Impunidad y violencia de la CODEP
Oaxaca, Oaxaca, Domingo 11 de Octubre, 2020 (Fuente: Agencias).- Durante la madrugada del 29 de marzo pasado, vecinos respondieron a gritos de auxilio. Al ingresar en la habitación, encontraron a Ernesto L., presuntamente violando a una mujer, golpeándola y ahorcándola.
Una de las vecinas intercedió y logró quitárselo de encima, mientras que otro capturaba todo en un video de 1 minuto con 6 segundos, donde no queda lugar a dudas que este hombre fue sorprendido en flagrancia. Ernesto L. forma parte del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP).
El 31 de marzo la víctima acudió a la agencia del Ministerio Público adscrita al CEJUM (Centro de Justicia para Mujeres), instancia para promover la defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia, y fue persuadida de hacer los trámites correspondientes y sacada de la institución.
En otro video, captado por una persona que acompañaba a la víctima, se puede inferir que fue bajo amenaza la retirada y en él se observan a los líderes del CODEP, llevando del brazo a la víctima.
La mujer que narraba el momento, denunció que los líderes de esa organización impidieron que ampliara su denuncia. Un hombre cubierto de la boca, pretendió intimidar a la mujer que graba el momento. El video finaliza con la víctima siendo subida a una camioneta.
De su lado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó en un comunicado que se aplicaría prisión preventiva como medida cautelar contra Ernesto L. L., integrante del CODEP, señalado como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa bajo la carpeta de investigación 11205/FMUJ/UFEM/2020 y programaron la finalización de la audiencia en solicitud a la duplicidad del término constitucional para este 4 de abril.
Actualmente salió un comunicado, mismo que expresa que Ernesto L. está siendo una “víctima del sistema” y lo denominan como un “preso político” debido a su “lucha social” como “defensor de los derechos humanos”.
Esto indigna, tanto por el encubrimiento a un violador y potencial feminicida por parte de una organización que dice defender los derechos del pueblo, como por hacer uso de las labores de los y las activistas de México, siendo estas de alto riesgo en el país, para cambiar la narrativa y victimizar al victimario. Misma razón por la que colectivos que luchan por los derechos de las mujeres en la región, no pueden pronunciarse, ya que las amenazas e intimidaciones de esta organización no sólo las ejercen sobre la víctima, que ya es grave, sino también a quien la apoye.
Oaxaca es el estado que registró 126 feminicidios en el 2019, con 24 feminicidios contabilizados hasta el 3 de marzo durante el 2020 y cuenta con el 60% de sus municipios con Alerta de Género activa.
