Rascan y encuentran más corrupción de Cué

*Legisladores exigen al gobierno estatal actual se pormenorice sobre la investigación que se le sigue al ex gobernador de Oaxaca y a sus ex funcionarios

Oaxaca, Oaxaca, Jueves 02 de Febrero, 2017 (Fuente: Agencias).- En la Cámara de Diputados de Oaxaca, diputados locales se sumaron para exigir se abran las cuentas del ex gobernador Gabino Cué y que implique responsabilidades por los delitos de corrupción encontrados, donde se advierte de un quebranto financiero de 17 mil millones de pesos.

En tanto, la Contraloría del estado encontró en la lista de proveedores a los que adeudaba los pagos de servicios empresas falsas que tenían contratos de hasta 700 millones de pesos.

 

DIPUTADOS CONTRA EX GOBERNADOR

 

El Pleno de la Legislatura local de Oaxaca, exhortó al gobernador Alejandro Murat para que, a través de las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, informe sobre las investigaciones y auditorías que se realizan a la administración del ex gobernador Gabino Cué.

En Sesión ordinaria, los diputados aprobaron de manera unánime el Punto de Acuerdo propuesto por la junta de Coordinación Política para que Murat llame a cuenta al ex gobernador Cué por los actos de corrupción cometidos en su mandato.

A nombre de los grupos parlamentarios, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López, expuso que “Oaxaca tiene un grave déficit en liquidez, por eso el Secretario de Finanzas nos debe decir cuál es el estado que guardan las finanzas. Oaxaca vive sustancialmente de la burocracia gubernamental, del magisterio, de los recursos públicos que llegan a los municipios y si eso se paraliza, si eso tiene falta de liquidez, estaremos en una serie conflictividad”.

Aclaró que la propuesta expuesta contra Gabino Cué, no tiene tintes de venganza, sino de conocer el estado en que dejó realmente las finanzas y poder tomar decisiones para evitar que en Oaxaca el gobierno se paralice.

Indicó que el Contralor del Estado ha declarado que existen 50 investigaciones en curso, así como 50 procesos jurídicos, contra ex funcionarios del gobierno de Gabino Cué, por posible desvío de recursos por arriba de los 17 mil millones de pesos.

Por ello, urgió que el funcionario tiene que informar al Pleno a través de un mecanismo institucional, “¿qué está pasando?, necesitamos saber para estar informados y tomar decisiones, reconocemos la voluntad de que nos rinda un informe pormenorizado”.

 

INDAGATORIA CONTRA CUE EN PGR Y ASF

 

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mantienen abiertas las investigaciones contra el ex gobernador Gabino Cué y varios de sus ex colaboradores, entre ellos su operador financiero Jorge Castillo, confirmó el Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI).

El organismo requirió a diversas dependencias del Gobierno Federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué, denunciados legal y públicamente.

En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por el senador de Oaxaca Benjamín Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos qué aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.

A su vez, la ASF informó al CCCI que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.

Mientras, la Secretaría de la Función Pública (SFP) citó al CCCI para el próximo 9 de febrero para responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.

En el ámbito estatal se presentó solicitud de Juicio Político en contra de Gabino Cué ante el Congreso del estado de Oaxaca, el cual notificó al organismo haber turnado la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por las diputadas, María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como por los diputados, Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).

El Consejo Ciudadano también solicitó al gobernador Alejandro Murat una audiencia para conocer las acciones que ha emprendido para esclarecer el uso que se dio a los recursos públicos en la anterior administración, castigar a los funcionarios y servidores públicos que fueron responsables y evitar así que estos actos de corrupción queden en la impunidad.

Hasta el 25 de enero de este 2017 se mantuvo comunicación informal con el Poder Ejecutivo de Oaxaca que planteó canalizar el encuentro con el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se espera la confirmación al respecto.

El CCCI considera que los Gobiernos Estatal y Federal, no sólo deben investigar el desfalco al erario y castigar a los responsables, también deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes, pero no han recibido el sueldo correspondiente.

El CCCI se creó el 30 de noviembre de 2016 por un grupo plural de ciudadanas y ciudadanos que se comprometieron a observar, pronunciarse y actuar sobre asuntos de interés público.

Entre las y los integrantes de este Consejo Ciudadano se encuentran: Maribel Martínez Ruiz, presidenta de ViVa AC; Benjamín Robles, Senador de Oaxaca; Alejandro Cruz Pimentel, experto en Transparencia; Mario Herrera, activista y defensor de personas defraudadas por cajas de ahorro; David Viloria, reconocido consultor en gestión pública; Luis Vásquez, vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y constructor; Armando Figueroa destacado abogado e integrante de la organización Movimiento Vial; Amira Azucena Cruz Ramírez, docente universitaria sobre Socioformación y Derecho a la Información; y  Macrina  Hernández Chagoya, activista, gestora e integrante de la Asociación Civil de ámbito nacional Ruta 5.

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