S-22 pone sobre el banquillo a URO y Franco

Oaxaca, Oaxaca, Martes 12 de Junio, 2018 (Fuente: Agencias).- En Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una marcha conmemorativa como motivo del aniversario de la revuelta social del 2006, el próximo 14 de junio, donde los profesores de la sección 22 estarán agregando a su pliego de demandas en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se reabra la indagatoria instaurada contra el ex gobernador Ulises Ruiz, y su ex Secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, a quien acusa de cometer delitos de lesa humanidad.

Wilbert Santiago, vocero de la gremial, dijo que está pendiente de resolver por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la resolución por el conflicto social del 2006,  luego de la denuncia que existe contra el ex gobernador Ulises Ruiz y su gabinete, además de fuerzas de seguridad, por la violaciones a los derechos humanos que se cometieron   contra activistas del movimiento popular en Oaxaca, a quienes encarcelaron, detuvieron extrajudiciales, levantaron, desaparecieron y asesinaron.

Dijo que, en el caso de Ulises Ruiz y Jorge Franco, no hay perdón, ni olvido, a pesar de que el ex secretario general de Ruiz, Jorge Franco, pretenda fungir como operador electoral en Oaxaca del candidato de MORENA a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Paralelamente, defensores de derechos humanos de Oaxaca informaron que han emitido un reclamo ante la CIDHO y ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, Holanda, para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el régimen del ex gobernador Ulises Ruiz, y varios de sus colaboradores, entre ello Jorge Francos Vargas, quien ordenó el fallido desalojo en contra de los maestros de la CNTE.

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, manifestó su preocupación por la grave crisis de derechos humanos sufridos en la entidad desde hace 12 años. “Este es el país de los cateos sin orden judicial, este es el país que diariamente desayuna muertos y desaparecidos”, subrayó.

Más de 30 personas muertas, 311 personas detenidas arbitrariamente, 248 personas torturadas y, por lo menos, dos desapariciones forzadas, es el saldo de los crímenes cometidos en aquel periodo.

“De estos no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia”.

Dijo que desde los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, hasta el ex gobernador Ulises Ruiz y varios de sus secretarios, se encuentran señalados dentro de las declaraciones que la Comisión de la Verdad documentó.

“No existe persona legal que haya sido imputada, una acción que se pensó era interponer una denuncia ante la Fiscalía, pero el actual fiscal está implicado en las investigaciones”.

Adelantó que su organismo solicitará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de un órgano independiente de carácter multilateral, que garantice que los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, incluyendo los que tiene vínculos con funcionarios del estado, sean efectivamente investigados, sancionados y en su caso desmantelados.

Por lo pronto, adelantó, ya se presentó el caso Oaxaca ante la CPI de la Haya y ante la CIDH.

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