Autoridad exige millonaria suma para liberar a retenidos

*La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca busca restablecer el diálogo y lograr la liberación de 4 campesinos retenidos desde hace una semana por una disputa agraria y política

Oaxaca, Oaxaca, Martes 11 de Agosto, 2020 (Fuente: Agencias).- En Oaxaca, una misión de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se trasladó de nueva cuenta, junto con una misión de funcionarios estatales, a la localidades de Santos Reyes Zochiquilazala, del distrito de Juxtlahuaca, región Mixteca del estado, para restablecer el diálogo y lograr la liberación de 4 campesinos retenidos desde hace una semana por una disputa agraria y política.

No obstante, para liberar a los retenidos y devolver dos patrullas, la autoridad de Santos Reyes Zochiquilazala pide a San Martín Peras 10.4 millones de pesos.

En tanto, el Presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que han dictado medidas cautelares a los 4 retenidos originarios de San Martín Peras y se exigió su liberación inmediata, ya que su retención en nada contribuye a establecer una solución al conflicto.

El ombudsman se pronunció por la solución pacífica e integral de la problemática que mantienen el municipio de San Martín Peras y Santos Reyes Zochiquilazala, además de ponderar el diálogo como estrategia para alcanzar acuerdos que les permitan convivir.

Dijo que se envió un equipo de visitadores a la zona, con el objetivo de verificar las condiciones de las personas retenidas y las posibles violaciones a derechos humanos cometidas para solicitar se finquen las responsabilidades contra los implicados.

Agregó que la libertad es un derecho irrenunciable y no negociable, que debe ser respetado por las autoridades municipales e, incluso, por las asambleas comunitarias de los pueblos.

“Si bien es cierto que los sistemas normativos internos y los usos y costumbres en los pueblos indígenas están reconocidos en las leyes locales, federales e instrumentos internacionales, estos deben mantener un equilibrio con los derechos humanos y no menoscabarlos.

El titular de la DDHPO resaltó que, desde el inicio del conflicto y luego de tener conocimiento de la detención de 12 de personas, dictó medidas cautelares e inició el expediente DDHPO/1171/(12)/ OAX/2020.

Ante ello, pidió a la Fiscalía General de Oaxaca la adopción de una medida cautelar que permitiera preservar la integridad física de los agraviados, así como lograr la liberación de las personas retenidas, activándose un operativo donde aún quedan 4 personas privadas de su libertad.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), Héctor Anuar Mafud, requirió que se instalaran mesas de diálogo con ambas autoridades municipales y con ello realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática.

Exige DDHPO liberación inmediata de retenidos

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca refrendó las medidas cautelares dictadas a favor de pobladores de San Martín Peras y exigió su liberación inmediata, ya que su retención en nada contribuye a establecer una solución al conflicto.

El órgano autónomo se pronunció por la solución pacífica e integral de la problemática que mantienen el municipio de San Martín Peras con la agencia de Santos Reyes Zochiquilazala, Juxtlahuaca, además de ponderar el diálogo como estrategia para alcanzar acuerdos que les permitan convivir.

La DDHPO resaltó que luego de tener conocimiento de la detención de una docena de personas, dictó medidas cautelares e inició el expediente DDHPO/1171/(12)/ OAX/2020.

Ante ello, pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado la adopción de una medida cautelar que permitiera preservar la integridad física de los agraviados, así como lograr la liberación de las personas retenidas, la cual refrendó.

Mientras que a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), requirió que se instalaran mesas de diálogo con ambas autoridades municipales y con ello realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática.

Asimismo, la DDHPO envió un equipo de observación a la zona, el cual continúa en el lugar, con el objetivo de verificar las condiciones de las personas retenidas y las posibles violaciones a derechos humanos cometidas.

Para la Defensoría resulta fundamental que la libertad y el diálogo sean factores claves a privilegiarse para dirimir los conflictos entre pueblos y comunidades, ya que las retenciones de personas ahondan la problemática interna y en nada abonan a obtener soluciones.

Asimismo, la Defensoría resaltó que la libertad es un derecho irrenunciable y no negociable, que debe ser respetado por las autoridades municipales y las asambleas comunitarias, puesto que, si bien es cierto que los sistemas normativos internos están reconocidos en las leyes locales, federales e instrumentos internacionales, estos deben mantener un equilibrio con los derechos humanos y no menoscabarlos.

Protesta de familiares de retenidos

En tanto, las autoridades de San Miguel Peras se manifestaron en las calles de la capital de Oaxaca y frente a la sede del palacio de gobierno, al lado del zócalo, para exigir la liberación de los 4 campesinos retenidos.

Encabezados por su alcalde, Román Juárez Cruz, acusaron al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Manuel Feria, de generar la violencia en la zona, porque utiliza el conflicto entre los pueblos para mantenerse en el cargo, porque es acusado por sus opositores de corrupción en su gestión.

Denunciaron que la autoridad de Santos Reyes Zochiquilazala, además de mantener retenidos a los 4 campesinos, se apoderaron de 2 patrullas de la policía municipal y exigen la entrega de 400 mil pesos por su liberación.

Mientras que, para liberar a los retenidos, se pide hasta 10 millones de pesos.

“Nosotros estamos a favor de la ley para que esto se resuelva conforme al estado de derecho, pero los familiares de los retenidos y nuestro público quieren el enfrentamiento y la violencia para rescatar a los retenidos, ello escapa de nuestro control, porque los que sufren son las familias”, enfatizó.

Pidieron la intervención de la Fiscalía General y de la Guardia Nacional para que se pueda rescatar a los retenidos y se finquen responsabilidades contra las autoridades de Santos Reyes Zochiquilazala.