Respetará Murat reinicio de actividades en municipios

*Por su parte, organizaciones sociales piden plan de atención emergente a pueblos antes de permitir su apertura después de contingencia

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 16 de Mayo, 2020 (Fuente: Agencias).- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo respetar la determinación que asuma cada uno de los 203 municipios de usos y costumbres que reportan casos “0” de COVID-19 y el próximo 18 de mayo, por acuerdo federal, podrán reiniciar sus actividades.

“El gobierno de Oaxaca será respetuoso de las decisiones que tomen en sus respectivas asambleas comunitarias los 203 municipios del estado que se mantienen libres de contagios por COVID, mismos que han sido catalogados como ‘municipios de la esperanza’ y cuya reapertura está contemplada en el Plan de la Nueva Normalidad del Gobierno de México para el próximo 18 de mayo”, afirmó Murat.

En llamada telefónica, el gobernador enfatizó que la decisión final sobre el reinicio de las actividades cotidianas será conforme a los usos y costumbres de estos pueblos, pues las decisiones que estas comunidades tomaron en sus asambleas al inicio de la contingencia fueron en gran medida responsables del éxito que han tenido, conteniendo la pandemia.

Detalló que antes de la reapertura prevista para estos 203 municipios –el día 18 de mayo–, el gobierno de México, en coordinación con el gobierno de Oaxaca y las autoridades municipales, “se instalarán cercos sanitarios para preservar la seguridad de estas comunidades. Además, al interior de estos ayuntamientos también deberán seguir atendiéndose las recomendaciones sanitarias, como la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el cuidado de los grupos vulnerables”, abundo.

El gobernador recordó que a nivel nacional son en total 269 los “municipios de la esperanza”, lo que significa que la mayor parte de ellos, el 75%, pertenecen a los pueblos originarios del estado de Oaxaca.

Actualmente en Oaxaca son 320 los municipios que tienen cerrados sus accesos territoriales desde el mes de marzo, con cercos y filtros para evitar la propagación del virus del COVID.

En tanto, un grupo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y profesores de la sección 22 de la CNTE (Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Educación), llamaron a los gobiernos, federal y estatal, a respetar la determinación de los pueblos indígenas de tener cerrados sus accesos y de aislarse para evitar la propagación del virus.

Los firmantes de una carta, demandaron del gobierno federal, principalmente a la Secretaría de Salud, un plan de atención médica para los pueblos indígenas, en caso de un rebrote de la enfermedad, que podría ser mortal para estas comunidades.

Urge se establezcan un mecanismos de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por COVID 19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, así como  atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares, e implementar un apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses; además de asignar recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria, y reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos contra el abuso corporativo o estatal y garantizar su protección y seguridad; además, suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.

Refieren que, a partir del trabajo que realizan con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que efectúan en el contexto de la emergencia sanitaria, muestran su preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, por ello exigen que se abra un espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

“Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidadas por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades, así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para garantizar un ingreso básico”.

Agregaron que, en relación al abasto alimentario, “si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y el alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales. Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs)”.

Para concluir, indicaron que “la actual crisis de salud presenta retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía”.

Entre los grupos firmantes, además de la sección 22 de la CNTE, se encuentran:

*Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC)

*Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

*Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C.

*Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC)

*Consultoría Técnica Comunitaria, A. C. (CONTEC)

*Enlace Comunicación y Capacitación, A. C.

*Fundar Centro de Análisis e Investigación, A. C.

*Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC)

*Oxfam México A. C.

*Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C.

*Salud y Desarrollo Comunitario A. C. (SADEC)

*Servicios para una Educación Alternativa, A. C. (EDUCA)

*Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)