El desdén, respuesta reiterada para triquis

*Ahora, logra gobierno estatal regreso de desplazados triquis a sus comunidades de origen

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 15 de Enero, 2021 (Fuente: Agencias).- Luego de 10 años de conflicto, autoridades estatales y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), lograron el regreso de un grupo de familias triquis que había sido desplazado de sus comunidades de origen por disputas violentas.

Las familias habían huido a la capital de Oaxaca, donde algunos se mantienen en protesta en un campamento que se instaló en los corredores del Palacio de Gobierno, frente al zócalo capitalino.

El Secretario General de Gobierno (SEGEGO), Francisco García López, dijo que, luego de varias mesas de diálogo, se logró alcanzar un punto de acuerdo con uno de los grupos y las autoridades municipales de la zona para que pudieran regresar a sus comunidades de origen y recuperar su tierras y viviendas en una de las zonas que habían abandonado, al cesar las amenazas de muerte y los altercados, además de enfrentamientos con grupos rivales.

Detalló que, en el protocolo de retorno, las familias fueron asistidas por visitadores de derechos humanos y policías estatales, así como organismos autónomos.

Precisó que fue un total de 270 personas las que conforman este primer grupo que regresó pacíficamente y ordenadamente a la comunidad de Tierra Blanca Copala, del distrito de Juxtlahuaca, región Mixteca del estado.

Como garantías, se seguirá trabajando para generar en la zona las condiciones de paz y orden, por lo que se acordó la instalación de un destacamento de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, como fuerza garante de la paz, misma que realizarán recorridos constantes de vigilancia para lograr el restablecimiento de la tranquilidad en el lugar.

El titular de la SEGEGO, Francisco García López, adelantó que se seguirá trabajando para lograr el retorno pacifico del resto de familias que siguen desplazadas por la violencia en la zona triqui, particularmente con el otro grupo que sigue en protesta en la capital de Oaxaca y que tiene a su favor medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detalló que, en este trabajo, el tema es más complejo, pero se sigue agotando el diálogo para alcanzar que retornen pacíficamente a sus comunidades de origen en la zona triqui.

En los últimos 3 años, el gobierno de Oaxaca ha entregado 15 millones de pesos a los 153 triquis que fueron desplazados de San Juan Copala por un conflicto social y político, surgido en 2010, sin embargo, estos se niegan a retirarse de sus protestas frente a la sede del Palacio de Gobierno, porque exigen regresar a sus comunidades de origen y demandan que se castigue a los responsables de asesinatos, despojo, torturas y lesiones, que han padecido por parte de grupos caciquiles.

Los desplazados cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y habitan en diversas viviendas de intereses sociales, cuya renta paga el gobierno estatal, además, reciben un apoyo por ayuda alimentaria.

El secretario general de gobierno aceptó que el tema de las familias desplazadas de San Juan Copala, data de un conflicto interno surgido en los regímenes del ex gobernador Ulises Ruiz y Gabino Cué, mismo que se mantiene sin resolverse, porque aún no se logra su regreso pacifico a sus comunidades.

Dijo que la falta de atención de los ex gobernadores generó que interviniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, incluso, dictó medidas cautelares a favor de los triquis, donde se pide al gobierno estatal se garantizaran las condiciones de seguridad y bienestar.

Ante ello, según el titular de la SEGEGO, afirmó que se ha dado respuesta a todos los requerimientos, dotándolo de vivienda y sustento, además de un terreno con materiales donde puedan construir sus propias viviendas.

“Se les ofrece todas las condiciones que requieren las familias para vivir y tener un desarrollo pleno, hasta con comodidad”, dijo.

Pero el grupo se niega aceptar esta ayuda y se mantienen posesionada de los corredores del Palacio de Gobierno, que ha sido utilizado para realizar su vendimia de artesanías y ropa regional.

En tanto, las representantes de los desplazados triquis, Guadalupe Santiago y Jesús Martínez Flores, promotor de la alcaldía autónoma de San Juan Copala con sede alterna en La Brama Paraje Pérez, exigieron se cumpla con la petición ante la CIDH para que los ex gobernadores Ulises Ruiz y Gabino Cué sean procesados por delitos de lesa humanidad, porque, a su decir ellos, son los causantes de la militarización de la zona triqui, en consecuencia de ofrecer impunidad a los líderes de los, Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y Movimiento de Lucha Triqui Independiente (MULTI) de despojos, crímenes, torturas e invasiones.

“Nosotros queremos regresar a nuestra tierra natal, recuperar nuestros predios y nuestras viviendas que fueron quemadas por los líderes y grupos paramilitares ligados con narcotraficantes y caciques regionales adheridos y simpatizantes del partido estatal Unidad Popular (PUP). Éramos 140 familias, pero ahora quedan menos de 40, que siguen en la lucha, otros ya desistieron y decidieron buscar futuro en otras tierras. Nosotros no, seguimos en la lucha, en espera de que el gobierno federal y estatal generen condiciones para regresar a nuestros pueblos y comunidades de donde fuimos desterrados por la violencia y el odio”.

Los líderes triquis sostienen que lo que demandan en su pliego de peticiones es que el Estado Mexicano brinde las garantías, seguridad, para poder regresar a San Juan Copala, actualmente tomada por paramilitares.

“Julián González Domínguez era uno de los beneficiarios de la Medida Cautelar 197/10, otorgada por la Comisión el 7 de octubre de 2010 para proteger la vida e integridad de 135 habitantes de San Juan Copala, Oaxaca. La solicitud de medida cautelar alegaba que los miembros del pueblo indígena triqui en San Juan Copala se encontraban desplazados, a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado. Éste es el segundo beneficiario de la medida cautelar 197/10 en ser asesinado, tras la muerte en 2011 del líder triqui Antonio López Martínez”, resaltó la CIDH en un comunicado de repudio al crimen.

“La seguridad nunca se ha dado”, reafirma Jesús Martínez Flores, quien carga una permanente amenaza de agresión.

A pesar de las muertes, la miseria y el nomadismo forzado, la respuesta de las autoridades, incluyendo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fue el desdén.