz convocado por el gobernador Alejandro Murat, siempre y cuando se aplique la justicia contra los responsables de los crímenes en la zona triqui y en contra de su organización.

Ni heridos, ni víctimas, ni pueblos sitiados en la zona triqui: Derechos Humanos

En tanto, una misión interinstitucional conformada por funcionarios del gobierno estatal, federal y visitadores, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), resguardados por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, arribó a la comunidad Tierra Blanca, Copala, comprobando que no hay ni muertos ni heridos, muchos menos se identificó la presencia de grupos armados que hayan mantenido sitiada la comunidad indígena ubicada en lo más recóndito de la zona triqui.

Según la queja que llegó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a cargo de Olga Sánchez Cordero, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo paramilitar, ligado con el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), impedía de forma violenta que unas 170 familias desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca, recuperaran sus predios y sus viviendas, luego de un éxodo de 10 años.

Las hostilidades comenzaron, según la denuncia, luego que se retiró la base de operaciones y destacamento ubicado en la zona, a cargo de la guardia nacional.

Algunos activistas y familiares de los desplazados difundieron en redes sociales un video, donde se observa a un grupo de mujeres, presuntamente agredidas por el grupo y gavilla armada.

El secretario General de Gobierno Francisco García López, afirma que el proceso de retorno de las familias a la comunidad de Tierra Blanca, avanzaba sustantivamente y en orden, hasta que se retiró de la base de operaciones instalada la Guardia Nacional, lo que causó de uno de los grupos de caciques, ligados con el MULTI, enviará a un grupo de sicarios armados amedrentar a las familias que buscaban regresar a sus comunidades y recuperar sus tierras y viviendas en las comunidades de Yosoyuxi,  y Tierra Blanca Copala.

CNDH emite medidas cautelares para proteger los

DDHH de habitantes de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades del Estado de Oaxaca para garantizar los derechos humanos a la vida integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social de los habitantes de las comunidades de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala, pertenecientes al municipio oaxaqueño de Santiago Juxtlahuaca.

Ante los hechos de violencia ocurridos entre el 17 y el 19 de enero del presente año, que dejaron como saldo varias personas lesionadas, este Organismo Nacional solicita al gobernador de la entidad, al secretario General de Gobierno, al fiscal General, al secretario de Seguridad Pública y al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca cumplir con la vigencia del Estado de Derecho, además de privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz social.

Si bien es cierto que. a principios de enero, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región. Días después se retiraron, hecho que provocó que la población quedara en estado de indefensión

Al respecto, la CNDH recuerda a dichas autoridades que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas, aunado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Exigimos un alto a la violencia contra las comunidades indígenas.