Piden esclarecer crimen de líder triqui y desaparición de dos niñas
Oaxaca, Oaxaca, Jueves 24 de Octubre, 2019 (Fuente: Agencias).- En Oaxaca, un centenar de indígenas integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), de la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API), del Partido Unidad Popular (PUP) y de la agrupación “23 de Octubre”, marchó y sitió la capital del estado y su periferia para reclamar el esclarecimiento del asesinato de su líder y fundador, Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido hace 9 años, durante el régimen del ex gobernador Ulises Ruiz, así como de otros crímenes no esclarecidos por la Fiscalía General de Oaxaca (FGO).
También demandaron la aparición con vida de las indígenas Virginia y Daniela Ortiz que continúan en estatus jurídico de desaparecidas desde el año del 2007.
De la misma manera exigen la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para obtener recursos que hacen falta para concluir las obras de infraestructura y proyectos productivos realizados en sus comunidades.
Uno de los lideres, Aristarco Salinas, demandó que una de las exigencias es que, el Fiscal General, Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Eugenia Villanueva, rinda cuenta respecto de los alcances de las indagatorias en el crimen del ex fundador del MULT y del PUP Heriberto Pazos, que fue asesinado en los últimos días del régimen del ex gobernador Ulises Ruiz, en lo que parece un crimen de Estado.
Denunció que la mala integración de las indagatorias permitió que, en las apelaciones, dos implicados en el asesinato fueron absueltos de culpas.
En tanto, Uriel Díaz Caballero, dirigente del MULT, reconoció que por los hechos suscitados el 23 de octubre del 2010 la Fiscalía detuvo a seis personas involucradas en los hechos, dos fueron sentenciadas a más de 40 de prisión.
Sin embargo, el 12 de septiembre del 2019, el magistrado de la cuarta sala penal absolvió y ordenó la libertad de las dos personas de nombre Rufino Juárez Hernández y Roberto Cárdenas Rosas, quienes se encontraban acusados del homicidio calificado con la agravante de premeditación, alevosía, en contra de Heriberto Pazos.
Por otro lado, acusó que hay funcionarios estatales que se niegan a dar la cara, porque no han cumplido con la entrega de los recursos comprometidos y etiquetados para impulsar acciones de apoyo al campo y en favor los pueblos indígenas triquis.
Además del colapso por las marchas en la zona metropolitana de Oaxaca, también se reportó tomada por parte de activistas del MULT la carretera federal Oaxaca-México, y la Oaxaca-Tehuantepec, además de los tramos carreteros localizados en Putla de Guerrero, Tlaxiaco, Huajuapan y Juxtlahuaca.
EL CASO VIRGINIA Y DANIELA
Familiares y amigos de las indígenas Virginia y Daniela Ortiz recordaron que el 5 de julio del año 2007, las mujeres originarias de la población El Rastrojo, del municipio de San Juan Copala, distrito de Juxtlahuaca, región Mixteca del estado, desaparecieron cuando viajaban a San Marcos Xinicuesta, municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca. A la fecha no han regresado.
La primera tenía 20 años de edad al momento de irse, era maestra de educación primaria bilingüe; Daniela, de 14 años, era sólo estudiante.
En tanto, el Fiscal Rubén Vasconcelos reconoció que ambas indígenas siguen bajo el estatus de desaparecidas o no localizadas y abundó que continúan las indagatorias.
Dijo que, derivado de este plagio, hay dos personas bajo proceso penal, uno de ellos ex líder del Movimiento Unidad Popular (PUP) que se niegan a dar información sobre el paradero de las víctimas.
CLAVES
El pasado 25 de enero del 2012, se firmó un acuerdo de paz entre las principales organizaciones que se disputan el territorio triqui, después de décadas de disputas violentas, odios ancestrales y guerras fratricidas.
El acuerdo fue signado por 32 de 38 autoridades municipales y comunales de la etnia triqui.
En la zona, en los últimos 20 años, según datos oficiales, se reportaron unos 80 crímenes violentos y se desplazaron a poco más de mil familias, 30 de ellas originarias de la agencia municipal de San Juan Copala, quienes hoy cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigen su retorno a su pueblo natal por encima de condicionamientos de la autoridad estatal y municipal.
