Organizaciones iniciaron jornada de lucha

*Realizaron bloqueos de calles y vialidades estratégicas para exigir atención a demandas de tipo social

Oaxaca, Oaxaca, Martes 25 de Agosto, 2020 (Fuente: Comunicado).- En Oaxaca, diversas organizaciones sociales iniciaron una jornada de lucha con protestas callejeras para exigir  a las autoridades estatales y federales recursos y respuestas a diversas exigencias de tipo social.

Por un lado, activistas del Frente Popular Revolucionario (FPR) bloquearon este lunes la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, a la altura del crucero del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, ubicado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, cerrando uno de los carriles para demandar la instalación de una mesa de diálogo.

Los inconformes solicitaron ser consultados en la elaboración de megaproyectos que impactarán a comunidades indígenas, como el Corredor Interoceánico y garantizar seguridad sanitaria de las localidades indígenas.

Además, demandaron apoyos para viviendas y educación, así como entrega de beneficios económicos para artesanos y comerciantes que se han visto afectados por la contingencia por el COVID 19.

Macario Otalo Padilla, líder de la agrupación, demandó recursos para ejecutar 60 obras de impacto social en comunidades marginadas de las regiones de la Mixteca y de la Sierra Sur.

Los manifestantes, tras realizar un mitin en el acceso principal del aeropuerto, marcharon al zócalo de la capital del estado y después instalaron campamentos.

Aclaró que, en la movilización, se pidió a la gente de su agrupación mantener el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Por otro lado, miembros de la organización LUBIZA, también se manifestaron en la capital de Oaxaca para demandar a la Fiscalía General de Oaxaca el esclarecimiento de los crímenes cometidas en contra de 4 líderes sociales, entre ellos Arturo Pimentel Salas, quien era dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino y fundó el Frente Nacional Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), así como de Catarino Torres Pereda del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) y Heriberto Pazos Ortiz del Movimiento Unificador de Lucha Popular (MULT), y de Rafael Rodríguez del FACMEO.

El grupo se trasladó a la sede de la Ciudad Administrativa, donde pidieron la instalación de una mesa de diálogo, donde también exigen se liberen recursos para ejecutar un plan de instalación de calentadores sociales en zonas rurales.

Bloquean calles para exigir esclarecimiento de masacre en San Mateo del Mar

Por su parte, activistas de la organización Movimiento de Acción social (MAS-UJRM), realizaron un bloqueo de calles para exigir justicia por la masacre de 15 campesinos de San Mateo del Mar, del distrito de Juchitán, región Istmo de Oaxaca.

En la manifestación, los inconformes retuvieron unidades del transporte público que cruzaron en la avenida Universidad para cerrar la circulación en la zona.

Advierten que, a dos meses del ataque, no hay avances en las indagatorias ni hay alguna persona detenida, denunciando que hay impunidad a favor de los homicidas.

Adalberto Ramírez, portavoz de la organización, dijo que hay temor porque vuelvan a registrarse más hechos violentos en la zona, porque también denunciaron que se han retirado los patrullajes de la Guardia Nacional.

Dijo que la agresión fue cometida por la disputa de poder y el presunto tráfico de personas y prácticas de huachicoleo que hay en las autoridades de Huazantlán del Río y San Mateo del Mar.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a la zona en conflicto una misión de visitadores para vigilar que se apliquen medidas cautelares para los sobrevivientes de los ataques y documentó presuntas violaciones a los derechos humanos, además de establecer el origen de la agresión, ante las versiones encontradas y la falta de investigación que existe por parte de la Fiscalía General de Oaxaca.

El 22 de julio pasado, unos 15 campesinos originarios de Huazantlán del Río fueron torturados y después quemados por hombres armados, al parecer originarios de San Mateo del Mar, como resultado de un conflicto por el control de una agencia municipal, donde se cometen acciones delictivas.

En tanto, un grupo de desplazados de la comunidad de Huazantlán del Río enviaron una carta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para demandar su intervención y ellos puedan regresar a sus comunidades.

Los inconformes refieren que ya solicitaron la intervención del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se presione la realización de una investigación a fondo de la violencia reportada en esa zona del Istmo, que fue a consecuencia de la disputa política de intereses en el control del territorio.

Acusaron al agente municipal de la comunidad de Huazantlán del Rio, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado, de las agresiones, tortura de las víctimas –que incluso fueron quemadas vivas–. En su queja también implican al presidente municipal de San Mateo del Mar, Bernardino Ponce.

En tanto, el abogado de las víctimas, William Méndez, denunció que, detrás de la protección al agente municipal de Huazantlán del Río, hay, desde funcionarios de la Fiscalía General, hasta el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y su asesora Anabel Hernández.

Asimismo, acusó a las fuerzas de seguridad estatal y federal de ser “cómplices” por apoyar a los responsables del asesinato de 13 hombres y dos mujeres.

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